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14/06/2013 - Ignacio M. García Medina
Limitar la competencia es proteger al incompetente

“En los últimos años se viene produciendo un aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo, que podría estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal, que van en contra de la calidad de los destinos turísticos; de ahí que la reforma de la Ley propuesta los excluya específicamente para que queden regulados por la normativa sectorial específica o, en su defecto, se les aplique el régimen de los arrendamientos de temporada, que no sufre modificación.”

Así se pronuncia la nueva Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Una vez más, el Estado, en nombre del bien común, interés general, calidad de los destinos turísticos, marca España o tu propio bien (o cualquier otro eufemismo), cree saber en su infinita sapiencia pero fatal arrogancia lo que es mejor para los consumidores y propietarios y, por supuesto, no se limita a aconsejar, sino que se dedica a regular, prohibir, imponer y, llegado el caso, multar o encarcelar si no haces con tu propiedad y tu vida lo que ellos quieren.

Pero una vez más, la tecnología, la innovación y el indomable afán del ser humano por superarse y prosperar a pesar de los gobiernos han conseguido que surjan iniciativas privadas como AirBnb (y otras similares) que han puesto nerviosos a los Estados y lobbies del mundo. Esta aplicación permite a sus usuarios poner a disposición de cualquier miembro de la red una habitación de su casa o un apartamento que tengan a cambio de puntos que luego se podrán canjear por alojamiento en casas de otros usuarios de la red en cualquier parte del mundo. Son las llamadas empresas de consumo colaborativo en las que personas, de forma privada y de mutuo acuerdo, deciden hacer uso de sus propiedades libremente. AirBnb está presente en 35.000 ciudades y 192 países diferentes. Sólo en Mallorca existían en marzo de 2013 más de 1.800 habitaciones y viviendas disponibles para cualquier usuario de todo el mundo, un crecimiento del 550% con respecto al año anterior. Por supuesto ayuntamientos, gobiernos y administraciones públicas no pueden tolerar no sacar tajada de este negocio y los lobbies hoteleros ya se han apresurado a pedir protección (de lo contrario, tendrían que competir y satisfacer mejor a sus clientes, ¡intolerable!). En Estados Unidos, un juez de Nueva York ha declarado ilegal por intrusismo el negocio de AirBnb y ha multado a un usuario con $2400.

La nueva Ley de Alquiler deja en manos de las Comunidades Autónomas la regulación de empresas como AirBnb. Aquí en Canarias ya nos tememos lo que pasará, porque no hay lugar donde el lobby hotelero haya gozado siempre de un proteccionismo más indigno, con absurdas leyes de moratoria y que ha castigado sistemáticamente a los emprendedores y consumidores, apoltronando a un establishment político y empresarial que nos ha llevado a índices de paro y pobreza alarmantes.

Por suerte, la iniciativa privada demuestra su dinamismo y pone en evidencia, una vez más el inmovilismo político. En estos días, quizás como reacción a los ataques sufridos, AirBnb ha anunciado a bombo y platillo su nueva herramienta para ayudar a las víctimas de desastres a encontrar alojamiento gratuito. A ver si los politicuchos de cualquier partido y cualquier país, maestros de la demagogia, tienen el valor que hay que tener para prohibir eso y retratarse como lo que son: los defensores de lo antiguo, los enemigos del progreso, bastón de empresarios ineficientes, entorpecedores de la sana competencia y enemigos de los consumidores libres.

Ignacio M. García Medina es Secretario Federal de Formación y Coordinador en Canarias del Partido de la Libertad Individual (P-LIB)

 

 

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