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12/04/2010 - Antonio Salazar
Invertir 200 millones en Canarias



Imagine por un solo momento que es el responsable en España de una importante empresa multinacional dedicada al negocio alimentario, con presencia en 23 países. Imagine que en su plan de negocio incluye 12 nuevas tiendas en una comunidad autónoma donde no están presentes hasta el momento. Cree que será bienvenido y lo espera porque en Canarias la cesta de la compra es la más cara y los salarios los más bajos de toda España, lo que le da valor a su apuesta empresarial que se ha caracterizado desde los inicios, hace 30 años en Alemania, por vender a precios notablemente más baratos que su competencia. Imagine que plantea un centro logístico, más doce tiendas solo para empezar, lo que dará empleo a 600 personas de forma directa y a 1200 de manera indirecta. Imagine que usted ha calculado (según datos del INE) que con su implantación, una familia tipo ahorrará unos 2500 euros al año el coste de su cesta de la compra.

Usted imagina que, a pesar de existir una restrictiva y ciega Ley de Comercio, las autoridades de las Islas Canarias le abrirán las puertas de par en par porque los beneficios son evidentes y los perjuicios -de existir-, habrán de ser demostrados. ¡Pues imagina mal! La maraña burocrática que tiene que superar pone a prueba su paciencia y se acumulan los problemas e inconvenientes para conseguir abrir. Las comisiones insulares de comercio (una reunión de políticos, empresarios locales, sindicatos y consumidores muy ideologizados) conspiran contra el bien común y perjudican a los consumidores bajo todo tipo de pretextos. Argumentos destrozados por la lógica empresarial y la historia reciente, pero que les han sido muy útiles para impedir la llegada de nuevos competidores, preservando un status quo que no se mantendría de no mediar el favor y la complicidad política.

La empresa en cuestión abrió -antes de que la Directiva Bolkenstein lo permitiese, el TSJC les reconoció el derecho a instalarse-. Unos 2000 clientes al día dan prueba de lo errado que estaba el Gobierno en su planteamiento, mantenido por siete años, con un daño a cada una de las familias de 17.500 euros (resultado de multiplicar 2500 euros de ahorro anual por siete años) ¿Cuantas cosas podrían haber hecho familias poco pudientes con esa renta gastada por caprichos de la Administración? No es extraño que usted (siga pensando que es el jefe de la empresa) exclame: «Nunca imaginé que invertir 200 millones de euros fuese tan complicado».



Original publicado en ABC

http://www.abc.es/20100406/canarias-canarias/invertir-millones-euros-canarias-20100406.html

 

 

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