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29/11/2009 - José Francisco Fernández Belda
Elegir entre los elegibles



En un interesante e ilustrativo análisis sobre el fondo y la forma del sistema electoral canario, Aurelio Ayala Fonte, hacía unas reflexiones en la prensa sobre su origen y los motivos de los que piden su reforma. Lo enmarca dentro de las discusiones sobre el nuevo Estatuto, cuya importancia fundamental, dice, es “que se aumenten los espacios de autogobierno de Canarias”, cosa básica en la ideología de cualquier nacionalista que, de paso, les permite reivindicar más fondos del Estado por supuestas “deudas históricas” desde una perspectiva victimista. En suma, autogobierno sí, pero financiado por Madrid, como suelen decir ellos para referirse al dinero de los demás. Muy posiblemente Aurelio Ayala tenga toda la razón cuando escribe que son esas las razones del PP y del PSOE para poner vigas, más que palos, en las ruedas. Y también muy probablemente acierta cuando explica las motivaciones de los otros mini partidos políticos, centrando sus esfuerzos en bajar los topes mínimos que les permitan aspirar a sentarse en la mesa del señor, confiando en ser el “votito” necesario y suficiente para estar en el machito. Tristísimo, pero cierto. Y Aurelio Ayala los conoce muy bien de primera mano, algunas dentelladas e ingratitudes ha debido recibir de ellos.

Dice en su artículo que “el sistema electoral vigente no decimos que sea el mejor; pero es el menos malo”. No creo que sea cierto, los hay mucho peores (por ejemplo en las dictaduras comunistas y en las de signo contrario), pero el nuestro es manifiestamente mejorable. Y no sólo en lo referente a los topes electorales sino fundamentalmente a la hora de dar libertad de una vez y para siempre a los canarios para poder elegir a sus representantes. Mientras la representación política esté secuestrada por los partidos políticos, el ciudadano tiene muy difícil elegir a la persona que desearía lo representara. A mi entender, no se trata de optar entre listas abiertas o cerradas, sino de permitir votar por cualquiera que se postule como candidato, dentro o fuera de una organización política. Salvo inhabilitaciones judiciales, si todos somos electores, ¿por qué no todos pueden ser elegibles? ¿Por qué sólo podemos votar a aquellos candidatos que los partidos proponen y además, salvo para el inútil Senado, en el orden que ellos quieren?

Desearía poder votar personas, no listas de partidos. Quiero ponerle nombre y cara a quien sea merecedor de reproches por las mentiras o promesas incumplidas, si fuera el caso poder afearle su conducta, a él no al partido político en el que milite. O también reconocerle su coherencia y fidelidad a la palabra dada, a la hora de votar por nosotros en las instituciones, en consonancia con lo que nos prometió que haría. No quiero pedir explicaciones a la etérea e indefinida cúpula de un partido, auténtico sanedrín y lado oscuro de la fuerza democrática que opera a la sombra de unas siglas, sino a aquellos políticos concretos que han levantado la mano o pulsado un botoncito desde su escaño. A estos los conozco, a los otros no.

A mi entender, tan perverso es nuestro sistema que casi todos los partidos exigen disciplina de voto a sus cargos públicos, cosa que en ocasiones colisiona frontalmente con la conciencia y las promesas que aquellos nos hicieron en su día, ellos mismos y también el partido que los presentó. Un ilustrativo ejemplo de esto puede encontrarse en el reciente intento de justificación dado por José Bono al sentido de su voto a la llamada ley del aborto, como un funambulista haciendo malabarismos mentales, en Extremadura lo definirían en términos más auto amatorios. O en la cara de incredulidad que se les quedó a muchos diputados sensatos mientras intentaban buscar una cámara oculta que captara la broma, cuando les dijeron que tenían que votar afirmativamente, por disciplina de partido lo llaman, a la propuesta socialista de compensación a los herederos de los moriscos expulsados de España por Felipe III en 1609, ¡hace 400 años! Era, decía el portavoz, para compensar “la injusticia histórica por la intolerancia religiosa” cometida contra ellos. Con paradójica incongruencia ninguna “reparación” proponía el grupo socialista a la injusticia histórica de parecida naturaleza cometida contra los judíos, expulsados de España en 1492 por los Reyes Católicos. Ni con la de los Jesuitas en 1767 por Carlos III, repetida y perpetrada posteriormente por Manuel Azaña en 1932 durante su admirada y ejemplar II República Española.

Pero volviendo al asunto del sistema electoral, hay que ser conscientes de la dificultad intrínseca para encontrar una forma de conjugar todos los intereses y aliviar los conflictos que puedan producirse. Prueba evidente de que tal vez sea imposible encontrar una solución optima a modo de piedra filosofal, a lo sumo alcanzar el menos lesivo de los apaños, es la enorme cantidad de sistemas distintos que hay por esos mundos de Dios. No obstante, al decir de algunos especialistas en esta materia, a pesar del equilibrio inestable de la “triple paridad” el caso canario distorsiona particularmente el principio democrático de proporcionalidad. Es muy razonable y deseable que las minorías puedan expresarse, pero tener derecho a voz no debiera implicar tener igualdad de voto. Es cuestión de proporciones, cantidad no es igual a calidad. Lo peor es que tal vez haya mucha cantidad y muy poca calidad. Cada pueblo soporta la cruz que ha elegido, la “bicha” la criamos nosotros, no culpemos a terceros.

jfbelda@teleline.es


 

 

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