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09/04/2009 - José Francisco Fernández Belda
Conciencia propia y obediencia debida

Una de las declaraciones con más calado ético que le he oído expresar en público a un político en ejercicio, en privado es otra cosa dada la natural tendencia que tienen a interpretar el papel de respetable Dr. Jekyll o de despreciable Mr. Hyde según la jugada o el interlocutor a quien encandilar aconseje, es la que expresó en su blog Dulce Xerach Pérez, la ex viceconsejera de la cosa cultural en aquel gobierno tan familiar que presidió Adán Martín. Parafraseando a Escarlata O’Hara en la película“Lo que el viento se llevó” (y en este caso nunca mejor traído el paralelismo en múltiples aspectos), la diputada afirma solemnemente que “no volveré a votar en el Parlamento en contra de mis creencias o de mi conciencia”. Si la bellísima sureña se refería a no volver a pasar hambre física, la no menos guapa tinerfeña se refiere a ponerse a dieta moral, a no sentirse mal consigo misma, aunque así se lo exigieran ocultos intereses de partido.

Pero para hacerse perdonar sus pecados mortales por la ciudadanía, propósito loable en tiempos de penitencia previos a la Semana Santa y ya olvidadas algunas cosillas que pudieran haber pasado durante los carnavales cuando el diablo anda más suelto que de costumbre, es bien sabido que no basta con el arrepentimiento que manifiesta, es necesario también el propósito de la enmienda y cumplir la penitencia, si es que ahora ser una “mandamenos” no es ya suficiente castigo a pasadas pompas y glorias.

Un lord inglés diría que el sistema de representación política español es muy peculiar, y esquizofrénico apostillaría cualquier otro ser humano. Lleva fácilmente a situaciones un tanto anómalas. La representación política de los ciudadanos sólo puede canalizarse vía partidos políticos o asociaciones de electores, en realidad pseudo partidos, hurtando la libertad de poder elegir a quien estimemos oportuno de entre todos los candidatos que se quisieran presentar libremente, pertenezcan o no a una organización política. En otras palabras, si bien todos podemos ser electores, ¿por qué sólo pueden ser elegibles los que obtengan la bendición de unos grupos de presión ideológica llamados partidos políticos? Ni listas abiertas ni cerradas, sino candidatos que pidan el derecho y el privilegio de representar a sus electores y que se comprometan con un programa. De esta forma todos podemos saber a quién reclamar o a quien apoyar, sin que tenga que sufrir todo un partido por las banalidades, corruptelas o incompetencia de sus cargos públicos. Para otra ocasión queda plantear si lo que se otorga a un político electo es una representación parcial o un apoderamiento universal del poder que reside en el pueblo.

Lo que en realidad parece querer propugnar Dulce Xerach es la prevalencia de la doctrina liberal sobre la colectivista, que los derechos y la conciencia del individuo y el Estado de Derecho (en el sentido que F. Hayeck explica en su libro “Democracia, justicia y socialismo”) están por encima de colectivos, como mínimo, amorfos o difuminados. A mi entender, cuando a un diputado se le exige disciplina de partido en contra de su conciencia, se le pone a él y a todo el sistema ante un dilema pésimamente resuelto en nuestro ordenamiento jurídico. Se dice que el pueblo ha votado al partido, por eso sólo puede optar entre listas cerradas y bloqueadas, pero cuando alguien resulta electo su acta es personal e instransferible, no es del partido. Si el sistema fuera coherente con la afirmación de que el voto es del partido y no del diputado, bastaría con que fuera al Parlamento un único representante por formación con representatividad, con tantos votos delegados como la ley electoral le hubiera asignado. Así sucede en las sociedades anónimas. Muchos sueldos, viajes, dietas y otros gastos que acompañan al cargo público se ahorrarían.

Lo planteado por Dulce Xerach tiene otras derivadas tan graves como inquietantes. Supongamos que un partido político se presenta a unas elecciones con un programa o unas propuestas, eslóganes y carteles electorales concretos, logrando así obtener unos escaños. Pero sigamos suponiendo que, por aquellas cosas de la vida y ya pasadas las elecciones, esa formación política cambia de idea en algunas cuestiones que ofrecieron como banderas en la campaña. Si un diputado, concejal o consejero, lo mismo da, ve que su partido traiciona sus promesas, que muchos pensamos eran un contrato verbal que les compromete con los ciudadanos, y por esta cuestión de conciencia se va del partido ¿ha de entregar el acta a la agrupación que ha engañado a los electores que le votaron? ¿Quién es el tránsfuga en este caso, el diputado o el partido?

Hay dos ejemplos ilustrativos de lo que se acaba de decir, sin pretender ahora dar o quitar razones, sino exponer hechos. El primero es la constitución de Nueva Canarias como escisión o desgajamiento de CC, cuando ésta última no cumplió con la oferta de presidencia para Adán Martín y vicepresidencia para Román Rodríguez. Otro caso clamoroso y evidente podría ser cuando en aquellas ya lejanas elecciones el PSOE utilizó el eslogan “OTAN, de entrada no” y que luego transmutó a “OTAN, de entrada ¡cómo no!”. En ambos casos cabe preguntarse también ¿quién o quienes decidieron tales cambios? ¿Eran cargos electos o funcionarios del partido sin delegación de representatividad popular? ¡Muchas cuerdas para este pobre violín! Necesitamos urgentemente algún luthier para reparar y afinar el instrumento democrático.

jfbelda@teleline.es

 

 

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