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21/02/2009 - José Francisco Fernández Belda
Román Rodríguez y el sentido común

Hace unos días, el vicepresidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Román Rodríguez, urgía a los municipios a agilizar el pago de sus deudas a las empresas para evitar su cierre. Les recordaba a los organismos morosillos que el gran retraso en cumplir con sus obligaciones de pago puede causar un daño irreversible en las finanzas de tanto pequeño proveedor. Dicho de otra forma, es preferible darle ahora la medicina al empresario que está en la UCI económica que subsidiar después a los trabajadores que vayan al paro para que asistan al entierro y funeral de la empresa. Me parece que Román Rodríguez ha hecho unas muy sensatas recomendaciones desde uno de los cabildos insulares, organismos que deberían liderar sin complejos las preocupaciones de los municipios de su isla. Espero y deseo que esta petición a los ayuntamientos no quede en un brindis al Sol, que en Canarias, aunque sea de invierno, calienta el motor de la economía turística.

Es razonable suponer que los ayuntamientos retrasados en el abono de las facturas que deben a sus proveedores, lo hacen por dificultades de tesorería difícilmente salvables a corto plazo, ya que, también es de suponer, a ningún político le gusta verse tachado de moroso incumplidor por cualquier empresario desesperado subido a una grúa, con una lata de gasolina dispuesto a pegarse fuego a sí mismo o al ayuntamiento, o llamando la atención de las televisiones de toda España con cualquier otra ocurrencia. Menos aún si el alcalde o los concejales están en medio de un viaje oficial por tierras lejanas, cuando más lejanas mejor, o participando en cualquier sarao “cultural” tan al uso. Si no fuera por el dramatismo y la desesperanza que trasluce, sería el paradigma de la España de Puerto Hurraco, aquella pedanía perteneciente al municipio de Benquerencia de la Serena, en la Provincia de Badajoz, comunidad autónoma de Extremadura.

Viene ahora a cuento recordar que, normalmente, esas deudas pendientes de pago se originaron por la ejecución de las obras o servicios presupuestados y licitados con cargo a los presupuestos discutidos y aprobados en los plenos correspondientes, es decir, al conjunto de bienes, servicios y obras que fueron consideradas como prioritarias y que podrían pagarse con los ingresos que esa corporación esperaba recibir por todos los conceptos. También se sabe que es políticamente aceptado por todos hacer trampas y aprobar los presupuestos con unos ingresos artificialmente inflados, sabiendo que no será posible ni razonable conseguirlos, pudiendo así presumir de ser más gastón que el municipio vecino. Es sabido que el papel aguanta cualquier cosa y que los parlamentos ni les cuento lo que son capaces de tragar mientras se adobe todo ello con inconfesables intereses partidistas. Es el caso, por ejemplo, del Parlamento de España, que aprueba los Presupuestos Generales del Estado con una estimación de crecimiento del PIB ilógica para cualquier experto y para el más común sentido común. Los políticos lo saben bien, pero fingen no saber, ellos se rigen por otros arcanos. Usted o yo lo llamaríamos autoengaño, ellos ni se despeinan ni lo piensan.

Por todo esto, resulta muy difícil entender el celebérrimo plan de los ocho mil millones de euros que propone Zapatero. En primer lugar, parecería más lógico que ese dinero se utilizara para atender las necesidades prioritarias, reales y más urgentes de los ayuntamientos. No es razonable que en plena crisis económica se inventen cosas en las que gastar sin ton ni son, máxime cuando por falta de liquidez ciertas actuaciones previstas se congelen y otras se estén ejecutando gracias a que las empresas están metidas en un círculo vicioso infernal que las obligada a no parar y financiar los gastos de hoy con lo que les pagan a cuentagotas de las facturas de ayer, o mejor de anteayer, cruzar los dedos y confiar en la suerte. Contrariamente a lo que se suele decir, el que prácticamente todos los ayuntamientos hayan presentado los más variopintos y pintorescos proyectos que sonrojarían a cualquier persona sensata, no avala la bondad del plan socialista, sino más bien la necesidad imperiosa que tienen de no parar la máquina y hacer como que hacen, posponiendo el problema financiero. Lo malo es que, en este mundo, no hay comida gratis y al final todos lo pagamos, menos los de las ocurrencias.

Otro aspecto de éste y de otros planes similares que se cuentan, o se contarán si la “jugada” lo aconseja, es que el Estado deberá financiarlos con deuda pública, tratando de colocarla en un mercado poco proclive y muy desconfiado, justo en el momento en que nos han bajado la clasificación de país, traduciéndose en un mayor coste financiero para esas emisiones, lo que engordará la ya gigantesca y desproporcionada deuda exterior de España.

El problema de la deuda pública, o de cualquier deuda en general, no es su importe en sí mismo sino en qué se gasta o en qué se invierte. Si el dinero va a la economía productiva, las rentas que genere permitirán obtener las cantidades a rembolsar y el pago de los intereses correspondientes. Pero si el endeudamiento va destinado a gasto corriente improductivo, con algo de suerte, se podrá paliar algo el problema durante un par de meses, pero habremos dejado a corto, medio y largo plazo una gravísima hipoteca a nuestros hijos, nietos y biznietos habiendo perdido la llave de la despensa. No conviene olvidar que, en el fondo y en la forma, este es el origen de la llamada “deuda externa” de los países del tercer mundo, cuyos corruptos dirigentes se gastaron el dinero en lo que no debían. De ser el país envidiado en la “champions league” que éramos, según Zapatero, sólo nos faltaría ahora tenernos que poner en la cola del FMI y en la lista de los que piden la condonación de su deuda externa. Y es que algunos de nuestros dirigentes, entre ocurrencias, cacerías, áticos con vistas a la Ría y repartos de bombillas, tal vez crean que lo de condonación tiene sólo algo que ver con lo del póntelo-pónselo carnavalero…

jfbelda@teleline.es

 

 

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