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02/01/2009 - José Francisco Fernández Belda
La desorganización civil y la organización política


Tal como estaba previsto por sus estatutos, el pasado 22 de diciembre, la Asamblea General de La Caja de Canarias, renovó su Consejo de Administración y, después, eligió a Suárez del Toro como su flamante nuevo presidente. En torno a los dos posibles candidatos a presidir la institución, hubo posicionamientos mediáticos dirigidos al gran público, con dimes y diretes más o menos afortunados, así como análisis de toda naturaleza en cuanto a las expectativas de futuro que ofrecían cada una de las dos opciones, dada la relevancia económica y social del cargo en disputa, y al margen del origen de su candidatura. Si hasta el último momento hubo presiones, señas y tal vez engaños o traiciones, ahora es el momento del trabajo no de revanchas, tan típicas de esta tierra que parece no querer dejar atrás el cacicazgo político.

Triunfó la candidatura que parecía interpretar mejor las aspiraciones de la mayoría de las gentes, de esa sociedad civil que, aunque muy desestructurada, parece intuir lo importante en los momentos de crisis y aparenta saber responder mucho mejor a los retos de estos desconcertantes tiempos actuales que esa otra sociedad minoritaria, aunque muy ruidosa, que defiende los intereses partidistas de los aparatos de los grupos políticos, ansiosos por que sus dirigentes parezcan ser lo que no son: líderes de opinión social en lugar de jefecillos de tribu.

Desde mi punto de vista, hay que distinguir en una institución financiera tan peculiar como es una Caja, dos planos bien distintos. El primero, el que genera recursos y financia a ciudadanos, empresas e instituciones. Debe estar gestionado y dirigido principalmente por expertos en economía y finanzas, con sólo la mínima e imprescindible intromisión de los comisarios políticos y sindicales que sea posible, ya que con frecuencia las decisiones en este nivel son más técnicas que de otra naturaleza. Es la parte de la actividad que genera los recursos económicos para sobrevivir y poder atender a sus otros fines sociales.

El segundo plano es el de cómo hacer cumplir mejor los objetivos de la Obra Social, cómo distribuir los beneficios generados por la gestión financiera, haciéndolo de la forma más racional, progresista y social posible. Aquí sí pueden, y tal vez deban, opinar las distintas fuerzas políticas y sociales, por lo tanto no sólo los partidos, como representantes que dicen ser de la sociedad civil. Deben interpretar ese mandato social del que son depositarios, al menos en teoría ya que sobre esto habría mucho que hablar, como hablando están en el Parlamento de Canarias a cuenta del nuevo Estatuto de Autonomía en el que sus señorías parecen estar de acuerdo en todo lo que afecta a derechos y deberes de los ciudadanos, pero discrepan en como ellos, y entre ellos mismos, aspiran a repartirse las cuotas de poder jugando a las matemáticas electorales (ya es cosa milagrosa que las manejen casi a la perfección, y con tantos sutiles matices, gentes mayoritariamente de letras), hasta el punto de querer sacrificar el casi todo por el casi nada, salvo para sus propios intereses gremiales. Muy aleccionador y ejemplarizante espectáculo nos están brindando, ¡si señor!

En algunas declaraciones de los candidatos a presidir La Caja de Canarias se nos decía que querían “tirar del carro”, como recomendaba el Rey en su discurso navideño, pero más bien parecía que lo que realmente querían era subirse en él. Ellos y toda su tropa también, pero empujando todos los demás uncidos como bueyes o asnos. En este sentido, recomiendo fervientemente a los lectores la lúcida y tan llena de sentido común columna escrita por Antonio Burgos, llena de escándalo mal disimulado añadiría yo, publicada en el periódico ABC del pasado miércoles, día 31, con el título de “Anda que no va gente en el carro”. Es una percepción práctica, apoyada en infinidad de ejemplos reales, de la creciente y ya proverbial desconfianza e indignación contenida de las gentes comunes y corrientes, las que tienen miedo de ir al paro o de no salir de él si han entrado, hacia la casta política, tanto hacia los cargos públicos elegidos como por el derroche insultante que suponen los gastos suntuarios y la legión de asesores, familiares y militantes enchufados.

Por todo ello me atrevería a pedir a sus Majestades de Oriente, no me refiero a los Jeques del Golfo (sin señalar, que no quiero mas carbón del estrictamente necesario para andar calentito y mirando hacia todos los lados, por si acaso) que repartieran equitativamente a todos sentido común, menos ingeniería lingüística para ocultar o disimular la realidad, mas libertad y menos regulaciones injustificadas que sólo sirven para que algún departamento público cree un carguito para algún amigote. ¡Ah! Y confiar en que en La Moncloa alguno de los 644 asesores le haya puesto el sello de correos adecuado a la carta que les envió nuestro Presidente confiando en que en Marzo de este año, y supongo que de este siglo, ya no estaremos tan mal.

jfbelda@teleline.es

 

 

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