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26/11/2008 - José Francisco Fernández Belda
Emalsa hace aguas

Como es bien sabido, el TSJC ha sentenciado que la venta que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hizo en 1993, como resultado del concurso público convocado en 1992 por el entonces alcalde Emilio Mayoral, fue irregular, ilegal o improcedente. De entrada habría que “agradecer” a los administradores e impartidotes de justicia, no a la Justicia –con mayúsculas– que es otra cosa mucho más seria e importante, haber dilatado tan importante asunto haciendo aguas durante 15 años. Quizás haya sido porque, con tantas humedades en las cloacas políticas, se habían mojado los rollos y legajos volviéndose ilegibles. Y mientras tanto han ido pasando por la alcaldía de la ciudad Soria, Luzardo y Saavedra, así como votando a favor de la primera adjudicación PSOE, PP, CDS, ICAN y no recuerdo si alguno mas porque las cosas de los partidos acaban aburriendo a las piedras del camino. Aunque eso, de cara a haber hecho las cosas bien o mal, desgraciadamente no significa absolutamente nada, pues el derecho legítimo de alguien no puede ser anulado por votación entre políticos y éstos, es sabido, que sólo responden ante la historia.

La segunda cosa que sorprende a un no experto en milagros legales, maravillas de almas tortuosas dirían otros, es que en la sentencia del rollo, nunca mejor dicho, de Emalsa se le diga al actual Ayuntamiento “que la adjudicataria del concurso debió haber sido, sin ninguna duda, Aquagest, y no Nueva Nuinsa/Saur”. Es decir, que fue incorrecto venderle a SAUR y Unelco, una participación, hoy de Valoriza, y que la corporación en pleno presidida por Mayoral debería habérsela adjudicado a Aguas de Barcelona. Supongo que en la sentencia del TSJC, ya puestos a decidir adjudicaciones además de a dar y quitar razones, podría también aportar como segunda opción la de declarar desierto el concurso y que se vuelva a replantear, si es que hubiera una cuestión técnica de fondo y no un mero juego de intereses políticos, económicos o de maletines, que nada es ya descartable en estas tierras tan al sur de todo.

La verdad, que entre franceses y catalanes no sé qué cosa es mejor o peor. Pero lo cierto es que Aguas de Barcelona nació el París en 1890, antes de la guerra de Cuba, y que entre sus principales accionistas figura SUEZ. Por eso, cuando alguien dice “que el agua está hoy en manos francesas”, con más propiedad debería decir “que está en otras manos francesas distintas de las de antes”. Es una anécdota histórica sin más pretensiones, sólo eso.

Otra de las ideas que suelen oírse, básicamente a políticos ávidos de estar en todas las salsas y a sindicalistas (de asesores y de liberados puede ir la cosa), es que con la oferta francesa de Aguas de Barcelona el Ayuntamiento conservaría el 51% de Emalsa. Pero, ¿para qué quiere una corporación ser propietaria de la empresa, si lo que necesita el ciudadano, que paga religiosamente sus impuestos para que le presten el mejor servicio posible, es agua del grifo con calidad, regularidad y a un precio razonable? El Ayuntamiento socialista del casi prehistórico 1993 inició con visión de futuro un proceso de racionalización para poner en manos de profesionales expertos y empresas especializadas, no necesariamente funcionarios o empresas públicas con frecuencia ineficientes y muy onerosas, este tan importante y sensible servicio público sanitario.

Dejando a un lado si el concurso se planteó bien o mal, es razonable pensar que la corporación, depositaria del interés público común, viera con buenos ojos aquella oferta que permitiera mayores niveles de ingresos a las arcas públicas a medio y largo plazo. Y también es muy importante valorar positivamente que en el proyecto se implicara un socio tecnológico que generara sinergias, visibles e invisibles, en el binomio de producción de agua y electricidad, básico en Canarias donde ambas se fabrican. Y bastante de eso tenía Unelco, creo. Es un asunto en que los argumentos de los ingenieros y técnicos deberían tener más peso que la opinión de los concejales y sus asesores del partido, con frecuencia no expertos en nada salvo en prosperar en la estructura partidista financiada por usted y por mí.

Hay un refrán que dice que las medias crían pulgas. Por eso es difícil de aceptar el argumento de las privatizaciones parciales de empresas en las que la parte de capital público es mayor que la privada. O es burro o es burra, las mulas no tienen mucho futuro, mueren sin descendencia. Por eso siempre he defendido la idea de que una cosa es el control público y otra bien distinta es la gestión pública. Lo que le importa al ciudadano es que la guagua lo transporte, el agua salga del grifo, la sanidad lo cure sin listas de espera desproporcionadas, que sus hijos aprendan en el colegio, etc. Le importa muy poco quien es el gestor del servicio y si quien se lo presta es funcionario público o empleado de una empresa privada. Lo que los gobiernos no deberían de perder en ningún caso es la facultad inspectora y el control de la ejecución correcta de los pliegos de condiciones. Tampoco la facultad sancionadora en casos de incumplimiento. Servicio público sí, pero no necesariamente con empleados públicos.

jfbelda@teleline.es


 

 

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