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07/09/2008 - José Francisco Fernández Belda
Homologaciones educativas provincianas


El pasado 1 de agosto se reunía el Consejo de Ministros y aprobaba una serie de asuntos aparentemente menores, eclipsados por el que resultó ser la estrella de la función cual fue la mal llamada privatización parcial de Aena, tan parcial que sólo se refería a los aeropuertos de Barajas y el Prat. Las protestas del resto de los territorios no se hicieron esperar y llenaron las páginas de los periódicos, cuyas redacciones acusaban ya la pertinaz sequía veraniega. En esta España nuestra y en verano, hasta la oposición se va de vacaciones a sestear a placer, confiando que el mundo mundial también se parará si ellos lo hacen. ¿Ombliguismo, megalomanía o simple irresponsabilidad?

Pero hubo mucho más en ese consejo. Uno de los asuntos que pasó casi desapercibido pero que, a mi modesto entender, constituye otro clavo sobre el ataúd en el que se quiere sepultar el cadáver en descomposición de lo que pudo ser y no fue un sistema educativo general español de calidad que, además, pudiera reconocerse como tal en el plano internacional, lo constituyó la aprobación de un Real Decreto sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalidad de Cataluña en materia de enseñanza homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias.

En relación con esta cuestión, surgen muchas preguntas y reflexiones sobre el modelo educativo que se pretende consolidar en España, más allá de declaraciones hueras y grandilocuentes hechas con una palabrería pseudo científica pero que, en realidad, suelen ocultar ignorancia real, incompetencia e intereses gremiales, bastardos frecuentemente. Es un asunto para profundizar en otro momento, pero que para tener más elementos de reflexión, recomendaría la atenta y crítica lectura de dos libros aparecidos no hace muchos años. Uno es el publicado por Alicia Delibes Liniers en el 2006, “La gran estafa. El secuestro del sentido común de la educación”, donde la autora analiza el proceso de deterioro más que evidente de la calidad educativa, que arranca en 1970 con la Ley General de Educación de Villar Palasí y tiene su punto álgido y negro con la aprobación de la LOGSE de 1990.

El cómplice ideólogo y necesario de este desastre actual es el que Mercedes Ruiz Paz describe en su libro “La secta pedagógica”, del 2003. Ésta es la segunda recomendación bibliográfica que se propone. La autora intenta demostrar en este texto que “la secta pedagógica, como cualquier otra secta, tiene un lenguaje propio que aísla a sus miembros del mundo real, una mística que los envuelve haciéndoles perder su individualidad, una disciplina interna que no admite desviaciones, un secretismo un tanto patológico, un apostolado planificado y, por supuesto, unos intereses económicos que se mantienen celosamente ocultos”. Ambas autoras, en ambos libros y como ellas mismas dicen, intentan responderse a la cuestión básica de la misma forma que en “Conversaciones en La Catedral”, Mario Vargas Llosa hacia auto preguntarse a su personaje: “en qué momento se había jodido el Perú”.

Volviendo al asunto anterior, se dice en un párrafo del RD aprobado que “la Generalitat dictará la resolución de homologación y convalidación del título extranjero no universitario de acuerdo con las tablas de equivalencia vigentes y emitirá la credencial correspondiente, que tendrá efectos en todo el territorio nacional. Este traspaso comporta cinco puestos de trabajo y tiene un coste efectivo de 210.102,44”. De entrada nos debería sorprender y escandalizar que en tiempos de austeridad se incremente la plantilla pública para realizar algo a todas luces superfluo, que ya hacía el Gobierno central para toda España. Cabe pensar que el Ministerio de Administraciones Públicas, autor de este decreto, tan sólo pretenda ayudar a paliar el desempleo creciente no mediante el incremento de “beneficiarios del estado de bienestar”, vulgo cobro del paro, sino mediante la creación de otra nueva y oportuna canonjía para algunos “ciutadans de Catalunya”. Aunque en estas cosillas de amiguismos de políticos parecía que todo estaba va visto y poco debería ya asombrarnos, nos vuelven a escandalizar con el poco edificante ejemplo de como el papi de la Ministra Bibiana Aído y otros 13 asesores del PSOE andaluz se suben el sueldo unos buenos piquitos para tan pocas palas.

Sorprende también de ese decreto leer que la homologación tenga efectos en todo el territorio nacional. Es decir, que algo que Cataluña se lo come y se lo guisa utilizando sus peculiares fogones, han de tragárselo obligatoriamente el resto de los españoles, vivan donde vivan. Aclaro por si las moscas que igual de descabellado me parecería si la transferencia de estas competencias se hubiera hecho a cualquier otra autonomía, aunque casualmente una vez más, le toca ser beneficiario el tripartito catalán, que no es exactamente lo mismo que Cataluña aunque los nacionalistas lo pretendan. Pero en realidad, el Gobierno de Zapatero no ha hecho otra cosa que cumplir con lo estipulado en el artículo 131.4 del Estatuto, que no olvidemos aprobó e impulsó el propio Presidente. ¿Quién será ahora el desimpulsador y desaprobador que lo desimpulse y lo desapruebe? ¿Quién le pondrá el cascabel a este gato, ya hoy transmutado en tigre?
jfbelda@teleline.es




 

 

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