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30/08/2008 - José Francisco Fernández Belda
Otra lectura de un proyecto de ley

En la referencia al Consejo de Ministros del pasado 29 de agosto, el Ministerio de Sanidad y Consumo presentó para su consideración un informe sobre el anteproyecto de ley que prohíbe prácticas comerciales agresivas. Como siempre que un Gobierno limita la libertad en algún aspecto, lo justifica diciendo que “el objetivo es aumentar el nivel de protección de los consumidores y de las empresas y profesionales que compiten legítimamente, así como contribuir al buen funcionamiento del mercado interior”.

A mi entender, al menos hay dos cosas que necesitan aclaración y definición precisa. Una es el por qué el Gobierno quiere protegernos de algo que realmente no atenta contra la vida o la dignidad de nadie y pertenece a la libertad individual, a lo sumo afectará al bolsillo de unos empresarios frente a otros. De momento somos libres de leer o no el correo físico, electrónico o de cualquier otra naturaleza. Los países que limitan esto, son dictaduras totalitarias, muy alabadas por los liberticidas. La segunda cuestión es saber qué entiende el Gobierno por “prácticas abusivas”, más allá de dejar a al arbitrio de cada autoridad (in)competente dónde situar el límite. Para legislar no se debe ser subjetivo ni parcial porque se corre el riesgo de redactar normas que sólo favorezcan a los amiguetes, según aquella máxima de que “a los amigos, todo; a los enemigos, ni agua; y a los indiferentes, la legislación vigente”.

El resumen del informe sobre este espinoso asunto, publicado en la Web de La Moncloa, continúa diciendo que “se podrán perseguir legalmente prácticas comerciales agresivas como el ‘spam’ telefónico, así como el resto de comportamientos comerciales contrarios a la buena fe, la diligencia profesional y aquellos que distorsionen el comportamiento económico de los consumidores”. Una pregunta capciosa inmediata que pudiera formularse al respecto, que además creo oportuna, sería: ¿y no es “spam” la nueva forma de mandar mensajes electorales e ir contra la buena fe de los votantes, la utilizada por todos los partidos políticos y que tuvo su punto álgido en el “pásalo” del año 2004 y fue repetida en el 2008 tras el éxito obtenido? Si, como dice el propio informe citado el “spam” telefónico o la realización de propuestas comerciales no solicitadas y reiteradas por teléfono u otros medios de comunicación son unas de las prácticas que se consideran desleales y, por tanto, perseguibles, ¿se aplicarán a sí mismos los partidos políticos a la hora de aprobar la ley en el Parlamento su propia medicina? Al fin y a la postre, propuestas comerciales y electorales sólo se diferencian en el contenido, no en la forma o en el método de publicitarlas, cuestión estudiada por el “marketing político”.

La lectura del informe no tiene desperdicio, si se lee con espíritu crítico, como personas libres y con mente abierta o creativa para llevar al límite los argumentos. Es el método que siguen algunos leguleyos para retorcer y sacar de contexto las leyes, pensadas generalmente para el bien común, pero que acaban beneficiando a quien puede pagar buenos abogados, es decir, frecuentemente caros y sin escrúpulos morales. “La comparación pública de la actividad, las prestaciones o el establecimiento propio o ajeno con los de un tercero cuando dicha actividad se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni comparables”, ¿no es eso lo que continuamente hace José Blanco refiriéndose a actuaciones pretéritas del PP, sacándolas de contexto, para no explicar las acciones u omisiones de su partido, lo que queda del PSOE, en el presente?

“La ocultación de información necesaria para que los consumidores puedan adoptar un comportamiento económico con conocimiento de causa”. Si una campaña electoral es el momento en el que los partidos venden su programa político y los electores deben comprarlo, cabe pensar que ocultación fue precisamente lo que Solves y el propio Zapatero hicieron cuando aseguraban, solemnemente, que no habría crisis, que estaríamos en marzo en pleno empleo, que bajarían las hipotecas, que somos el país mejor preparado de Europa para afrontar la “ligera desaceleración” gracias al superávit acumulado, etc. Hoy sabemos con plena certeza, real y moral o ética –táchese lo que no interese– que nos engañaban o que eran unos ilusos. ¡Espeluznante dicotomía para un país y para El País!

Continúa el informe condenando “la transmisión de información de manera poco clara, ininteligible, ambigua o en un momento que no sea adecuado”. Creo que sobran comentarios para todo aquel aún interesado en las declaraciones de los políticos en general. Hay excepciones notables, como por ejemplo Rosa Díez o José María Aznar en lo nacional y Sarkozy o Tony Blair en el internacional. A ellos se les entiende perfectamente lo que dicen y cómo lo dicen, son claros y de fiar. Cosa distinta será compartir o no sus opiniones. En tiempos difíciles, se requieren pocas ideas, pero muy claritas. Por eso mismo los ingleses eligieron a Sir Winston Churchill para dirigir la guerra contra el nazismo y el comunismo.

jfbelda@teleline.es

 

 

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