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17/08/2008 - José Francisco Fernández Belda
La cogestión aeroportuaria de la Ministra

Sin la menor duda, en los próximos meses, seguirá el cruce de declaraciones contradictorias entre el Gobierno de España y los de las comunidades autónomas a cuenta de que los segundos participen, de una u otra forma, en los ingresos que generan los aeropuertos. Al fin y a la postre se trata en realidad de incrementar los ingresos de las comunidades o ayuntamientos, en un reparto de segundo nivel, dejándole al Ministerio de Fomento los gastos en infraestructuras. Al mismo tiempo los gobiernos locales tendrán un nuevo nicho de empleo para sus afines. Todo aparentemente muy aseadito, aunque la basura ya se empiece a acumular bajo las pistas, plataformas o los edificios terminales aeroportuarios.

Para el profuso y complejo entramado aeronáutico, España resulta pequeña, Europa mediana y es necesario pensar a escala mundial. Para quien quiera y deba verla, es notoria la gran complejidad de la gestión de los espacios aéreos y el tránsito seguro de aviones por aerovías cada vez más congestionadas, o para manejar con eficacia los crecientes flujos de pasajeros, entradas y salidas, así como de los controles de policía de fronteras. En cuanto al subsector de carga por vía aérea –bien sea de mercancía general, perecedera, productos especiales, por tiempo definido, o el correo– es imprescindible llegar a acuerdos internacionales para el control aduanero, sanitario, documentación, etc. que faciliten su eficaz circulación. Todos estos asuntos, no menores en la gestión de un aeropuerto, requieren una dimensión superior incluso a la de un estado, cuanto más a una comunidad o comarca.

Para gestionar con eficacia estos asuntos especializados y con múltiples facetas, en España se creó en 1990 la entidad pública empresarial AENA. Como fija el artículo 1 de su Estatuto, con la misión de “contribuir al desarrollo del transporte aéreo en España y garantizar el tránsito aéreo con seguridad, fluidez, eficacia y economía, ofreciendo una calidad de servicio acorde con la demanda de clientes y usuarios, en el marco de la política general de transportes del Gobierno”. Así pues, tendrá como objetivo la gestión de los aeropuertos civiles de interés general y de las instalaciones y redes de ayudas a la navegación aérea. En otras palabras, gestiona directamente o bien coordina y controla a los concesionarios de los distintos servicios del “lado aire” y del “lado tierra”, comentados en otro artículo anterior.

Como todos podemos recordar, Cataluña abrió el melón de la cogestión de los aeropuertos y a su socaire se han sumado el resto de las autonomías. Sin definir claramente el alcance de la cacareada cogestión, el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto lo limitaba a los aeropuertos con más de 30 millones de pasajeros por año y, por tanto, sólo a Barajas y El Prat. Esa medida, a mi juicio poco meditada, tomada precipitadamente y quizás bajo los calores del verano, no contentó a nadie. A los beneficiarios por su poca concreción, a los excluidos, por su falta de coherencia. Es la consecuencia lógica de querer legislar a favor de unos o contra otros, pretendiendo a la vez contentar a todos.

Ante la “rebelión en la granja”, la Ministra Álvarez, la sin par y siempre polémica Maleni, ha tenido que rectificar al propio Consejo y decir que en el nuevo sistema de cogestión podrán participar los aeropuertos de todas las comunidades autónomas. Para que no quepa ninguna duda de lo que quiere decir, lo que no será óbice, cortapisa o valladar para que se rectifique a sí misma y a Zapatero de nuevo en los próximos días, “desde Jerez, Santiago, Palma, Ibiza, Lanzarote, Barcelona y Madrid, todos tendrán el mismo tratamiento”. Café para todos.

Si la cogestión aeroportuaria se limitara a lo antes se llamó “lado tierra” –accesos viarios, alquileres de zonas comerciales, restaurantes, concesiones de limpieza, seguridad y algunas pocas cosas más– y dejando bien claro quien paga las facturas y quien cobra los ingresos, la alarma podría ser menor y el riesgo de deterioro de los servicios quizás fuera asumible. Pero es que la titular de Fomento ha afirmado que su Ministerio está “elaborando estudios para ir encajando las aspiraciones de todo el mundo, con la idea de mejorar la calidad del servicio y la seguridad aérea y de que el territorio español esté conectado en las mejores condiciones”. Teniendo España el dudoso honor de ser la única nación del mundo en la que en su día fue necesario crear AUAPAC, Asociación de usuarios perjudicados por Aviación Civil, y recordando las actuaciones de la Dirección General y de la propia Ministra en el caso Air Madrid (“no somos una agencia de viajes, ni estamos para pagar las vacaciones a los españoles o a ciudadanos de otros países”), es para intranquilizarse un poquito.

Y ante esta situación, más propia del camarote de los hermanos Marx, cabe preguntarse si la Ministra y el Presidente del Gobierno conocen realmente de lo que hablan o sólo es una salida coyuntural que intenta contener este nuevo frente nacionalista ante las eminentes negociaciones de los presupuestos generales del estado y la financiación autonómica.

jfbelda@teleline.es

 

 

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