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13/08/2008 - José Francisco Fernández Belda
Zarpazos aeroportuarios

En nuestra pintoresca España, los políticos suelen poner como ejemplo e importar de los Estados Unidos algunas cosas que a los americanos les han funcionado muy bien. Lo malo es que, con frecuencia, sólo copian el nombre de la cosa o institución y no todas las circunstancias que posibilitan su buen funcionamiento. En otras palabras, olvidan lo que se suele llamar letra chica y se comen el jamón dejando el hueso para otros. En ese sentido, ahora es el momento oportuno, en vísperas de las negociaciones presupuestarias, para que las comunidades autónomas intervengan y participen activamente en la cogestión aeroportuaria, porque dicen convenientemente, para arrimar el ascua a su sardina, que en los Estados Unidos están presentes las autoridades comarcales y las cámaras de comercio en bastantes de los más de 18.000 aeropuertos comerciales y aeródromos civiles operativos.

A mi entender, de forma bastante poco elegante y desaforada, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, “avisa de que no permitirá que Soria y ATI metan sus zarpas en el aeropuerto de Gran Canaria”. Es toda una interpretación antológica y nada crispante de las intenciones políticas depredadoras que se le suponen a unos frente a la cruzada salvadora, amén de en sumo grado tolerante, del locuaz émulo “juanfernandino”. Así, a bote pronto, el exabrupto me suena a como si el Sr. Feroz, don Lobo, acusara a Caperucita, impropiamente disfrazada de rojo, de querer “mamandurriarse” a la abuelita. Para ir haciendo garras para dar “zarpazos” aeronáuticos, supongo que habrán entrado en contacto con los servicios de cetrería que hay en los aeropuertos en evitación de que las cándidas avecillas acaben tragadas por los motores de los aviones.

En cualquier caso, dado lo mucho que para Canarias significan los aeropuertos, como actividad económica en sí misma y como puerta de entrada o salida para muchas otras, no sólo las turísticas, convendría andar con pies de plomo y con pleno conocimiento de lo que se está pidiendo a AENA y al Ministerio de Fomento. A primera vista, más que para solucionar problema alguno, la operación parece tener la intención de querer incrementar, como sea, los menguantes ingresos públicos y de situar a personas afines para pastorear los presupuestos.

Para situar el problema en su justo contexto y en una primera aproximación, las actividades de cualquier aeropuerto pueden dividirse en dos grandes grupos: las que conciernen al “lado aire” y las que hacen referencia al “lado tierra”. En el primer caso están todas las instalaciones y actividades relativas a la navegación y tráfico aéreo (ayudas radioeléctricas, balizamiento, meteorología, combustible, mantenimiento aeronaves, gestión de slots, planes de vuelo, etc.), así como el movimiento de aeronaves y vehículos auxiliares o de servicio en la plataforma (señaleros, jardineras, catering, escaleras, bomberos, etc.), entre otras muchas actividades y operaciones importantes que pasan desapercibidas para el gran público.

Del lado tierra están todas aquellas instalaciones y servicios que son necesarios o complementarios de la actividad principal de un aeropuerto, que no conviene olvidar es la de permitir la llegada y salida de aeronaves, con pasajeros o carga. De este tipo son una parte significativa de los espacios en las terminales, así como los accesos viarios, aparcamientos, centros comerciales, hoteles o residencias, restaurantes o tiendas. Por eso conviene, para hablar con propiedad de estos asuntos, distinguir entre el contenido del Plan Director, que es de naturaleza estrictamente aeroportuaria, y el Plan Especial que integra el primero en la planificación urbanística general junto con las zonas de servicio y de influencia o expansión.

Como cualquiera puede imaginar, un aeropuerto es una zona de gran actividad, donde coexisten y se prestan una gran variedad de servicios por una cantidad muy importante de trabajadores que, con frecuencia, superan en número el de los habitantes de muchos municipios. En ellos hay que otorgar periódicamente una serie de concesiones administrativas que mueven muchísimo dinero, que por razones obvias, políticos y algunos dirigentes empresariales aspiran a controlar. Piénsese tan sólo en algunos de los concursos más visibles: limpieza, handling, seguridad privada, alquileres zona comercial, aparcamientos, imagen pública, etc. ¿Cuántos miles de millones de euros se mueven anualmente por estos servicios, tanto del lado de quien adjudica como por el negocio legítimo del adjudicatario? ¿Cuantas comisiones, gastos de intermediación, dietas de toda naturaleza se mueven en estos concursos o adjudicaciones, acallados por el ruido de los motores de los aviones?

Aunque se volverá otro día sobre estos asuntos, conviene recordar que en todo negocio hay una inversión previa que realizar, para después, si las cosas marchan bien, amortizar lo gastado y obtener beneficios. Lo que sería difícil de entender, o de explicar, es que se pretenda que sea el Ministerio de Fomento quien pague las facturas y los ayuntamientos, cabildos o la Cámara de Comercio pretendan quedarse con los ingresos. Como suele decir un ex presidente cameral, a la zorruna y nunca mejor dicho, ¿dónde está el color de tu dinero?

jfbelda@teleline.es

 

 

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