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04/08/2008 - José Francisco Fernández Belda
Servicio público y gestión pública

Sin pretender ofrecer una definición exacta sino tan sólo una primera aproximación, un servicio público es una prestación realizada por una entidad o corporación para tratar de satisfacer alguna necesidad específica de la comunidad o sociedad donde estos se llevan a cabo. Casi en cualquier ciudad o pueblo donde se conviva, es fácil encontrar una multitud de este tipo de servicios públicos, que van desde los más antiguos como el correo o la recogida de basuras, hasta otros más recientes en el tiempo como la educación o la sanidad. Incluso algunos, hoy tremendamente cuestionados, como pudieran ser la radio y televisión públicas.

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a saltar a la palestra, con grandes y solemnes declaraciones, que quizás sólo sean dimes y diretes del politiqueo, un cambio en la composición accionarial de Guaguas Municipales, hoy de capital público municipal en su totalidad, según tengo entendido. Este asunto trae a colación la clásica distinción entre servicio público y gestión pública, que con demasiada frecuencia tiende a olvidarse por los implicados, las más de las veces interesadamente. Una cosa es la prestación que se ofrece –sanidad, educación, transporte, correos, abastecimiento de aguas, por poner algunos ejemplos– y otra bien distinta es si quien realiza el servicio es funcionario o personal laboral de una empresa pública o privada. Lo que de verdad interesa al ciudadano, salvo a personas específicas y por motivos privados, es que se le preste el servicio en las mejores condiciones de calidad o rapidez, cosa exigible por no ser gratuita sino que paga vía impuestos. Jamás se me ha ocurrido preguntar cuando subo a un transporte público de guaguas, metro, barco o avión, si la persona que está allí atendiéndome es funcionaria pública o empleada de una empresa privada. Sólo me interesa que me preste el servicio que solicito con la mayor eficacia y corrección posibles. Ni más ni menos.

Los políticos y funcionarios suelen actuar muchas veces con una doble vara de medir, la que exigen a los demás y la que se aplican a sí mismos. Un ejemplo paradigmático de esa doble moral para los asuntos serios se puede encontrar en lo referente a la salud. Mientras que el común de los mortales tiene como prestador de este servicio público a la tan denostada Seguridad Social, políticos y funcionarios han creado unas mutualidades propias en las que, al margen de otras mejoras, casi se han eliminado las listas de espera. No es casual que los servicios ofrecidos por esas mutuas acostumbren a estar prestados por médicos privados, mediante un concierto económico y asistencial con el gobierno oportuno. Otro ejemplo de inconsistencia ideológica está en la educación, ya que mientras muchos políticos pregonan la excelencia de la escuela pública, mandan a sus hijos a formarse a centros privados o concertados. Pero, a estas alturas, ¿quién se cree realmente lo que dice un político?

Cada vez que se habla de “privatizar” total o parcialmente un servicio, como es el caso de Guaguas Municipales, se alzan voces clamando por lo contrario, normalmente entre los trabajadores afectados espoleados por los librados sindicales. Por supuesto, cuando se habla de productividad y de cumplimiento con el servicio, es muy distinto que el trabajador responda de su rendimiento ante otro funcionario como él, aunque esté en otro peldaño del escalafón, que ante un jefe en una empresa privada convencional. Es patente la desmotivación, el sobre dimensionado de plantillas, el absentismo, el “no me corresponde”, el “vuelva usted mañana”, “debe de estar porque su chaqueta o bolso está aquí” y otras lacras que suelen acompañar a la función pública, así como la fama de ser trabajadores privilegiados. No en vano, una gran parte de la población quisiera ser funcionario. No es ahora el momento de analizar el porqué, es lisa y llanamente un hecho tan cierto como que pagamos impuestos.

Cuando se pide al erario más dinero para una empresa pública, se debería ser muy cuidadoso y exigente en el análisis de la realidad y estar vigilante ante presiones interesadas en mantener la irracionalidad o los privilegios. Y ejecutar las reformas necesarios honradamente, de o quite votos. Se pueden oír y leer cosas, no por extravagantes menos acostumbradas, como que “los trabajadores de Guaguas Municipales no descartan movilizaciones” o “Guaguas ha perdido cientos de millones de euros respecto a Global y a Titsa”, y también ha perdido miles de viajeros descontentos por el inmovilismo en la reestructuración del servicio, añado yo.

No es por comparación con otras empresas públicas, no exactamente similares, cómo se debería abordar el problema del déficit de esta empresa municipal, sino utilizando métodos científicos y serios de gestión, procurando eliminar gastos innecesarios, incluidos algunos de personal, e incrementando ingresos por mejora del servicio entre los ciudadanos, cosa distinta a que algunos paguen dos veces por el mismo servicio, una vez directamente por el ticket o abono y otra indirecta por las subvenciones públicas, que, no conviene olvidar, salen de los impuestos de todos, viajen o no en Guaguas Municipales o en Titsa.

jfbelda@teleline.es

 

 

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