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24/07/2008 - José Francisco Fernández Belda
La justicia según Zapatero y Rajoy

Leo en la prensa que Zapatero y Rajoy se reúnen en La Moncloa para parlamentar sobre los asuntos importantes que, según ellos, están pendientes de resolver y fumarse una pipa de la paz. Para no “añulgarse” y romper el hielo el anfitrión ofrece agua y café, que al parecer es lo mejor para los nervios, salvo que sea descafeinado, cosa no desdeñable en este caso si se piensa en otros significados de esa palabra, como anodino, insulso o falto de sustancia.

Para empezar me pareció chocante que se insistiera tanto en la buena predisposición del Presidente, benevolencia que debe agradecer el representante de la oposición (me resisto a llamar líder al presidente de un partido político), para conversar única o principalmente de los asuntos que él quería y no de todos aquellos que ambas partes consideraran prioritarios. Que el guión de los temas los intente imponer uno de ellos implica mal talante, palabro que con perverso significado fue usado en el último lustro hasta la nausea. No sería de extrañar que ambos interlocutores, más que en un diálogo, estén pensando en dos monólogos. Algo parecido al espectáculo que, entre bochornoso y ofensivo para la inteligencia, suelen ofrecer los políticos en los parlamentos y foros similares. Uno dice una cosa, otro responde justo la contraria y directamente todos pasan a los canapés, dejando a los que les pagamos sus sueldos estupefactos, indignados o tan confundidos como el Dinio, aquel cubanito de la televisión.

Se dice que hablaron del desastre de la Justicia, pero no del que a usted o mí pudiera afectarnos (espero que Dios aleje de nosotros ese amargo cáliz en su infinita bondad). Parece que intentaron pastelear los nombramientos para la cúpula de mandamases. Uno para tí, dos para mí, ¡el que parte y reparte, se queda con la mejor parte! Pero creo que los ciudadanos estaríamos mas satisfechos y servidos si, además de esas cosas que les afectan principalmente a ellos, hubieran hablado de la reforma en profundidad de la administración de justicia y no sólo de repartir cargos entre amigos, militantes y conmilitones.

La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en relación con el llamado caso Liaño que en realidad es el caso Sogecable, debería hacer enrojecer de vergüenza a los dirigentes de los tres poderes del Estado y hacer que los magistrados presuntamente responsables de lo peor de lo que se puede acusar a un juzgador, el de no ser imparcial, tomaran el primer avión que los lleve directamente al desierto del Serengueti, al de Gobi o al Kalahari y hacerse anacoretas hasta que el mundo los olvide. El que desde Europa nos digan que Montesquieu ha muerto en España, o más bien haya sido asesinado, creo que bien merece una profunda reflexión y, en el caso poco probable de sentirse culpables, sentir contrición y tener propósito de enmienda. Conviene tener presente que Europa se está refiriendo al Tribunal Supremo y al Constitucional, no a un juzgado de primera instancia provincial.

A mi entender, la reforma de la administración de justicia no significa principalmente incrementar el número de funcionarios y el dinero, ya que eso quizás sólo se reconfirmaría otra vez la ley de los Rendimientos Decrecientes. Lo principal es cambiar los procedimientos decimonónicos e introducir las técnicas modernas, la mayoría existentes ya desde la segunda mitad del pasado siglo. Es muy probable que los que puedan remediar el desaguisado no estén entre los jueces, abogados y funcionarios del ramo porque ellos están tan metidos en lo cotidiano que el árbol no les deja ver el bosque. ¿Cómo puede alguien –juez, secretario, procurador, abogado, funcionario– aceptar como normal y no indignarse que no se señalara fecha para juzgar un asusto durante un año y medio porque al expediente, dicen, le faltaba una etiqueta de hacienda en una hoja de pagos de no sé qué tasa judicial? ¿Quién puede explicarle esto, de forma que lo pueda entender y asimilar, a la víctima de la maquinaria judicial? Este caso, puesto como ejemplo banal de mala praxis administrativa, aunque pudiera parecer ficticio, ha ocurrido realmente y es digno de las pesadillas de Kafka e incorporarse al famoso libro “Antología del disparate judicial” de Quico Tomás-Valiente y Paco Pardo.

Si la presunta eficacia de un parlamento nacional o autonómico, se midiera por la racionalidad, congruencia y control en el cumplimiento de las infinitas leyes que han dictado y no por el número de las que han tramitado, otro gallo nos cantaría. Con ello se prestaría un buen servicio a la Justicia y no solamente a las editoriales que recapitulan normas en bonitos tomos marrones con lomos rojizos. Se dice en ambientes del derecho que España es el país que más legisla pero que menos hace cumplir sus leyes. No sé si es verdad, pero si no lo es, lo parece y bien pudiera serlo. En un programa de televisión en el que participé hace ya algunos años, un europarlamentario inglés decía que en el Parlamento Europeo sobraba tanta palabrería y faltaba mucha concreción. Ponía como ejemplo didáctico el que el texto de los Diez Mandamientos no llegaban al millar de palabras, mientras que una directiva sobre los huevos de pato que acaban de aprobar pasaba de las cien mil… “No comment”, Mister.

jfbelda@teleline.es

 

 

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