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19/09/2007 - José Ramón Arévalo Sierra
Por un puñado de votos


Un puñadito de votos puede ser que no esté considerado, ni se le de el valor que tiene para el público en general, pero para un profesional de la política que se presenta a unas elecciones, tiene tanta importancia como diez millones de votos, porque esos votos marcarán la diferencia entre estar sentado en el coche oficial, tener secretaria y despacho, o volver al ostracismo de su trabajo como profesor, administrador o relaciones públicas, que suelen ser las profesiones de los que se dedican a la política, y quitando la primera y la segunda, coinciden con las de los que entran en el reality Gran Hermano (añadiendo además la de camarero de bar nocturno)… O sea, de estar en tu despacho con tu secretaria a volver a una clase de 50 niños cimarrones, a los que se les ha dicho que no hace falta que estudien porque pueden pasar de curso con cuatro (que yo me pregunto por qué no cinco o seis, ya puestos), pues eso, hay una diferencia manifiesta.
Esta historia del puñadito de votos venía a tenor de las particularidades del archipiélago, que lo tenemos fragmentado en islas, las islas fragmentadas en municipios, y los municipios en pedanías, lo que hace que en muchos de los ayuntamientos y cabildos el voto haya que pelearlo puerta a puerta, siendo así que esos votos darán el ganador del susodicho coche oficial. De esa forma se entiende que todos los grupos políticos sean incapaces de tomar una decisión impopular a pequeña escala, por muy necesaria que sea para el futuro de la pedanía, las islas o el archipiélago. Me vienen a la cabeza algunos ejemplos que ya he tratado por aquí: Las construcciones ilegales en espacios protegidos. En esta comunidad la ley se suele cumplir (no todas lo pueden decir, en otras la norma es que la ley no se cumpla), sin embargo el tema de las construcciones ilegales, o con permisos alegales verbales dados por el alcalde de turno del pueblo (persona sin ninguna potestad para cambiar la ley del suelo) son un hecho común que provocan un tremendo impacto en el medio ambiente canario y son foco de asentamientos ilegales ya sea en terreno de carácter rústico, asentamiento rural o espacio protegido. En esos casos, el encargado de hacer cumplir la legislación, el órgano actuante, es por lo general el ayuntamiento, que debe hacer cumplir las leyes del Gobierno de Canarias. He estado haciendo los cálculos, y en multitud de ayuntamientos, la alcaldía es dirimida entre 50 y 100 votos. Si el órgano actuante en cuestión, hace como su propio nombre indica, actuar, en este caso obligando al desalojo de la estructura ilegal, y en caso contrario mandando a las autoridades a que se encarguen de ello, significará que ha perdido los 20 votos de los familiares, otros 10 votos de amigos, otros 5 de aquellos que piensan que han cometido una ilegalidad y 5 votos extras de incondicionales que nunca votan pero que dicho evento les llevará a las urnas. O sea, exactamente el mismo número de votos que va a decidir el acceso al sillón. En estas circunstancias es fácil comprender la desidia que existe a la hora de perseguir y controlar el mayor problema ambiental de Canarias, y vayamos de moratoria en moratoria hasta agotar el último centímetro cuadrado de suelo protegido del archipiélago. Mientras tanto, la estrategia a seguir es culpar a las grandes infraestructuras, que han sido reguladas, analizadas, estudiadas y perseguidas hasta la extenuación, de los grandes males ambientales de las islas, y acoso sin descanso a los constructores, convirtiéndoles en entes depredadores de suelo y adoradores del dinero, sin considerar lo mucho que han tenido que ver en el cambio de esa Canarias de emigración a la Canarias de riqueza e inmigración, para desgracia de los caciquitos del lugar.
Otro ejemplo flagrante sobre los puñaditos de votos y cómo condicionan los diversos aspectos de la política insular, es cómo se afronta un evento tipo los pasados fuegos. No se habían apagado aún los rescoldos y la pelea había comenzado a ver quién daba más dinero para los afectados. El presidente del Gobierno de Canarias, sin ningún tipo de control del gasto, salió hablando de ayudas ilimitadas, el presidente del Gobierno Central, salió diciendo que ellos darían más, y en el partido popular, su líder escapó comentando una especie de plan nacional que a la larga suponía más dinero… En definitiva, como ya hemos comentado, el que las propiedades no estén bien protegidas contra incendios y con los seguros pertinentes, favoreciendo no sólo que se quemen, sino la propagación de incendios, era beneficiado con cuantiosas ayudas a cargo del heraldo público. Luego intentaban azotar nuestra poca sensibilidad por los afectados, haciéndonos creer que el entorno rural necesita de ayudas para seguir manteniendo la producción agrícola, cuando la agricultura es un hecho marginal, y el 90% de los habitantes de ese entorno rural trabajan en el sector terciario. Si a todo esto se le une un consejero de cabildo con características folclórico bolivarianas, tenemos el cóctel perfecto de hasta dónde llega el poder de ese puñadito de votos.
¿Qué sería lo que dicta el sentido común? Pues que los responsables políticos tomaran decisiones fundamentadas en planes previos, y que no dieran marcha atrás en función de la popularidad o impopularidad de las mismas, volver a la asamblea o a la tribu es cosa del pasado. La democracia tiene sus mecanismos de participación popular, y no hay que avergonzarse de utilizar la capacidad que ofrecen los cargos públicos. Necesitamos gobernantes que estén dispuestos a pensar en el futuro de Canarias, no en el futuro a cuatro años vistas… con esa visión podrán tomar decisiones impopulares, pero necesarias. Mucho me temo que esta actitud provocaría que la vida media de unos cargos públicos no fuera más allá de los cuatro años, pero tiempo suficiente para poner algunos proyectos en marcha, y no someter cualquier piedra que se mueva en Canarias a una interminable discusión que nos lleve al estancamiento del desarrollo, de las ideas y el progreso.

 

 

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