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13/05/2007 - José Francisco Fernández Belda
Hacia unas nuevas Cámaras de Comercio

Viviendo en San Borondón

Hacia unas nuevas Cámaras de Comercio
José Fco. Fernández Belda

Aquella agria polémica que se generó en torno a las pasadas elecciones en las Cámaras de Comercio Industria y Navegación, previa la creación de las de Lanzarote y Fuerteventura por secesión de la de Las Palmas, no acabó de cerrarse definitivamente y con racionalidad sino que tan sólo ha entrado en una fase de hibernación y aparente calma chicha tras haber desbancado de la Presidencia, que no de los manejos internos de la Cámara, a su pintoresco anterior presidente, Suárez Gil. Pero como ave fénix, el problema volverá a resurgir pronto de su letargo en cuanto se abra el proceso electoral en la Confederación Canaria de Empresarios y luego, dentro de unos años, en las propias de las Cámaras. No en vano está aún por definir quién debería representar al empresariado como conjunto, si las Cámaras o la CCE.

Ahora que, al menos en teoría, los candidatos en las elecciones políticas que se avecinan galopando más que corriendo, ofrecen a los votantes sus alternativas generales, ideas y alguna pequeña concreción, no estaría mal que opinaran algo acerca de este espinoso asunto, que no es simplemente interno sino que lo es también general por tratarse de quien ostenta el carácter de interlocutor social. Y a mi juicio, deberían posicionarse ahora sobre esta cuestión porque dentro de poco es probable que se vuelvan a abrir viejas heridas, rencores y problemas reales que subsisten en la representación empresarial real, no en la formal o institucional.

Sin pretender agotar el tema, hay varios problemas pendientes que sólo tendrían solución con una amplia reforma legislativa que introduzca las oportunas modificaciones en las leyes y reglamentos. También sería preciso que el regulador, la Consejería de Industria, asuma activamente su papel de órgano tutelante, intentado conciliar el bien común general con la delegación de funciones públicas en un organismo privado. Eso sin olvidar la adecuada y democrática fiscalización del manejo de los fondos de todos los empresarios por unos pocos.

Como problema básico, de filosofía elemental diría, está el asunto de la obligatoriedad legal de encuadramiento y cotización de todos los empresarios a las Cámaras. Y de este sarcasmo ideológico, consagrado en una ley, emanan casi todos los demás problemas. Es difícil entender cómo hoy en día puede defenderse tal imposición más propia de un estado totalitario, con partido y asociaciones de representación cívica únicas, que de una organización en el seno de una sociedad libre y democrática. Mantener la ficción de que las Cámaras son representativas de algo o de alguien porque lo dice un papel, será legal pero es también obviamente liberticida y recuerda la representatividad que se atribuía a los sindicatos verticales o a los Diputados en Cortes. Y eso al margen de que, en algunos casos y en determinadas materias, puedan haber conseguido algo útil para el conjunto de los empresarios. Hasta en las dictaduras fascistas o comunistas algo bueno supongo que habrá.

En un segundo lugar, está el sistema para fijar el número de representantes al pleno basado en una peculiar y pintoresca agrupación de intereses empresariales distintos y hasta encontrados. Aunque hay defensores a ultranza de tal sistema, no logro entender cómo puede parecerles normal y racional que, por ejemplo, el grupo 3 elija un representante de entre todas las empresas vendedoras de materiales de construcción y las inmobiliarias, o que en el grupo 13 constituido por chatarreros, vendedores de electrodomésticos, maquinaria en general, aparatos médicos, joyerías y librerías, que con el único vínculo de trabajar con cosas que tienen metal (los libros suelen llevar grapas), eligen un solo representante para el conjunto de todos ellos.

En tercer lugar está la total transparencia que debería de haber en la justificación y pertinencia de los gastos, no sólo ante el Comité Ejecutivo o el Pleno, sino ante el conjunto de todos los empresarios a quienes se les obliga a contribuir económicamente. En las páginas Web de la institución, auténtico tablón de anuncios del siglo XXI, debería estar colgado el detalle de lo invertido en los programas de actuación aprobados, los gastos de representación y de viajes de los directivos, etc.

Que la contabilidad de los organismos o instituciones fuera pública y publicada, de forma que cualquier persona con conocimientos técnicos contables suficientes pudiera estudiar y analizar en qué se gastan el dinero de todos los representantes institucionales, podría ser una medida útil para que los políticos la impusieran con carácter general a los organismos públicos, en aras a la diosa transparencia que dicen adorar. Podríamos saber cuantas comidas “de trabajo” y con qué invitados ha habido. O cual es el detalle de los gastos de las tarjetas Platino que con tanta generosidad manejan sus privilegiados tenedores cuando nos hacen el favor de representarnos. Sabríamos, o podríamos saber, si se están mezclando negocios privados y asuntos públicos. Herramientas fáciles y económicas para la transparencia están disponibles, pero ¿hay también ganas de tener paredes de cristal, es simple charlatanería falaz para contentar compañeros de viaje y estómagos agradecidos, o es algo peor e inconfesable?

jfbelda@teleline.es

 

 

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