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30/04/2007 - José Francisco Fernández Belda
Costes del transporte de mercancias

Viviendo en San Borondón
Costes del transporte de mercancías
José Fco. Fernández Belda

Se ha sabido que Las Palmas de Gran Canaria, y en consecuencia toda la isla, es una de las tres ciudades con el honor de gozar de la cesta de la compra más cara de toda España. Si en lugar de hablar de ciudades, se citaran lugares, con total seguridad ese dudoso privilegio lo compartirían, para su desgracia, las islas no capitalinas del Archipiélago.

Aunque nada se puede esperar del interés en atajar este gravísimo problema por parte de los partidos políticos, ahora muy entretenidos en estrechar manos, repartir hojitas con su foto y prometer lo que saben de sobra que no van a poder cumplir, no estaría de más que se ocuparan y preocuparan de estudiar a fondo el problema de cómo simplificar los incontables escalones y abaratar los costes de comercialización que soportan los productos de primera necesidad y tratar de paliar esta maldición que se lleva una gran parte de las rentas de las familias canarias.

Flota sobre todos los discursos como una especie de fatalidad: que estamos lejos de cualquier parte y que ese es el motivo del brutal encarecimiento de todo cuanto consumimos. Es una explicación simplista y poco ajustada a la realidad. Los que la difunden confían en que las gentes no analizarán el fondo del asunto ni mucho menos pedirán responsabilidades políticas, y quien sabe si también civiles, por negligencia, desidia, conformismo y falta del celo debido para resolver los asuntos públicos que les han sido encomendados, es decir, los que afectan a la mayoría de los ciudadanos y no sólo a una parte de ellos. Con la pueril justificación de que el transporte, componente inevitable del llamado coste de la insularidad, es el responsable del encarecimiento de los productos ¿cómo explican que los precios en Santa Cruz sean más bajos que en Gran Canaria? ¿Cómo se controlan o cómo contienen las ansias económicas de los intermediarios en Tenerife para que puedan comer allí mejor y más barato que casi en cualquier otro sitio del archipiélago? ¿O cómo, en suma, los productos chinos se venden en Canarias a un PVP por debajo del presunto coste de transporte que los comerciantes tradicionales dicen padecer, sin incluir el precio de la mercancía en sí misma?

Si bien es indudable que la distancia importa, no es menos cierto que en la mayoría de los casos no es el factor determinante en el coste del transporte. Por esto, transportar una caja de pescado fresco o congelado desde Vigo a Bilbao es mucho más caro que hacerlo entre Madrid y cualquier aeropuerto insular canario, a pesar de que la distancia es como cuatro veces superior. Y sin salir de nuestro territorio canario, llevar una mercancía desde La Aldea de San Nicolás a El Pinar, en El Hierro, puede hacer que un tomate cueste lo mismo que una lata de caviar iraní. Como éste, se pueden poner infinidad de ejemplos que demuestran que la distancia, en general, no determina el coste global del transporte, sino que hay otra multitud de factores, públicos y privados, que son mucho más importantes e influyentes y sobre los que sí pueden actuar los políticos, si quisieran.

Sin pretender agotar la larga lista de intermediarios y trámites oficiales que están incrustados en el negocio del transporte, cada uno con su parte del pastel, entre las públicas o semipúblicas caben destacar las tasas portuarias o aeroportuarias de todo tipo, agencias, papeleos, “servicios” monopolísticos de carga y descarga —necesarios o no— que hay que pagar aunque no se utilicen y se trabaje con medios propios mientras unos sólo miran, cobrando, cómo otros lo sudan. Y así muchos componentes más, hasta el infinito. Sobre estos procesos intermedios podrían y deberían actuar los gobernantes si de verdad quisieran contener los precios y tuvieran el valor de enfrentarse a importantes intereses empresariales y sindicales poco propicios a perder sus respectivos beneficios y prebendas. Canonjías se llamaba familiarmente a esos privilegios otorgados a unos pocos privilegiados en otra épocas.

Es una constante universal que cuando una actividad se regula en exceso, o que para ejercerla se precisa una licencia especial o una concesión administrativa que otorga el poder político, aparece siempre la sombra de la corrupción y un encarecimiento artificial para poder engrasar la maquinaria adecuadamente. La limitación del derecho a ejercer una actividad libremente, sin perjuicio que algunos aspectos estén reglamentados en aras del interés público general, conduce a un oligopolio que limita la libre competencia en beneficio de los agraciados por el poder político en perjuicio del común de los ciudadanos. La Ley de Comercio canaria es un ejemplo palmario de cómo encarecer los productos, vía limitación de la competencia.

Sólo parece haber una forma de que los precios de bienes y servicios se abaraten y mejoren en calidad, y esa formula está inventada desde hace mucho tiempo: la libre competencia. A los que la defendemos casi por encima de cualquier otra consideración, nos suelen llamar “Neocon”, palabro escupido entre dientes y sin que les parezca necesario a quien pretende insultar el explicar por qué es bueno para la comunidad que los precios sean cada vez más caros, que haya tanta ineficacia y que los periódicos se llenen de casos de corrupción o tratos de favor. Pero si la libre competencia existiera sin necesidad de que un gobernante otorgue una papela al agraciado, ¿cómo se financiarían los partidos políticos? ¿O es que alguien cree aún que lo hacen con las cuotas de sus cada vez menos militantes?
jfbelda@teleline.es

 

 

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