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23/10/2006 - José Francisco Fernández Belda
Comercio, comerciantes y consumidores

Comercio, comerciantes y consumidores
José Fco. Fernández Belda

Un nuevo atentado, manifiestamente antiliberal, se ha producido en los últimos días con dos protagonistas, mano a mano a ver quien se lleva la palma. El primero es el Director General de Comercio del Gobierno de Canarias, Arturo Cabrera, afirmando rotundamente que la Consejería rechaza la implantación de grandes superficies en las Islas porque “no cabe ni una más”. Y lo afirma con la fuerza que da el Boletín Oficial o con el convencimiento de que, en asuntos de criterio, la razón la tiene quien está en el ministerio.

Se olvida Cabrera que esa falacia ya se utilizó hace mucho tiempo y no se cumplieron los vaticinios de los catastrofistas de antaño, como fueron los de Suárez Gil sus patronales y su Cámara. Con la llegada de las grandes superficies y empresas tipo Mercadona, los precios se han contenido y en muchos casos abaratado, al tiempo que ha subido el empleo y la actividad económica. Incluso algunos intermediarios han hecho su particular fortunita a costa de nuestra ingenuidad. Si se restringe la oferta de suelo y la demanda de nuevas instalaciones aumenta, los precios suben y las comisiones también. Es evidente.

El segundo en la carrera antiliberal es el tinerfeño Miguel de Bartolomé, presidente de la Confederación Regional de Comercio, Coreco, que con su reconocido amor por la competencia dice que “la saturación es manifiesta”. Pero es que, además le advierte al gobierno que “no sería sensato hacer modificaciones, (en la normativa de equipamientos comerciales), antes de las elecciones”. Presión política sin disimulos de una parte de la sociedad sobre los futuros candidatos. Alguien sensato debería tomar cumplida nota.

Lo curioso de esta situación es que la mayoría de los afectados guardan un indiferente silencio. Si el Director General y el Presidente de Coreco apoyan a los menos, que son los comerciantes, apoyando una legislación y unas prácticas restrictivas de la competencia, la pregunta obvia es ¿quién defiende a los más que son los consumidores? ¿No debiera ser una obligación ética, moral y legal del gobierno el buscar el mayor bien común? A estas alturas de los tiempos, es imposible negar racionalmente que la libre competencia abarata los precios de venta al público de las cosas y los servicios. Por eso, en una región con los precios por las nubes y los sueldos por los suelos, la lucha por la contención de los precios debiera ser la prioridad básica, tal vez tras la salud y el trabajo.

Con una sociedad desestructurada en lo público, unas asociaciones de consumidores bastante inoperativas y con unos partidos políticos desinteresados en estos asuntos, es imposible que la situación se arregle. Parece que la fórmula y la consigna gubernamental es que cuanto más intervencionismo y restricciones, mejor (para ellos, los políticos).

Ahora, con las elecciones políticas a la vista, algunos aspirantes empiezan a decir que las cosas cambiarán si les votamos a ellos. Nos invitan a tener fe en el futuro, como si se tratara de una secta milenarista. Pero se olvidan y nos olvidamos una y otra vez que tener esperanza no es más que posponer la decepción, lección que la historia, tozuda ella, nos repite legislatura tras legislatura. Aunque también es cierto que si no lo olvidáramos, viviríamos un poco más amargados y algunos mandamases de hoy tendrán que comer de las rentas de ayer, que para trabajar, lo que se dice trabajar, la mayoría lo ha olvidado.
jfbelda@teleline.es

 

 

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