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03/08/2006 - José Francisco Fernández Belda
Pastando en el Prado del Llobregat

Pastando en El Prado del Llobregat
José Fco. Fernández Belda

Aunque pueda acabar convirtiéndose en una serpiente de verano, el problema acaecido en el aeropuerto catalán de El Prat debe llevar a una profunda reflexión sobre las perversidades de la demagogia que con tanta desvergüenza, insolencia y atrevimiento exhiben algunos políticos nacionalistas y nacionales y otros pocos sindicalistas. Y, a mi entender, el problema real que se suscita ahora de nuevo, es viejo asunto pendiente ya desde los albores del periodo democrático en España y que no es otro que establecer un razonable sistema para la defensa o protección de los derechos individuales frente a los colectivos, ambos muy respetables en un estado de derecho.

Un portavoz sindical y algún político, han dicho que la culpa del problema la tuvo Iberia por no dar información detallada y puntual a sus trabajadores. Y oigo a funcionarios de algunas apesebradas organizaciones de consumidores incitando en el mismo sentido a los pasajeros perjudicados. Si bien es indudable que, una vez más, un grupo de desaprensivos trabajadores ha tomado de rehén a un muy considerable número de ciudadanos que casualmente pasaban por allí y tal vez deban ser indemnizados por los perjuicios reales y morales que les han causado, también es cierto que los daños debe pagarlos quien realmente los causó y no quien hubiera podido causarlos en otras circunstancias. Pero de nuevo se pretende que sea Iberia LAE quien corra con los gastos y las culpas cuando, en este caso concreto, es una de las víctimas de este grave comportamiento temerario y profundamente insolidario de personas que han confundido sus privilegios con el bien común. Y es que para los políticos y aspirantes a serlo es muy fácil responsabilizar a la línea aérea, que tiene en España presunción de culpabilidad, y no es políticamente correcto, menos aún en campaña preelectoral, culpar a los trabajadores, porque ellos sí votan y son muchos más que los gestores de Iberia LAE.

Espero y deseo que quienes han paralizado la actividad aeronáutica en el aeropuerto de El Prat de forma salvaje, como todos sin excepción han reconocido, paguen con su propio patrimonio personal los daños que por su comportamiento han generado. No es justificación, ni siquiera puede ser tomado en consideración, el argumento disparatado de que si habían o no recibido información de la compañía. Hoy la coartada es Iberia, mañana puede ser cualquier otra si este comportamiento queda impune. Y esta consideración de responsabilidad sería extensible a los liberados sindicales y a los sindicatos que ellos representan si es que alguno de ellos hubiera participado o instigado tan irresponsables, temerarias y poco profesionales acciones. Han presentado sus excusas públicamente, muy bien hecho, felicitaciones, pero ahora falta que también asuman las indemnizaciones económicas a que hubiere lugar, si es que piensan que cada uno debe ser consecuente con sus propios actos, los haga de buena o mala voluntad.

Y este suceso concreto vuelve a poner sobre el tapete, a mi juicio, dos asignaturas pendientes en nuestro sistema de garantías democráticas: la regulación de la huelga y el concepto de defensa del orden público. Por supuesto que se habla de la actualización y puesta al siglo, bajo parámetros verdaderamente democráticos, de la posibilidad de los trabajadores a defender sus derechos adquiridos o a conquistar nuevas ventajas y también de la obligación del estado de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos para que no sean tomados, un día sí y otro también, como rehenes de situaciones que les son ajenas y que no seamos castigados con incomodidades y pérdidas muchas veces irrecuperables. Por poner sólo unos ejemplos en los últimos meses: huelga de pilotos, huelga de trenes, huelga de recogida de basuras (con los gravísimos problemas higiénico-sanitarios inherentes e incontrolables), huelgas de celo, etc. Esos colectivos, para defender sus presuntos derechos o sus privilegios, que de todo hay, suelen elegir las fechas que más daño hacen al público que los sufre. ¿Es pura maldad, o es un pulso a los más elementales derechos democráticos de la mayoría bajo la mirada inoperante del gobierno de turno que teme imponer la cordura y la fuerza si no hay proporcionalidad entre la protesta y sus consecuencias sobre la población?

Y como a río revuelto, ganancia de pescadores, los nacionalistas catalanes aprovechan para hablar de transferencias de competencias aeroportuarias. ¿Alguien realmente piensa que si la Generalitat o el municipio del Prat del Llobregat (el recinto pudiera ser autonómico o municipal como en los EEUU) gestionara el aeropuerto los trabajadores habrían hecho una cosa distinta de la que hicieron? Al hablar de transferencias se suelen mezclar varias cosas totalmente diferentes como son la gestión del espacio aéreo (ya para este asunto Europa se queda chica), la gestión de infraestructuras y servicios, otros servicios y actividades anexas (handling, hangares de mantenimiento, almacenes de carga, catering, zona de influencia, etc.) y el alquiler o explotación de locales comerciales, bares y restaurantes en las terminales. Cada cosa tiene su ámbito propio y tiene poco que ver las unas con las otras. Pero ahora toca, dicen algunos, armar ruido para que no se sepa el por qué se toleró esa algarada y por qué no se actuó con la misma contundencia policial que se hace cuando se despeja una carretera si va a pasar por ella un ministro, o ministra, pongo por caso. Y los parlamentarios catalanes, como los críos pequeños en los colegios, “Seño, ¡yo no fui, fue la Ministra!”. ¡Ay, Señor, Señor, qué cruz nos mandas!

 

 

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