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18/07/2006 - CanariasLiberal.org
Más de 4.200 millones de euros, costes del Protocolo de Kyoto


Nota de prensa del Instituto Juan de Mariana sobre los costes directos del Protocolo de Kioto


El coste directo del nuevo Kioto superará los 4.200 millones de euros y podría llegar a suponer más de 7400

· El Ministerio de Medio Ambiente lo cifra en 1953 millones, con precios de derecho de emisión que no son de mercado.
· Si el Gobierno incluye los “sectores difusos” el coste directo rondaría los 7.413 euros.
· El coste indirecto causado por la deslocalización, la pérdida de competitividad de la economía española y la destrucción de empleo será aún mayor.
· Cristina Narbona aseguró que el coste directo nunca superaría los 85 millones anuales y en el primer año ha rondado los 300 millones.


La presentación del borrador del nuevo Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión ha supuesto la constatación del estrepitoso fracaso de la aplicación del Protocolo de Kyoto en España. La determinación del Ministerio de Medio Ambiente de continuar por un camino que hasta la fecha sólo nos ha traído problemas pone de manifiesto, una vez más, la incompetencia de la clase política nacional. Nuestros políticos están decididos a imponer a la sociedad española un plan que no es necesario, para el que hay alternativas viables y que resulta ruinoso para nuestra economía y nuestros empleos. Y para ello están dispuestos a recurrir al engaño.

El Ministerio de Medio Ambiente ha engañado a los españoles a la hora de calcular los costes directos asociados con la aplicación de Kioto, para así ocultar la elevada factura final. De este modo, a pesar de que la media del precio de los derechos de emisión durante los últimos cinco meses ronda los 21 euros, el Ministerio hace su previsión tomando como valor máximo 15 euros. Si hacemos la valoración a un precio de derechos de emisión de 20,05 euros por tonelada de C02 (que es el actual de mercado de la tonelada de CO2 para 2008, inferior a la media de los últimos de los últimos 5 meses) los costes para nuestra economía serían de 2.610,5 millones de euros y no de 1953 millones, tal y como ha anunciado el Ministerio.

Los engaños a este respecto se han ido sucediendo desde finales de 2004, momento en el que Cristina Narbona aseguró que el coste que “como máximo tendrán que realizar todas ellas juntas [las empresas españolas] no será más de 85 millones de euros al año.” Sin embargo, esa factura se ha acercado a los 300 millones de euros durante el primer año en el que las empresas españolas se han visto obligadas a racionar sus emisiones y llevar a cabo compra-venta de derechos; esto es, ha sido más de tres veces superior al máximo que la Ministra de Medio Ambiente había garantizado. Lejos de rectificar, la ministra insiste en ocultar a la sociedad la verdadera factura de Kioto para los españoles.

El primer cálculo de 2.610,5 millones parte de que el volumen de emisiones sólo supera en un 37% las de 1990, situación poco probable ya que hay una correlación clara entre crecimiento económico y crecimiento del CO2, con lo que cabe esperar que siga subiendo como consecuencia del propio desarrollo de nuestra economía. La proyección para 2010 es que las emisiones se hayan desviado un 60% con respecto a 1990, de modo que los costes se incrementarían a 4232,6 millones de euros (recordemos que la previsión del Ministerio es de 1953 millones).

Además, si tenemos en cuenta la recomendación del parlamento europeo de incorporar a los sectores difusos como el transporte a un nuevo sistema de racionamiento como el de Kyoto y atendemos a la previsión hecha por el ministerio de unas emisiones de 159,15 millones de toneladas de CO2 por parte de estas industrias, el coste total se eleva considerablemente. Teniendo en cuenta como referencia el precio de 20,05 euros que se paga hoy en los contratos a futuro por tonelada de CO2 para el año 2008, podemos estimar este coste directo adicional en 3191 millones de euros. En total, el coste directo rondaría los 7423,5 millones de euros.

Hasta aquí sólo nos hemos referido a los costes directos de Kioto, pero son más importantes los costes indirectos que impondrá a los españoles el plan del Gobierno. Dicho plan resta competitividad a la economía española y favorece la deslocalización a otras áreas del mundo. Además, el plan provocará la elevación del precio final de la electricidad (estimada entre un 1,5 y un 2%) lo que a su vez tendrá efectos perjudiciales sobre otros sectores económicos.

Asimismo debemos recordar que sólo 26 países se han comprometido a restringir coactivamente sus emisiones, y que son más de 150 los que no han seguido el costoso camino del racionamiento con comercio de derechos de emisiones; entre ellos grandes emisores de CO2, como Estados Unidos, China o India. Las empresas se desplazarán a los países que no impongan los costes de Kioto, y el empleo se generará allí, y no en nuestro país.

Ante esto parece claro que la economía española será incapaz de cumplir Kioto a no ser que el gobierno pretenda comprometer el presente y futuro de nuestro bienestar. Y ello aun cuando el incumplimiento de Kioto no tendría ningún efecto apreciable sobre el medio ambiente. Según las propias Naciones Unidas, en el caso en que todos los países firmantes cumpliesen con sus compromisos, el efecto sería de una reducción de 0,07 grados centígrados, algo casi imperceptible a pesar de sus graves consecuencias para el tejido empresarial español.

Ante este costosísimo fracaso queda abierta la alternativa de seguir el ejemplo de EE.UU. que ha confiado en el mercado libre como motor de crecimiento económico que permite acumular capital e incrementar la productividad de modo que pueden adoptarse nuevas tecnologías que reducen las emisiones de CO2. De hecho, entre 1997 y 2003 EE.UU. aumentó sus emisiones en un 0,007% mientras que España incrementó las suyas –a pesar de los múltiples planes nacionales y del racionamiento- un 24%.




El Instituto Juan de Mariana es una institución independiente dedicada a la investigación de los asuntos públicos. Con el fin de mantener una independencia plena, el Instituto no acepta subvenciones o ayudas de ningún gobierno o partido político. Su objetivo es convertirse en un punto de referencia en el debate de las ideas y de las políticas públicas con la vista puesta en una sociedad libre. Para conseguirlo nos proponemos estudiar y difundir la naturaleza del mercado. El nombre del Instituto proviene del más prominente pensador de la Escuela de Salamanca, encarcelado a principios del siglo XVII por su oposición a la política inflacionista del rey Felipe III.



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