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25/06/2006 - José Francisco Fernández Belda
La desconfianza democrática

Viviendo en San Borondón

La desconfianza democrática
José Fco. Fernández Belda

Es frecuente que los políticos, sea cual sea su ideología, nos inviten continuamente a darles la confianza a ellos y, como consecuencia inevitable, a quitársela a su rival, el de él, no el nuestro que para la inmensa mayoría, todos cojean de la misma pata. Esa impresión de renqueo es confirmada por las encuestas. Nos reclaman que confiemos en ellos cuando nos piden el voto. Y eso sólo cuando toca. Luego se olvidan de los confiantes, que sólo les han dado una oportunidad de demostrar el buen hacer que predican, hasta que les toque sonreír de nuevo en los mercados.

En esta democracia secuestrada por la partitocracia, y con una sociedad civil desestructurada, no es precisamente confianza lo que hace falta. Cuando a los políticos se les da demasiada confianza, o confianza absoluta, se vuelven confianzudos, o como dice aquella variante del dicho popular, les das la mano y se quedan con tu anillo y tu reloj, pero lo que es aún peor, te piden que les des las gracias por aliviarte el peso con una sonrisa de cartel electoral. Un teórico del pensamiento político expresó esta idea mucho mejor: “el poder corrompe, y el poder absoluto, corrompe absolutamente”. Eso sí, todo muy consensuado, como Dios manda, que para estos asuntos no hay ateos.

Estoy convencido de que uno de los fundamentos básicos de las democracias modernas que más o menos funcionan, es precisamente la desconfianza en los poderes que gobiernan nuestro pequeño mundo y el que los ciudadanos puedan eficazmente ejercer el control público sobre las cosas que afectan a todos. Tal vez esa sea una de las razones que llevó a Montesquieu a establecer que una condición necesaria, aunque no suficiente, para tener un buen gobierno es que funcione en el día a día la separación de los tres poderes básicos del estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada uno de ellos debe funcionar internamente de forma correcta, pero sin olvidar que además han de ser independientes en su acción y en la posibilidad de controlarse mutuamente, es decir, en la desconfianza democrática mutua, su auténtica razón de existir. Y es aquí donde falla el sistema. Montesquieu se debió quedar prendado de sí mismo como el inventor de un artilugio que funciona por alguna suerte de movimiento continuo. Se olvidó de que esos principios debían de ser aplicados por una casta política profesional, que no suele tener principios sino pragmatismo y que vive de la representación, escrito sea para ser interpretado en todos los sentidos.

El tan nombrado “consenso”, algunos lo llaman más impíamente “pasteleo”, al fin y al cabo no es otra cosa que darse confianza mutuamente y hacer más difícil que una de las partes ejerza el control crítico sin que la otra parte contratante lo acuse de conspirar contra el acuerdo previo alcanzado. El Gobierno pide consenso a la oposición, sobre todo en asuntos que considera especialmente sensibles, aduciendo razones de estado. Y si la otra parte no se aviene, es acusada de no tener un altruista sentido del estado, en cosas que son con demasiada frecuencia cuestiones meramente partidistas y no necesariamente de interés general. Es más, muchas veces se pide consenso para cosas que son auténticos dislates, como el tiempo acaba demostrando cuando ya el mal está hecho, ¿hablamos del sistema educativo, por ejemplo?

Y en el establecimiento de esa desconfianza civil frente al gobernante es donde se asienta, a mi juicio, la piedra clave para el buen funcionamiento de las democracias consolidadas, aquellas sin adjetivos calificativos que las deforman, aquel régimen del que los estudiosos suelen decir que es el menos malo de los sistemas posibles. Por esto, en determinadas circunstancias, en vez de gozar de la presunción de inocencia, no debe escandalizar que el gobernante tenga presunción de culpabilidad, dicho sea en términos políticos y no judiciales. “La mujer del César ha de ser honrada, no sólo parecerlo”, se decía en la Roma Imperial. Por eso precisamente, ante algunas situaciones con apariencia poco clara y usando esta lógica democrática, la carga de la prueba se invierte y el político debe demostrar que es inocente y no escudarse en que sean los demás quienes demuestren su culpabilidad. Y por eso han de dar explicaciones suficientes a aquellos a los que ha pedido su confianza, directamente o ante los representantes públicos en municipios, cabildos o parlamentos. Y por eso ofenden al pueblo cuando, por ejemplo, en el Parlamento eluden las preguntas, no las responden o, lo que es peor, amparándose en un reglamento contestan otra cosa sin dar la posibilidad al preguntador de sacarle algo más que los colores, que ya es hazaña difícil entre profesionales de la política.

jfbelda@teleline.es

 

 

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