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12/04/2006 - José Francisco Fernández Belda
La corrupción en Canarias

La corrupción en Canarias
José Fco. Fernández Belda

A raíz de las últimas y espectaculares actuaciones judiciales en el ámbito de lo que se ha llamado anticorrupción, es frecuente oír en alguna de las tertulias radiofónicas o televisivas preguntar y preguntarse si la corrupción existente en Canarias es superior a la que puede haber en otros lugares, se supone que del territorio español. Mucha prensa trata el asunto como si fuera un peligroso virus de reciente descubrimiento, cuando en realidad el mal es tan antiguo como el propio mundo.

Tal vez lo novedoso es ver cómo la Justicia llama a declarar a un buen número de personas y personajes hasta hace poco aparentemente intocables. Incluso no era antes frecuente que alguien de los ámbitos judicial o policial informe oportunamente a los medios de comunicación para que puedan captar imágenes de las detenciones en directo. Hay gente que se divierte haciendo apuestas sobre quien será la próxima persona importante o conocida en ser citada en el juzgado. O hacen cábalas sobre los años en que se tardará en concluir el sumario, o en archivarlo por falta de pruebas. Al final, se preguntan, ¿se habrá realmente producido algún delito o sólo fue una falsa alarma? De haber delito, ¿se sentará alguien en el banquillo?

Con respecto a la pregunta inicial, de si hay más corrupción en Canarias que en otros lugares, debo decir que no lo creo, aunque sólo tengo datos subjetivos para esta opinión y no manejo mucha más información que los que parecen tenerla y opinan que sí, algún consejero del Gobierno incluido, a raíz de lo leído en la prensa. Creo que en todas partes cuecen habas y que la historia universal enseña que la corrupción es una cuestión de tiempo en el poder.

El gran problema para atajar o limitar esta enfermedad política y social es que la impunidad de los poderosos parece estar a la orden del día con la liquidación de la independencia de los clásicos tres poderes del Estado. En mi opinión, hace tiempo que el poder ejecutivo y el legislativo coinciden en sus actuaciones. Frases como que el partido que sustenta al gobierno convalida las actuaciones del ejecutivo son demasiado comunes y demuestran la interdependencia real de ambos. En la práctica es imposible que el Parlamento controle al Gobierno con el actual sistema partidista de reparto del poder, órganos de control o comisiones de investigación, predeterminadas por las cuotas en los resultados electorales. Un mecanismo real de control, de fijarse su composición por el sistema de cuotas, tal vez debería conformarse de forma inversamente proporcional a los resultados electorales, es decir, dar mayor posibilidad de control a los grupos minoritarios y más críticos que a aquellos con interés en mantener el estado de las cosas. Una cosa es legislar para todos, y aquí la mayoría debe tener más voz y voto, y otra bien distinta es controlar la legalidad de las actuaciones de unos pocos, donde las mayorías parlamentarias son irrelevantes a efectos de la verdad. Por eso se escenifica una comedia en cada sesión de control al Gobierno, uno pregunta algo y normalmente otro responde con una cosa distinta de lo preguntado, saliéndose por la tangente e incluyendo algún insulto al preguntador, a Aznar y a la inteligencia de quien escucha.

Además, ahora se quiere redondear la jugada a base de afirmar que el Parlamento debe controlar a los jueces, pues es aquel el depositario de la voluntad popular y estos no han sido elegidos. Los políticos suelen olvidar que el partido más votado ha cosechado un mayor número de personas que lo han rechazado que las que lo han aceptado. Por eso se llama minoría mayoritaria. Pero con esa idea quieren hacernos creer que la mayoría de la población les ha aprobado su programa electoral. Creo que un buen paso para la solución de este problema serían la total libertad para que cualquier persona pueda ser candidato (no las listas abiertas dentro de un partido, sino de personas que se presentan a un proceso electoral) y la doble vuelta que revalide las coaliciones posibles. Tal vez así nos ahorraríamos el espectáculo del tripartito y sus componendas.

Y en cuanto a la corrupción, controlado el controlador, al ciudadano sólo le queda aguantarse. Un ejemplo claro y escandaloso lo hemos tenido con la acusación del 3% que hizo Maragall, con gran asombro de CIU que sólo le faltó decir que ellos no se venden tan barato. ¿Cómo es posible que Maragall o Artur Mas, uno de los dos o los dos, no hayan dormido en la cárcel tras tomarles un juez declaración por una gravísima acusación de practicar el soborno institucionalizado? O era verdad lo que Maragall decía, o era una calumnia. Ambas cosas a la vez sólo son posibles en el ámbito de la política y resulta incomprensible para el ciudadano común y contribuyente.

Tal vez acercar la justicia y el poder a las autonomías trae estos efectos. ¿Cómo puede un juez en una comunidad empurar al padre de la amiguita que está jugando con su hija en una habitación de su casa? Una cosa es acercar el poder y otra bien distinta es acercar la administración. A cada uno lo suyo, incluso en un Estado federal.



 

 

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