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03/01/2006 - Gabriel Calzada
Un gobierno de pocas luces

El mercado eléctrico es uno de los mercados más regulados que existen. Prueba de ello es que cuando atendemos al precio que vamos a pagar el próximo año por la electricidad no miramos al mercado sino al poder político. Y no sin razón porque en nuestro país es el gobierno, y no la relación entre productores y consumidores, quien determina la tarifa eléctrica.

Muchos han puesto el grito en el cielo porque el pasado 23 de diciembre el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto de Tarifas Eléctricas para 2006 en el que se sube un 4,48% de media la tarifa para los consumidores domésticos. Los motivos del gobierno para esta subida vienen determinados fundamentalmente por tres factores que están elevando el coste de producción: la subida del precio del petróleo y su impacto sobre las centrales de fuel oil y ciclo combinado, la creciente cuantía de las primas a la producción de energías renovables y los elevadísimos costes e ineficiencias (es, decir, el gran despilfarro) que está provocando el Protocolo de Kioto. Los tres factores son, como suele suceder, a su vez, producto de otras intervenciones estatales.

No sabemos cuál sería el precio de mercado de la electricidad si éste no estuviese intervenido. Lo que sí sabemos es que toda intervención en los precios provoca que se usen recursos valiosos para la producción de fines relativamente poco importantes. Es decir, el precio intervenido genera un enorme derroche del bien en cuestión.

Por eso, no hay que poner el grito en el cielo porque los precios medios de la electricidad suban un 4,48%. Debemos ponerlo por otro motivo de vital importancia. Y es que resulta insultante que el gran despilfarrador, el poder político intervencionista que determina arbitrariamente los precios, haya introducido en ese mismo decreto un sistema de penalización según consumo para, supuestamente, evitar el derroche. De esta forma el gobierno hará que a medida que se consuma más energía, el consumidor la tenga que pagar más cara.

Evitar el despilfarro poco o nada tiene que ver con esto. La gente no se dedica a despilfarrar la electricidad. Lo que hace es usarla en aquellas actividades que valora lo suficiente como para incurrir en los costes necesarios para hacerlas realidad. Y como el valor que se le da a un uso concreto es siempre subjetivo, nadie puede decir que su uso es más importante que el de los demás. Por lo tanto, la única forma de reducir el derroche eléctrico al mínimo es liberalizar la producción, liberalizar el precio y dejar que cada consumidor juzgue cuáles son sus fines relativamente más apremiantes para los que usar la electricidad al precio de mercado.

El verdadero despilfarro es casi siempre el producto de una intervención política. En nuestro caso el poder político se ha encargado en primer lugar de hacer de la electricidad (uno de los bienes más importantes para el crecimiento económico) un bien artificialmente escaso mediante impedimentos a la producción. Luego se ha dedicado a jugar políticamente con el precio desestabilizando la relación entre la oferta y la demanda. Y, ya por último, nos llama despilfarradores y nos quiere cobrar el coste del desaguisado que ha formado. Hay que tener poca vergüenza para tratar así al ciudadano que trabaja cada día para vivir un poco mejor consumiendo, generalmente, un poco más de electricidad.



Publicado originalmente en Libertad Digital. Con conocimiento de su autor

Gabriel Calzada Álvarez es representante del CNE para España y presidente de Instituto Juan de Mariana

 

 

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