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30/08/2005 - Benito Codina
Subida de impuestos o atraco a mano armada

Subida de impuestos o atraco a mano armada

Benito Codina
bcodcas@terra.es

Es una evidencia que el Sistema Nacional de Salud está en quiebra y que los actuales recursos no pueden cubrir las tareas que tiene encomendadas, lo que está provocando unas listas de espera inaceptables, el progresivo deterioro de la red hospitalaria y la paralización de la reforma y mejora de la atención primaria. Un informe de CC.OO. elaborado por expertos, cifró el déficit de las comunidades autónomas en 4.500 millones de euros. De nada ha servido la búsqueda de otras fuentes de financiación complementaria, como el supuesto ahorro en gasto farmacéutico, que es el chocolate del loro. De hecho, los cálculos del incremento preciso del gasto sanitario público se mueven alrededor de un uno por ciento más del PIB. Tampoco es una solución actuar como se ha hecho otras veces, dedicándole más presupuesto. Eso supone un parche, no es atacar el problema en su justa medida, y no evita el desequilibrio que se reitera en cada ejercicio.

Pero este no es un asunto exclusivamente del Estado, como desde algunos foros pseudo nacionalistas se nos quiere hacer ver. El CES, en un informe del año 2000, ya proponía la corresponsabilidad de las autonomías en la financiación sanitaria, asegurando que el actual modelo no garantizaba el control del gasto sanitario. Solbes, ministro de Economía, lo ha aclarado meridianamente diciendo que “todas las comunidades aceptaron las transferencias con una determinada financiación y son las autonomías las que tienen el problema y no el Gobierno central”. “Hay que establecer sistemas de mejor control del gasto”. “Comprendo que cuando las comunidades tienen un problema la tradición suele ser que el Estado nos lo pague. Sin embargo, hoy el Estado es claramente más pobre que las comunidades. Pretender que los problemas de las comunidades autónomas los resuelva el Estado con sus recursos es una historia que pertenece al pasado”. Parte de su argumentación es absolutamente certera. Lo que no puede ser es que en un Estado que pretende tener un alto nivel de descentralización y en el que las Autonomías ya gestionan más presupuesto que éste, se esté mirando hacia él cada vez que no se es capaz de utilizar adecuadamente los recursos públicos. Tampoco es posible que aquellas Comunidades que han demostrado tener una menor eficiencia en la gestión financiera de la sanidad pública, ahora se vean privilegiadas en un nuevo reparto para intentar compensar su déficit.

Si bien no es posible prescindir de un sistema de salud pública universal, se debería avanzar en la gestión independiente de los centros hospitalarios existentes, a través de fundaciones u otros entes similares, así como desgravar a los que usan sistemas privados, que descongestionan lo público. Y, naturalmente, eliminar el gratis total en medicamentos, compensando, en la proporción adecuada, que puede ser totalmente, a los más desfavorecidos. La solución es poner una sanidad para todos pero financiada de abajo a arriba y no al revés. Otra solución pasaría por la posibilidad de que los contribuyentes podamos meter el dinero donde queramos, o sea, en el pago de una sanidad pública o privada. Evidentemente, esa opción repercutiría en la pérdida de control por parte del Estado de miles de millones, que van directamente al Tesoro Público y que sirven para comprar muchas cosas, entre otras, voluntades. No vale decir que es la Sanidad pública quien realmente garantiza la libertad al impedir la dictadura del mercado, o sea, de la sanidad privada. Eso es una burda defensa del intervencionismo que padecemos en la actualidad. El argumento debería ser el contrario, la sanidad privada sería mala en tanto en cuanto se pareciera a la pública.

Pero la solución encontrada por los actuales gestores de la cosa pública no es ninguna de esas. La piedra filosofal hallada por el Gobierno de Canarias, es la de subir los impuestos para sufragar su mala gestión sanitaria. Decisión que tiene a todas luces un fundamento absolutamente injusto. Además de no reconocer ningún límite moral sobre el poder impositivo, nos atribuye a los ciudadanos su culpa como gestor ineficiente e incapaz. Entiende que todas nuestras ganancias le pertenecen y que por ello puede apropiarse de la parte de ellas que le apetezca. Una vez más, una de las partes va a incumplir el contrato, cambiando los términos a su antojo sin que los contribuyentes podamos hacer nada. Se busque la fórmula que se busque, deberemos seguir pagando al sistema, que se ha demostrado ineficaz e irracional. Mientras que la empresa privada no puede darse el lujo de ser ineficiente porque eso significa su muerte, la Administración Pública, en este caso Autonómica, no sólo no lo hace, sino que nos dice que ahora hay que pagar más porque en su día no se previó correctamente la desviación en el gasto. A lo mejor se trataría de hacer un ajuste presupuestario y gastar menos en una elefantiásica administración y más en servicios públicos esenciales como puede ser la sanidad. ¿O es que eso no se les ha ocurrido?.



 

 

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