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04/08/2005 - CanariasLiberal.org
Mentiras sobre la privatización de Enmasa

MENTIRAS SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE EMMASA


Las mentiras que algunos propagan conscientemente en torno a la decisión democráticamente adoptada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de acudir a la iniciativa privada para que participe en la gestión del servicio público de abastecimiento de agua a la ciudad, no sólo tienen por finalidad tratar de confundir a la población, sino a la par, contribuir una vez más –el pretexto utilizado por los que mienten es siempre lo de menos- a emponzoñar la recta actuación de las personas que con honestidad y dedicación nos tomamos muy en serio nuestra condición de representantes de la soberanía popular. Porque al final, lo cierto es que “las palabras no matan, pero siembran la confusión y la mentira, ocultan la realidad y alimentan el fuego de la discordia, y llegado el caso ofrecen coartadas para ejercitar la ciencia del disparo” (F. García de Cortázar). Y que esto último no es una exageración lo prueba de manera fehaciente la existencia del totalitarismo batasuno, islamista y el de todos aquellos, ya sean de izquierdas o de derechas, que cuestionan a partir de la mentira la legitimidad del sistema democrático representativo a la hora de tomar decisiones y la actividad de “corrupción generalizada” de los políticos.

En una sociedad democrática madura como la británica, la polémica en torno a la reducción del papel de la Administración pública en la actividad económica y la consiguiente potenciación de la iniciativa privada, en ningún momento se planteó en exclusiva como un proceso en el que los supuestos defensores de “lo público” acusaran a sus oponentes de estar guiados por el “oscurantismo”, la defensa del “interés malsano e inmoral del lucro”, el estar “al servicio de las multinacionales extranjeras” o demás prejuicios ideológicos vacíos de contenido, pero con el suficiente grado de falsedad para confundir y desorientar a los ciudadanos. En esta tierra nuestra, por el contrario, la discusión sí pasa por ahí. Y entre las razones que lo explican, está sin duda la ya apuntada de la manipulación, pero también, la de ser herederos de una ideología que proviene de la izquierda (y del fascismo, que no es más que un “tertium genus” entre derecha e izquierda) que se niega a aceptar la evidencia empírica de las virtudes del capitalismo como sistema económico favorecedor del mejor desarrollo humano hasta hoy conocido. Que esto siga ocurriendo después de la agraciada desaparición casi total de los llamados países de “socialismo real”, no sólo es preocupante, sino signo evidente de que las ideologías totalitarias han de ser combatidas y denunciadas sin tregua a fin de que las mismas no fructifiquen entre los jóvenes a través de “plataformas”, “asambleas” o “coordinadoras” utilizadas por algunos para la consecución de objetivos políticos inconfesables.

En el círculo de países al que pertenecemos, la tendencia hoy dominante es la de recortar o reducir la intervención de la Administración pública en la actividad económica. España es un claro ejemplo de esta tendencia, y para ejemplo baste con señalar que entre 1985 y 1996 (gobierno del PSOE) el Estado privatizó unas setenta empresas públicas (Telefónica, Argentaria, Interholce, Repsol, Astican, Endesa, SEAT, Viajes Marsans, etc.). Los objetivos de este proceso privatizador eran varios: desde la búsqueda de la mejora de la eficiencia de la empresa a través de su internacionalización y la incorporación de nuevas tecnologías, pasando por la reducción de la dependencia de la empresa pública de los Presupuestos Generales del Estado o la consecución de la reducción del déficit público. El proceso supuso, en algunos casos, que el Estado se viera incluso obligado a sanear previamente determinadas empresas y a hacer aportaciones a fondo perdido (80.000 millones de las antiguas pesetas para compensar las pérdidas acumuladas en SEAT; asunción de 70.000 millones en deudas a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social del Banco de Crédito Industrial, etc.).

En mayor o menor grado, los supuestos defensores de lo público acusaron entonces al Gobierno de la Nación de estar “conchabado” con los intereses privados, de eliminar puestos de trabajo innecesariamente o de estar “vendidos” a las multinacionales extranjeras. En términos objetivos, sin embargo, la innegable realidad ha venido a poner de manifiesto que el proceso privatizador iniciado por los Gobiernos del PSOE y seguido por los Gobiernos del PP, ha deparado a nuestro país cotas de desarrollo económico importantes y, por ende, mayor riqueza y mejores oportunidades de trabajo para todos los españoles, y no sólo para aquellos (políticos y trabajadores) que vivían de la empresa pública.

Dejar que la iniciativa privada se desarrolle y cumpla con su cometido esencial que no es otro que el de crear riqueza, no sólo es bueno, sino además necesario. A las Administraciones públicas compete que ese fin se realice de acuerdo a normas y a instrumentos de control y supervisión de la actividad privada (de calidad, de protección a los consumidores, de protección del medio ambiente, de pago de impuestos, de respeto a la competencia, etc.).

Resulta cuanto menos significativo que sea en los países de economía capitalista donde en mayor medida se ha logrado alcanzar niveles efectivos de protección y respeto no sólo a los derechos humanos, sino a la protección de la naturaleza. Es verdad que esta realidad se niega por algunos sobre la base de repetir la vieja cantinela marxista de que ello ha sido posible gracias al expolio que estos mismos países practican sobre el llamado tercer mundo. Sin embargo, como casi todo en esta vida, la tozudez de la realidad pone continuamente de manifiesto que los análisis simplistas sobre la misma sirven para bien poco, aunque haya que reconocerles su capacidad para alcanzar conclusiones que se utilizan, sabiamente combinadas, para embaucar políticamente a más de un incauto investido con las etiquetas de “progresista” o “ecologista”.

Sirva lo anterior para explicar un caso paradigmático de empresa mixta en la gestión del agua que acontece en el paraíso por antonomasia de la empresa pública, la Cuba de la dictadura castrista. Después de años de revolución y voluntad de hierro para construir al “hombre nuevo”, de nacionalizaciones radicales (en realidad expolios) de empresas creadas con el esfuerzo de la iniciativa privada, resulta que hasta el año 2000, un alto porcentaje de los habitantes de la ciudad de La Habana carecían del elemental derecho a disponer de agua potable en sus domicilios. El que ello fuera así no era consecuencia del tan socorrido maligno bloqueo norteamericano, sino de la pura y simple incompetencia de las autoridades y de la impotencia del propio sistema para hacerlo. Bastó que a partir de ese año el Gobierno cubano permitiera a la iniciativa privada extranjera (española) entrar a formar parte de una empresa mixta, para que a finales del año 2004 el 95% de la población que se abastecía de agua mediante camiones-aljibe dispusiera de suministro domiciliario. El milagro no era consecuencia del santo socialismo, sino del malvado capitalismo. Claro, seguramente, en este caso sí que el proceso de privatización estaría presidido por la transparencia, la neutralidad ante la competencia y la ausencia de corrupción, y no como sucede en el caso de Santa Cruz de Tenerife, en que lo que domina, según los profesionales de la manipulación política, es el oscurantismo, el favoritismo a determinadas empresas y la corrupción de los políticos. Dios mío…

El alarmismo que se pretende infundir a los vecinos de nuestra ciudad en cuanto a la privatización parcial y temporal de EMMASA, no responde tan sólo a intereses de tipo político, sino que además el mismo carece de todo sentido y significado en un archipiélago en el que una parte considerable de los recursos hidráulicos no son de naturaleza pública, sino que los mismos están en manos privadas, son de titularidad privada. En su afán de defensa ideológica de los público como algo contrapuesto a lo privado, y ante su innata incapacidad de comprender que la consecución del interés privado conlleva también al logro del interés público, la llamada izquierda progresista se niega a aceptar la realidad incuestionable de que en Canarias han sido las reglas del mercado las que han permitido el abastecimiento de agua a nuestras poblaciones y a los distintos sectores productivos. El balance positivo en este campo de la iniciativa privada parece indudable, ¿por qué entonces cuestionar la posibilidad de que también la iniciativa privada pueda participar en la gestión del suministro de agua a la población de nuestra ciudad?. Estamos convencidos de que dicha participación sólo puede traer ventajas, y por ello, además de por otras razones de peso que confluyen en el presente caso, creemos defender el interés público cuando propugnamos la participación del capital privado en EMMASA

No se trata de un juego de palabras, ni de una broma pesada. Se trata de empezar a hablar con la verdad por delante tratando de dejar al margen circunloquios que lo único que pretenden es encubrir la realidad. Y la realidad no es otra que cuando se habla de privatización de la empresa pública se está confundiendo a los ciudadanos, porque lo que de verdad ocurre es lo contrario. Es el Estado el que resulta "privatizado en beneficio de una parte de la sociedad, unos grupos concretos, que dicen defender intereses generales y que, básicamente, defienden su fuente de poder y sus rentas.

Para acabar con esta situación, sólo resta hacer ’pública’ la empresa, es decir, privatizarla" (A. Cuervo). Téngase en cuenta que, en general, la empresa pública en España es punto de referencia de un modelo de sindicalismo caracterizado en lo fundamental por la consecución de objetivos económicos particulares que nada tienen que ver con los fijados para el resto de los trabajadores de las empresas privadas, y mucho menos, con supuestos fines sociales o estratégicos presididos por el interés público (esto último es pura ideología).

Esta situación, en la actualidad, se trata de extrapolar por parte de los sindicatos al resto del personal de la Administración Pública, lo que ya está conduciendo a una situación de verdadera crisis cuyas consecuencias negativas, de no adoptarse las medidas necesarias, serán en el inmediato futuro irreparables. La Administración pública tiene encomendados por ley el cumplimiento de determinadas funciones, y éstas sólo pueden ser realizadas directamente por ella. Es el caso de la recaudación de los tributos. Al tratarse de una función pública, la ley prohíbe que una empresa privada pueda realizarla. Cuestión netamente distinta es el caso del servicio de suministro de agua a los ciudadanos.

En el caso de nuestro municipio, este servicio ha sido desarrollado por una empresa pública, EMMASA. En términos de lenguaje político-sentimental está muy bien eso de proclamar que estamos ante una auténtica "joya de la Corona", que se trata de una empresa emblemática de todos los chicharreros, y que cualquier intento de poner en manos privadas un patrimonio "común e indivisible" es un atentado de lesa patria. Si además, ese lenguaje se acompaña de acusaciones falsas y mentiras, el resultado es el esperado: favorecer un estado de opinión contrario a la verdad y a los auténticos intereses públicos.

Aquí la verdad no es otra que la de estar convencidos de que los actuales niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del servicio que presta EMMASA, se verán automáticamente mejorados a partir de la presencia de la iniciativa privada en las tareas de gestión de la empresa, y no porque ello sea un acto de fe, sino porque la experiencia lo demuestra de manera fehaciente. Pero además, no sólo exigencias de un mejor funcionamiento aconsejan el proceso de privatización de EMMASA, sino también, la necesidad de poder contar con unos recursos financieros que permitan a nuestro Ayuntamiento acometer un ambicioso plan de inversiones 2005-2008 en obras fundamentales de infraestructura para la ciudad, y en la que un capítulo central del mismo son las obras en los barrios.

La fijación de las condiciones de privatización, entre las que cabría destacar la garantía de los actuales puestos de trabajo, la posibilidad de que al concurso puedan presentarse uniones temporales de empresas, la garantía de que corresponde al Ayuntamiento en exclusiva la aprobación de las tarifas, la presencia de representantes políticos en el Consejo de Administración de la empresa, etcétera, no sólo han sido determinadas con rigor por los técnicos municipales, sino que también, muchas de ellas son la traducción de observaciones e ideas puestas de manifiesto por los grupos de la oposición municipal.

Es evidente que está aún por llegar el día en que el espíritu de empresa se equilibre con el espíritu administrativo. Pero de la sabia combinación de ambos depende en buena medida la garantía de un desarrollo económico estable, armónico y saludable para todos.


Guillermo Núñez
Portavoz de CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz
Catedrático de Derecho financiero y tributario de la Universidad de La Laguna

 

 

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