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08/02/2005 - Gabriel Calzada
LA UNIÓN BANANERA


Hace unas semanas, el comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy, anunció la propuesta de la CE para sustituir las restricciones cuantitativas a la importación de banano por una tarifa única consistente en un arancel de 230 euros por tonelada de plátano importado. De esta forma la UE pretende seguir toreando a los pobres habitantes de los países productores de la fruta amarilla y a los secuestrados consumidores europeos.

Cambia la herramienta de ingeniería social pero continúa la política contra la libertad de comercio. La justificación consiste en que unas cuarenta mil familias canarias viven de la producción del plátano y se verían negativamente afectadas si se permitiese que los europeos compren la fruta en libertad. El argumento tiene su importancia. Efectivamente, si cada uno pudiera ejercer su derecho a comprar el plátano que más le apetezca, habrá quienes no vendan nada debido a la baja calidad, al elevado precio, o a la combinación en su oferta de estos dos factores. Eso pone a los productores de plátano canario en la difícil situación que el agresionismo –el mal llamado proteccionismo- trata de evitar.

Pero en caso de que siguiendo ese argumento se prohíba el intercambio libre, habrá víctimas inocentes. Sin embargo, éstas no suelen ser tenidas en cuenta. Por un lado está el agricultor del tercer mundo que no puede vender su producto a un consumidor deseoso de comprárselo y, por el otro, el consumidor europeo que no puede adquirir el plátano al precio que un productor está dispuesto a vendérselo. Nunca está de más recordar que cada vez que un individuo o una empresa elige comprar libremente un producto, éste y el vendedor con el que cierran el acuerdo salen beneficiados. En este sentido el comercio justo y el comercio libre son una misma cosa. Por desgracia, con demasiada frecuencia los escasos escrúpulos éticos de quienes no logran vender su producto en el mercado libre al precio que desearían les lleva a solicitar el uso del monopolio público de la violencia contra la exitosa competencia y, por lo tanto, contra el consumidor. Así, la defensa de los privilegiados agricultores canarios son la excusa para que, en estos tiempos de "solidaridad" a la fuerza con los gobiernos de los países pobres, la UE trate de evitar que los sufridos agricultores de esas regiones necesitadas del mundo puedan salir adelante intercambiando libremente los frutos de su trabajo con los ciudadanos europeos.

Pero además de empobrecer al campesino latinoamericano y al consumidor europeo, las restricciones a la importación de plátanos, empobrecen a la inmensa mayoría de los ciudadanos a ambos lados del atlántico a través del mantenimiento artificial de procesos productivos ineficientes. En este sentido el comisario europeo de Comercio ha reconocido que con esta política la UE pretende "proteger" a los productores comunitarios de plátanos frente a la importación de productos "más competitivos". Pero, ¿por qué hacerlo sólo con el plátano? Después de todo, si el agresionismo es bueno aplicado a los plátanos, debería de serlo también para todos los demás bienes económicos. Reclamemos entonces a la magnánima UE la imposición de aranceles a la importación de coches, armarios, suelos, cristales, tostadoras, ordenadores, teléfonos móviles y demás productos que ofrezcan una buena relación calidad-precio. Afortunadamente, a nadie se le ocurre defender que premiemos en general a los productores ineficientes, a quienes utilizan más recursos escasos y valiosos en la producción de un bien, y que castiguemos a quienes producen ese mismo bien sin despilfarrar medios de producción.

Del mismo modo, "proteger" el plátano canario de aquellos más competitivos significa, además del empobrecimiento de quienes protagonizarían los intercambios si imperase la libertad, el despilfarro continuado de agua, mano de obra y tierra en Las (ya no tan) Afortunadas islas. Y es que sería realmente asombroso que permitiendo que nuestro gobierno nos aplique la política de bloqueo comercial que sólo nuestro peor enemigo trataría de imponernos en tiempos de guerra, la sociedad pudiese salir beneficiada.


Gabriel Calzada Álvarez es representante del CNE para España


Publicado originalmente en "Libertad Digital."
Con autorización de su autor

 

 

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