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16/06/2005 - Gabriel Calzada
Renta básica, errores capitales

Renta básica, errores capitales

La proposición plantea que todo ciudadano mayor de edad reciba como mínimo un 50 por ciento de la renta media de su comunidad autónoma y que los menores de 18 años cobren al menos la mitad de esa cuantía. El enorme desincentivo a llevar a cabo actividades productivas que generaría una propuesta como esta es sobrecogedor.

El pasado 19 de enero, Esquerra Republicana de Cataluña presentó una Proposición de Ley para la instauración en España de la renta básica a la que se ha sumado, el 15 de abril, el Grupo parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds. La idea es bastante simple y parece estar convirtiéndose en el nuevo tótem de todos los grupos contrarios a la globalización, al mercado libre y a una sociedad regida, en la mayor medida posible, por los intercambios voluntarios y las relaciones contractuales mutuamente consentidas. Se trata de que todo ciudadano, por el mero hecho de serlo, tenga derecho a una renta. Un sueldo para toda la vida, como en las promociones de café instantáneo. Eso sí, con la oceánica diferencia de que en esta ocasión la enorme suma de dinero que habría que transferir mensualmente a todos los ciudadanos no pertenecería a quienes hacen la promoción sino al sufrido contribuyente.

La proposición plantea que todo ciudadano mayor de edad reciba como mínimo un 50 por ciento de la renta media de su comunidad autónoma y que los menores de 18 años cobren al menos la mitad de esa cuantía. El gran mérito que hay que demostrar estar cumpliendo para poder poner la mano en el bolsillo ajeno es ser ciudadano. Ni siquiera se precisa ser un buen ciudadano, posiblemente porque el ciudadano responsable trata por todos los medios de no depender de la riqueza que pertenece a otros, de modo que esa condición reduciría extraordinariamente la aplicabilidad de la propuesta. No, vale con tal de ser un ciudadano, acepte o no las más elementales normas éticas.

El enorme desincentivo a llevar a cabo actividades productivas que generaría una propuesta como esta es sobrecogedor. Y no sólo por sus repercusiones financieras, sino, sobre todo, por las implicaciones de cara a una cultura del esfuerzo y la superación personal. Si el Estado del Malestar sobre el que la mayoría de los países de la Unión Europea hacen equilibrios como náufragos montados sobre tablones en medio del mar no ha colapsado aún, es por el estigma social que supone vivir de los programas asistenciales y de muchas subvenciones. Uno de los objetivos declarados de la proposición es precisamente “evitar la estigmatización de aquella parte de la población que depende de las prestaciones asistenciales para subsistir.” Si ninguna sociedad con economía libre de mercado ha implantado este sistema es, por encima de otras importantes razones, porque si eliminamos el estigma desincentivamos el trabajo y el maltrecho tablón se hundiría un poco más. Y es que las cuentas de quienes defienden la renta básica no salen en el mundo real. Éstas suelen hacerse sobre la base de lo que las familias ingresan antes de implantar la medida y se da por supuesto que ese dato no variará. Sin embargo, en el mundo de personas de carne y hueso la percepción de una renta básica a cambio de nada reduce considerablemente el número de individuos dispuestos a esforzarse cada día a cambio de un salario.

El carácter no condicionado “al hecho de haber trabajado remuneradamente o de estar dispuesto a hacerlo”, como plantea la proposición, no sólo destruye los incentivos más fundamentales de nuestra sociedad sino que pervierte cualquier idea de justicia. Se provocará un enorme sentido de rencor de quienes pagan elevados impuestos hacia quienes ellos sospechan que no tienen intención de trabajar. Es más, se dará rienda suelta a sentimientos tan dañinos para la cooperación social como el odio o, quizá aún peor, la envidia. En suma, la renta básica fragmentará dramáticamente la sociedad.
Tan sólo el impresionante historial demagógico de muchos grupos de la izquierda radical que impulsan la medida permite entender que digan hacerlo en aras de incrementar el grado de libertad real. Y es que cuando los igualitaristas hablan de libertad se refieren a la libertad definida en términos positivos. Es decir, libertad de hacer lo que a uno le plazca al margen de que alguien tenga que ser coaccionado para conseguirlo. Esa corrupción del concepto de libertad choca frontalmente con la idea occidental de ausencia de coacción siempre que uno no violente la vida o la propiedad del vecino. Nos encontramos por lo tanto ante una propuesta claramente liberticida a pesar de los coloridos ropajes con la que es presentada.

El gran objetivo según el texto de la proposición es el de eliminar la pobreza. Pero, dinamitando la libertad individual y el espíritu de sacrificio, difícilmente podrá erradicarse. Antes bien, crecerá hasta puntos insospechados para quienes no entienden que el bienestar en la sociedad libre de mercado se asienta en unos principios éticos sin cuya defensa la generación de los incentivos para la generación de riqueza se desvanecen irremediablemente. Por lo tanto, los pobres no necesitan salarios básicos con sus nuevos funcionarios e impuestos adicionales. Necesitan ante todo que el estado deje de poner barreras a la generación de riqueza por parte de los ciudadanos para que así puedan integrarse en el proceso de división del trabajo y del conocimiento. Para eso, lo que se precisa es comenzar a desmontar con urgencia el intervencionista Estado del Malestar

 

 

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