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25/05/2005 - Benito Codina
¿Quién vela por los intereses de los consumidores?

Ante los comercios de “Descuento Duro”, ¿quién vela por los intereses de los consumidores?

Benito Codina

En estas fechas estamos asistiendo al planteamiento de una crítica feroz a la iniciativa empresarial de instalación de comercios de “Descuento Duro” en diversos municipios de nuestra isla. Lo primero que puede preguntase el lector no suficientemente informado es qué significa ese termino. Brevemente, podemos decir que son establecimiento comerciales de “descuento duro” los de venta al por menor de productos de alta rotación y consumo generalizado, situados en medianas superficies y que suelen tener como característica distintiva, entre otras, que no ofrecen venta asistida, que un gran número de las marcas comerciales que ofrecen son propiedad de la cadena titular del negocio o fabricadas en exclusiva para la misma y que muchos de los artículos ofertados se exponen en sus propias cajas, sin desempaquetar.

Quienes se manifiestan en su contra, lo hacen pidiendo moratorias en el otorgamiento de las oportunas licencias comerciales a estos establecimientos, supuestamente, para con ello favorecer al pequeño comercio, y así protegerle de las consecuencias negativas que la instalación de este tipo de establecimientos produce en él. Con esa postura dirigida a la ultra-regulación comercial, y al proteccionismo a ultranza, no entienden que lejos de favorecerle, lo están perjudicando. Y si no, comparemos los datos oficiales por Comunidades Autónomas. Demuestran bien a las claras que la liberalización no sólo no ha perjudicado al pequeño comercio, sino que las que son más restrictivas son las que mantienen menos pequeños comercios, crean menos empleo, conservan menos tejido comercial, y son las más inflacionistas. ¿Es ese el futuro que desean para nuestro tejido comercial?. Quizás la ansiedad por obtener un titular periodístico y la satisfacción por un halago malintencionado de quienes quieren que todo siga igual, les hace no ser conscientes de lo que están poniendo en juego. Resulta sorprendente que, en medio de este debate, esos detractores del libre comercio no recuerden que desde hace bastantes años, según datos de la Organización Nacional de Usuarios y Consumidores (OCU), el precio medio más caro de la cesta de la compra en España está en Canarias.


Al pequeño comercio no se le fortalece otorgándole un falso proteccionismo, ni limitando la libertad de comercio, ni limitando aquella que resulta aún más importante, la del consumidor para decidir dónde y cuándo comprar. Por cierto, recuerdo que precisamente los consumidores somos los votantes más numerosos. Al pequeño comercio se le protege a través de ayudas directas, mediante la reducción de los impuestos ligados a la actividad, generando infraestructuras públicas que faciliten el acceso de los consumidores al mismo, tales como aparcamientos, zonas de ocio, etc. Se le protege propiciando la implantación de las mismas estrategias que ha ayudado a esta nueva forma de negocio a tener éxito, esto es, a través de estrictos controles de costes; prestando especial atención al control logístico; con sencillez en la organización interna y polivalencia de los empleados a la hora de realizar sus funciones, para conseguir un aumento de la productividad del establecimiento; con un estricto control de la calidad tipo o estándar de los productos; dándole importancia en las negociaciones comerciales a los aspectos de mutua colaboración a largo plazo; prestando especial atención en la selección del surtido y de los fabricantes; utilizando las últimas tecnologías para gestionar los establecimientos de la forma más eficiente, etc.


A quién debe preocupar la implantación de los establecimientos de “descuento duro” no es a los consumidores, dado que este tipo de supermercados vende sus productos, prácticamente todos de marca blanca, a unos precios realmente competitivos. Ni tampoco esa preocupación debieran tenerla los pequeños agricultores, ni los carniceros, etc., ya que este tipo de comercios no pretenden contar en las islas con puntos de venta de productos frescos, ya sean éstos frutas, verduras, carnes o pescado. Quienes se deben preocupar son aquellos con los que irían a competir directamente, las cadenas de supermercados ya implantadas en las islas y no precisamente de capital canario, por si eso sirve de algo. Por lo tanto, ¿a quién beneficia esta iniciativa?, ¿que consecuencias para el consumidor puede tener su incorporación a nuestro tejido comercial?. La respuesta es clara, beneficia al consumidor final, es decir, a todos y cada uno de nosotros y la consecuencia lógica debería de ser el descenso del precio medio de la cesta de la compra.








 

 

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