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30/04/2005 - Gonzalo Melián Marrero
La política de alquiler

La política de alquiler


El alquiler es una de las medidas básicas para solucionar el problema del acceso de todos los ciudadanos españoles a una vivienda digna. Es, como poco, asombroso que la medida aportada para contribuir a la mejora de dicho mercado por la Ministra de Vivienda María Antonia Trujillo no sea otra que la de la creación de una Sociedad Pública de Alquiler a nivel nacional. Sociedades que ya existen en muchas comunidades autónomas y que vienen realizando un estupendo trabajo. Me pregunto cómo después de este tipo de anuncios del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pueden ser solo un 42% de los españoles los que se fíen “poco o nada” de él. Una vez más este gobierno nos demuestra que lo único que hace en materia de vivienda son pobres medidas que sirven más para aparentar actividad despilfarrando el dinero público de manera descabellada que para ayudar a los españoles, en especial a los jóvenes, a poder disfrutar de una vivienda digna que les permita desarrollar su vida con total libertad (se nota que a este gobierno le sobra el dinero en sus bolsillos y los m2 en sus viviendas).

Si el Gobierno hiciera tan solo un análisis somero del mercado de alquiler en nuestro país se daría cuenta que es bastante ínfimo, no sólo porque el 26% del parque de alquiler está deteriorado o en ruina, sino también porque tan sólo el 11% de las viviendas que hay en España están destinadas al alquiler. Por otra parte, el 99% del mercado está ocupado por arrendadores particulares y personas físicas siendo el sector profesional casi inexistente.

Después de lo dicho, una de las principales medidas para solucionar el problema sería la profesionalización del mercado y, por supuesto, las acciones que hay que llevar a cabo de inmediato (antes de estar haciendo disparates con el dinero público) son las que señaló el Portavoz de Vivienda del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Pablo Matos. Estas actuaciones son la aplicación de los juicios rápidos aprobados en la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2003 y la modificación de la arcaica Ley de Arrendamientos Urbanos para que otorgue mayor seguridad jurídica a la relación propietario-inquilino. Estas medidas son fundamentales, ya que sin ellas nos seguiríamos encontrando a unos inquilinos con una posición legal privilegiada y a unos propietarios que seguirían sin sacar sus viviendas al mercado dado que no podrían recuperar su propiedad sin antes tener que perder muchísimo dinero y tiempo.

Para la profesionalización del mercado del alquiler sería bueno aconsejar a la señora María Antonio Trujillo y a su increíble equipo que miraran más a países con una economía basada en el libre mercado que a países del Norte de Europa en los que se cobran impuestos hasta por respirar, a no ser que ése sea el futuro que quiere el Gobierno Socialista actual para los españoles.

Las opciones principales para fomentar la inversión colectiva en inmuebles de forma profesional de estos países para que la ministra no tenga ninguna duda y no pierda el tiempo buscando son los REITS (Real State Investment Trust) y los fondos inmobiliarios. La primera es originaria de EEUU aunque ya se ha extendido por Australia, Japón, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong, y Alemania, Italia y Reino Unido ya lo tienen en vías de tramitación. Los REITS son corporaciones que combinan el capital de muchos inversores que compran sus acciones como forma de financiación para cualquier tipo de inversión inmobiliaria. Sus acciones cotizan en mercados organizados y la principal diferencia de estas sociedades con los fondos europeos es que a la misma vez que canalizan el ahorro son promotores de viviendas y bienes inmuebles y juegan un importante papel activo en el sector de la construcción. La segunda opción es la de los fondos de inversión inmobiliarios cuyos principales objetivos son la revalorización del capital a largo plazo y permitir canalizar el ahorro para poder hacer frente a la promoción, construcción, rehabilitación y gestión de los alquileres. España solo representa el 2,7% del volumen de los fondos de inversión inmobiliarios europeos y dista mucho de países como Alemania, que colabora con el 61%, y cuya economía es más dinámica en este campo.

Como comentario final, la Ministra Trujillo debería de dimitir (no tendremos esa suerte), o empezar ya a realizar verdaderas reformas en el campo del alquiler. Si realizara alguna de las dos opciones que se han comentado vería como la profesionalización de dicho campo proporcionaría un mercado mayorista y organizado con precios más módicos y fiables. Además se eliminaría el oscurantismo fiscal que existe hoy en dicho mercado, habría un mayor control y un incremento en la recaudación, eso que tanto les ha gustado siempre a los socialistas. Por último, también produciría un incremento del ahorro que podría ser utilizado en otro tipo de inversiones a largo plazo, como los planes de pensiones (otro oscuro objeto de deseo para las ansias impositivas de nuestros queridos gobernantes del gasto alegre y las políticas de fuegos artificiales). Pero todo lo comentado hasta ahora no serviría para nada si no se llegara a realizar la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la aplicación de los juicios rápidos.



Gonzalo Melián

 

 

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