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Artículos

29/03/2005 - Alberto Mansueti
Agenda Liberal para Venezuela


DESESTATIZACIÓN:
PROGRAMA DE TRANSICIÓN
A UN GOBIERNO LIMITADO




I. FINES Y OBJETIVOS
II. VÍAS Y MEDIOS



Venezuela, Marzo de 2005




Partido Liberal
FUERZA EMANCIPADORA (FE)

EQUIPO DE DOCTRINA Y PROGRAMA
Coordinador: Dr. Alberto Mansueti



SUMARIO



PRIMERA PARTE: FINES Y OBJETIVOS


DIAGNÓSTICO Y OBJETIVO GENERAL
INTRODUCCION: CONCEPTOS BÁSICOS
QUÉ ES EL ESTATISMO
LOS TRES PRINCIPIOS BÁSICOS DEL LIBERALISMO
¿Para qué Gobierno? ¿Cuáles son sus funciones?
Gobiernos limitados: los tres límites
La causa de la pobreza es la inmensa concentración de poder
La concentración de poder es también causa de la corrupción y la ineficiencia
LAS LEYES MALAS
Solución: dejar vivir libremente a las fuentes de riqueza y desarrollo personal
Las tres funciones propias y naturales de los Gobiernos
ENSEÑANZA, ATENCIÓN MÉDICA Y PREVISIÓN MEDIANTE CUPONES
OBJETIVOS ESPECIFICOS: LOS 9 PUNTOS DE LA AGENDA LIBERAL PARA VENEZUELA
1. Reforma del Estado, privatización y recuperación de la soberanía
2. Recorte de impuestos y cese al endeudamiento público
3. Deflación: rebaja sustancial de precios, con mejoría en el nivel de vida general
4. Capitalización popular por privatización con acciones en los centros de trabajo
5. Educación, medicina y previsión de primera para todos
6. Más empleo productivo, riqueza y bienestar para todos
7. Libertades personales e independencia de las instituciones privadas
8. Reforma Judicial
9. Alto al desborde criminal
OBJETIVO PARA LAS REGIONES: VACACION LEGAL PARA LAS LEYES MALAS




SEGUNDA PARTE: VÍAS Y MEDIOS


EL PRESIDENTE MANDA E IMPORTA MENOS QUE EL CONGRESO
EL MITO DE LAS LEYES BUENAS
¿CUÁLES SON LAS LEYES MALAS?
Introducción: en el orden internacional
I. Actividades económicas (7)
II. Impuestos (3)
III. Discriminaciones y privilegios (3)
IV. Trabajo y relaciones laborales (3)
V. Moneda, banca y finanzas (5)
VI. Bolsa, cambios, seguros (3)
VII. Actividades “sociales” (4)
VIII. Criminalidad y justicia (3)
RESUMIENDO PARA CONCLUIR
BREVE APÉNDICE SOBRE EL PARTIDO




PRIMERA PARTE:
FINES Y OBJETIVOS


DIAGNÓSTICO Y OBJETIVO GENERAL

Mucho se oye que “El mal de Venezuela es la falta de educación”. Se alude a la pésima instrucción que se imparte por el Estado o bajo su égida uniformista. Este es un diagnóstico equivocado, como los que abundan en Venezuela, cuyo verdadero mal es el estatismo.

Cada país tiene un sistema de Gobierno, que encarna y se expresa en la Constitución y las leyes. Básicamente hay dos grandes sistemas: el estatismo, o predominio abusivo del Gobierno, en nombre del Estado; y su opuesto el liberalismo, o sistema de Gobierno limitado.

-- Lo que Venezuela ha tenido en el pasado es estatismo, y cada vez más. Y ha fracasado.
-- Lo que tiene ahora es socialismo, que es el estatismo llevado al extremo.
-- Lo que Venezuela necesita es lo opuesto: Gobierno limitado, la única salida hacia el orden y la justicia, el progreso, la prosperidad y el bienestar generales.

Venezuela requiere:
-- Una nueva Constitución, que consagre el nuevo sistema liberal de Gobierno; y leyes concordantes, que lo expresen, manifiesten y pongan en práctica.
-- Y un partido político que promueva, impulse y oriente el proceso de cambio para mejor, asumiendo su defensa y conservación una vez adoptado.


INTRODUCCION: CONCEPTOS BÁSICOS

Toda economía es capitalista porque emplea ahorros y medios de producción para multiplicar los bienes y servicios. Pero el capitalismo puede ser de Estado o liberal:

-- El mercantilismo es el estatismo o capitalismo de Estado en provecho exclusivo de los sectores económicos establecidos;
-- y el socialismo es igual, en provecho exclusivo de los grupos políticos dominantes;
-- el “neo” liberalismo es la forma actualizada y un poco disfrazada de mercantilismo;
-- el liberalismo es el capitalismo para todos, sin restricciones ni privilegios.

En Venezuela no se conoce el liberalismo. Muchos años de excesos, abusos y estragos del mercantilismo -cada vez peores-, nos trajeron ahora como reacción el socialismo: un remedio que no remedia, igual de malo o peor que la enfermedad cuya cura vanamente pretende.


QUÉ ES EL ESTATISMO

1. En lo político: Gobierno ilimitado, con demasiadas funciones diversas y heterogéneas, impropias de su naturaleza, e incapaz de cumplirlas. Mas para ese fin se arroga infinidad de poderes. Y se apropia de enormes cantidades de recursos a título de impuestos. Así somete nuestras libertades y nos esclaviza. Toma nuestros recursos y nos empobrece.
2. En lo económico: mercados cerrados a la competencia libre y abierta.
3. En lo social y cultural: instituciones privadas dependientes del Estado.


LOS TRES PRINCIPIOS BÁSICOS DEL LIBERALISMO

Son los opuestos a los anteriores; respectivamente:
1. En lo político, Gobiernos limitados.
2. En lo económico, mercados libres.
3. En lo social y cultural, instituciones privadas separadas del Estado.

El primero es el más fundamental, por eso el Liberalismo se conoció en el pasado como Doctrina del Gobierno limitado; y en consecuencia, de la libertad personal, que es su resultado. Por su origen histórico en Occidente también se le conoció como Doctrina Bíblica del Gobierno. A veces se le llamó “liberalismo” por oposición al mercantilismo, y otras veces, por oposición al socialismo se le llamó “conservadurismo” de las funciones restringidas y límites de los Gobiernos.

De todos modos, esos tres son sus principios inconfundibles. El segundo y tercero resultan del primero, porque sólo con Gobiernos limitados es posible tener:

-- en lo económico, mercados libres, y por eso altamente eficientes y productivos, y así remunerados sus factores con ingresos sólidos, y por eso con amplia capacidad adquisitiva. Sin el Estado multipropósito, enorme y ultragastador, los mercados libres pueden sostener empresas rentables -manufactureras, agropecuarias o de servicios-, y sin subsidios.

-- en lo social y cultural, sólidas instituciones privadas: familias, empresas, gremios, medios de comunicación, escuelas, clínicas, entes de previsión, iglesias y otras asociaciones voluntarias; sin la dependencia tutelar y dominio de los Gobiernos, pueden desarrollarse vigorosas y autónomas, en el contexto de una economía próspera.


¿Para qué Gobierno? ¿Cuáles son sus funciones?

Se oye que tal o cual asunto es “muy importante” y por eso el Gobierno debe atenderlo. No es así. Muy importante en la vida es el amor; y no hay un Ministerio del Amor (esperemos no haberle dado una mala idea a los Gobiernos con este ejemplo ...)

El Gobierno es el monopolio legal de la fuerza en representación del Estado, que corporiza, actualiza y opera. Por consiguiente, la sociedad necesita Gobierno para todo aquello que requiere el empleo de la fuerza o la coacción: hacer la guerra, perseguir el crimen y juzgarlo, y recolectar impuestos suficientes para pagar estas funciones y las obras públicas contratadas. Tales son sus funciones propias naturales. Nada más.

En Venezuela los políticos discuten sobre si tales o cuales negocios con el petróleo u otros bienes son buenos o malos para el Estado. Pero el Estado no existe para hacer negocios; ni malos, ni buenos. No para ser empresario, banquero, agricultor, minero o transportista. Tampoco para ser maestro o profesor, médico o enfermera, ni agente y corredor de contratos de seguros previsionales. Existe para ser soldado y policía, diplomático, juez y oficial de justicia, y contratista de obras públicas. Y en todo caso para distribuir entre los pobres cupones de atención educativa, médica y previsional, equivalentes a dinero y reembolsables a las instituciones privadas prestatarias. Nada más.

Sembrar y cosechar, comerciar y fabricar, educar y aprender, practicar la medicina y ser atendido como paciente, y comprar y vender un seguro de previsión para contingencias o retiro, u otro bien o servicio cualquiera, son actividades que no requieren fuerza. No necesitan Gobierno, a menos que algún crimen o estafa requiera la intervención de los jueces.


Gobiernos limitados: los tres límites

Conforme a la doctrina del Gobierno limitado, sus límites son de tres órdenes:
1. en Funciones,
2. en Poderes y atribuciones,
3. en Recursos y Gastos.

Los límites en las funciones son determinantes de los otros. Pues con menos funciones -limitadas a las defensivas, represivas y judiciales, y contratación de obras públicas-, los Gobiernos tienen:
-- menos poderes y atribuciones, y los ciudadanos más libertad.
-- menos recursos y gastos, y los ciudadanos más riqueza.


La causa de la pobreza es la inmensa concentración de poder

Primeramente, no confundir pobreza con desigualdad económica:
-- La pobreza mueve a compasión; la desigualdad en cambio provoca envidia, un bajo sentimiento que no debe ser inspirador de políticas y medidas de Gobierno. Y la desigualdad no es remediable.
-- La pobreza sí tiene remedios: la caridad; siempre y cuando afecta a una parte pequeña de la sociedad, no a la inmensa mayoría. Cuando casi todos somos pobres, es señal de que el sistema de Gobierno es malo; y de la apremiante necesidad de cambiarlo, única cura en este caso.

Cierto grado de pobreza es un fenómeno natural e inevitable en toda sociedad. “Siempre habrá pobres entre vosotros”, dice Nuestro Señor Jesucristo en la Biblia (Mt. 26:11; Mr. 14:7; Jn 12-8). Pero no dice que la inmensa mayoría será pobre; ni que deba serlo siempre, y por causas no todas a los pobres atribuibles. De hecho también dice críticamente que “los gobernantes se enseñorean sobre las naciones, y se arrogan sobre ellas potestades, haciendose llamar bienhechores.” (Mt 20:25; Mr 10:42; Lc 22:25). No autoriza a los Gobiernos para despojar a los ricos con el pretexto de ayudar a los pobres. Dice sí que todos los particulares -y los ricos especialmente- debemos ayudar a los pobres, mas voluntariamente. Sin embargo la ayuda caritativa es ineficaz e ilusoria cuando la inmensa mayoría se ha empobrecido, principalmente por los impuestos. Lo que cabe es una devolución, como en el caso Zaqueo (Lc 19: 2-10).

El exceso y diversidad de funciones atribuidas a los Gobiernos es uno de los factores que les impide cumplir siquiera alguna de real interés público. Porque con la excusa de cumplir todas las que se arroga, indebidamente nos despojan a las personas de:
-- infinidad de poderes y atribuciones de todo orden, con los cuales reducen nuestras libertades, económicas y no económicas;
-- enorme cantidad de recursos (como los provenientes del petróleo y demás recursos naturales) y otros impuestos, visibles (a las personas, capitales y actividades) e invisibles (p. ej. inflación monetaria, e ingresos de las loterías y juegos.)

Así los Gobiernos concentran injustamente el poder, nos someten y empobrecen, y nos impiden satisfacer nuestras necesidades por nosotros mismos, y acceder a la prosperidad y el bienestar por medios y esfuerzos propios. La concentración de poder causa la falta de libertad, y la consiguiente pobreza, que no es producto de la corrupción, como creen muchísimos de los diagnósticos mal hechos.


La concentración de poder es también causa de la corrupción y de la ineficiencia

Se dice corrientemente “corrupción” cuando un funcionario -a veces asociado a un particular- le roba al tesoro del Estado. Pero no cuando el Estado nos roba a todos -funcionarios y particulares- mediante la inflación y los agobiantes impuestos, para constituir ese inmenso tesoro público, atractivo botín del cual cada quien que puede aprovecha para tomar un pedacito (o pedazote.)

El despojo masivo a cargo del Esado es causa de “la corrupción”, interminable serie de corruptelas, consecuencia inevitable del estatismo. Es efecto de la concentración de poder, y por consiguiente de inmensos recursos, cuya vigilancia y cuido se hace imposible, y el despilfarro y uso deshonesto se hacen regla. Es irreal esperar otra cosa en Gobiernos ilimitados: la corrupción se agiganta y se vuelve monstruosa e intratable. Sólo en un Gobierno limitado la corrupción es limitada; y por consiguiente tratable por sus remedios propios judiciales.

Con la ineficiencia sucede igual: en un Gobierno excedido en funciones, competencias y recursos, no puede haber cumplimiento y aplicación eficientes. Lo que debe cambiar es el sistema de Gobierno -que encarna en las leyes y la Constitución-, y no sólo las personas que lo ejercen.


LAS LEYES MALAS

Un Programa Liberal de Gobierno es prácticamente una Agenda de Leyes para su Derogación. Y es programa esencialmente para el Poder Legislativo -y eventualmente el P. Constituyente-, al efecto mucho más importante que el Ejecutivo. Porque sólo puede derogar una Ley quien tiene facultad para dictarla.

En Venezuela hay muchísimos mitos, como el de ser un país rico, cuando en realidad lo es el Estado, y no la nación, que es la sociedad. Otro mito: que todas las leyes son buenas, y todos los males devienen de su (presunto) incumplimiento. La realidad no es así. Las leyes buenas hace mucho tiempo pasaron a la Historia del Derecho venezolano. La mayoría de las leyes presentes son malas, a la vez causa, resultado y expresión del estatismo. Son malas porque no son generales sino particulares -una para cada sector, actividad o categoría-, y porque son minuciosamente reglamentaristas: impiden la libertad y a la prosperidad de las personas, y al negar su madurez, la retrasan. Hay que derogarlas.

Las leyes malas son las que:
-- Atribuyen al Estado y a sus funcionarios las mejores, más nobles y elevadas intenciones. Y una multiplicidad de funciones impropias, para el supuesto cumplimiento de las cuales depositan en sus manos toda clase de facultades, derechos y libertades. Y medios, arbitrios y recursos.
-- Y atribuyen a los particulares las peores y más nefastas intenciones, imponiendo prohibiciones y vedas, limitaciones y restricciones, y exigiendo inspecciones, supervisiones y controles.

En la Segunda Parte hay una exposición, no exhaustiva, de las leyes malas, describiendo sus perversos efectos, exponiendo las razones que justifican su derogación inmediata, y anticipando los beneficios que se seguirán a su inactivación. Claro que su derogación es imposible en el marco de la presente Constitución; por eso proponemos una nueva, muy breve, consagratoria de los principios del Gobierno limitado.


Solución: dejar vivir libremente a las fuentes de riqueza y desarrollo personal

¿Se cumplen o no las leyes malas? Tienen tres clases de efectos negativos y destructivos sobre iniciativas y emprendimientos privados:
-- Muchos son desalentados y abortados antes de comenzar, y así se les impide nacer y funcionar;
-- Otros son entrabados y castigados luego de nacer, disminuyendo su provecho y crecimiento;
-- Otros compran encubiertamente impunidad a los funcionarios, generando muy rentables corruptelas y nichos monopólicos.

El remedio es su derogación. Una vez derogadas las leyes malas -incluyendo las reformas malas a las leyes buenas-, entonces recuperarán sus espacios de vigencia los Códigos de la Era anterior al Estatismo, las leyes buenas, compatibles con el sistema de Gobierno limitado.

¿Cuáles son las Leyes buenas? Son principalmente los antiguos Códigos Civil, Comercial, Penal y de Procedimientos. Eran leyes generales, respetuosas de la iniciativa individual, propiedad privada, y concurrencia abierta en los mercados, sin monopolios, subsidios ni otros privilegios. Consagraban asimismo una amplia libertad de contratación para las personas naturales y corporativas, en el marco de la cual era posible llegar a negociaciones y acuerdos voluntarios, tan favorables a las partes como al conjunto de la sociedad. A estas leyes buenas es preciso volver.


Las tres funciones propias y naturales de los Gobiernos

Cumplir los fines del Estado, monopolio legal de la fuerza pública, que son tres:
1. Defensa nacional.
2. Administración de Justicia.
3. Obras Públicas, principalmente caminos, puentes y vías de comunicaciones.

Estado y Gobiernos no son propietarios del territorio, mucho menos de la población del país, tampoco sus tutores, padres sustitutos o mentores.


ENSEÑANZA, ATENCIÓN MÉDICA Y PREVISIÓN MEDIANTE CUPONES

Enseñar, practicar la medicina y ofertar seguros de previsión no son funciones propias naturales del Estado, pues no requieren fuerza o coacción para cumplirse.

Sin embargo, como consecuencia de décadas de estatismo, hay demasiados pobres, y están desatendidos. Sin duda la economía de libre mercado va a permitir el enriquecimiento de muchísimos pobres. Y siendo los pobres mucho menos en número, la caridad privada voluntaria será efectiva. Eso será cuando la sociedad deje de tener la forma de una pirámide o triángulo de amplia y numerosísima base de pobres, como hoy. Pobres que son ahora carne del comercio electoral, y triste destino de demagógicos halagos, y de una extensa lista de vanas e irrealizables promesas a título de “derechos humanos”. Será cuando la sociedad pase gradualmente a tomar la forma de un rombo, con una ancha franja media, fuente de estabilidad y progreso económico, político, cultural y social.

Pero mientras tanto ello vaya ocurriendo, se admite el financiamiento estatal de la demanda de estos tres servicios para los más pobres: enseñanza, atención médica y previsional. En instituciones privadas. Y mediante cupones reembolsables a las instituciones prestatarias -escuelas, clínicas y entes previsionales privados-, entregados a los pobres por los funcionarios estatales, a fin de pagar sus consumos. Así se eliminará la odiosa discriminación que hay ahora, entre los buenos servicios privados para quienes pueden pagarlos, y los malos servicios estatales para el resto. Al pasar del Estado propietario y prestatario al Estado pagador, se eliminará también mucha fuente de corrupción, ineficiencia e interminable conflicto. Y con el sistema de cupones, también ocurrirá que los trabajadores sociales dejerán de ser agitadores sociales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
LOS 9 PUNTOS DE LA AGENDA LIBERAL PARA VENEZUELA

Para Venezuela, los principios enunciados se concretan en 9 medidas o políticas, aplicables de manera inmediata, simultánea, conjunta e integral. Constituyen el Programa para la transición a un sistema de Gobierno limitado.


1. REFORMA DEL ESTADO, PRIVATIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL

-- Cambio de Constitución: una nueva Carta Magna en sintonía con estas medidas y políticas y los principios que las inspiran. Y cambio de leyes, con igual espíritu y fin. Seguramente sirven muchos antiguos textos constitucionales y legales en el pasado sustituidos por otros de valor muy inferior.

En el orden constitucional:
-- Definición y limitación de las funciones estatales a la defensa nacional, administración de Justicia, y contratación de Obras Públicas, principalmente caminos, puentes y vías de comunicaciones. Accesoriamente se admite el financiamiento con cupones de la educación, atención médica y previsional de los más pobres.
-- Descentralización y federalismo. Dentro de los límites de sus funciones propias, el Estado actúa de preferencia a niveles parroquial y municipal, y sólo en forma supletoria a niveles regional y nacional, en este orden, cuando razones comprobables así lo justifiquen.
-- Reducción del Poder Ejecutivo nacional en sus Ministerios: Defensa; Relaciones Exteriores; Gobierno y Justicia (comprendiendo Relaciones Interiores); Obras Públicas; Hacienda; Bienestar Social (a cargo de los cupones, su distribución, trámite y reembolso).
-- Limitación de los poderes y atribuciones estatales a aquellas competencias y facultades estrictamente necesarias y ligadas al cumplimiento de sus funciones propias naturales, y consistentes con el máximo grado de libertad personal.
-- Limitación de los gastos estatales a lo estrictamente necesario para satisfacer las funciones públicas; y nunca más allá de los sostenibles con una carga tributaria no mayor a un décimo de los ingresos personales gravables. Limitación, en consecuencia, de los recursos públicos.
-- Fin del sistema de propiedad y/o administración estatal de bancos, empresas, recursos y medios productivos económicos; y de instalaciones, equipos y activos destinados a la educación, atención médica y previsional, o a cualesquiera otra función impropia del Estado.

En el orden legal:
-- Privatización de los recursos naturales, de la industria petrolera y demás empresas estatales hasta la mitad del valor de mercado de los activos mediante distribución de acciones en la población; y aplicación del producido de la otra mitad al pago de la deuda pública vigente y revisada.

En el orden internacional:
-- Recuperación de la soberanía nacional en materia legislativa, revisando y derogando -completa o parcialmente- todas las leyes arbitrarias, irracionales e injustas que los organismos internacionales han dictado y dictan a nuestros Gobiernos a título de Tratados, Acuerdos, Convenios, Declaraciones y otros instrumentos internacionales suscritos.


2. RECORTE DE IMPUESTOS Y CESE AL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

En el orden tributario:
-- Impuestos dentro del límite constitucional establecido a la carga tributaria; y cese al uso de la inflación monetaria como instrumento impositivo; y cese a la contratación de deuda pública.


3. DEFLACIÓN: REBAJA SUSTANCIAL DE PRECIOS, CON MEJORÍA EN EL NIVEL DE VIDA GENERAL

En el orden monetario y de la banca:
-- Derogación del curso legal y plena libertad monetaria.
-- Derogación del sistema de encaje legal obligatorio, y libertad bancaria con plena competencia para las entidades financieras.
-- Deflación -lo opuesto a inflación-; que es lo que les pasa a los precios, una vez cesado el empleo de la inflación de dinero como instrumento de financiación por los Gobiernos; y con flexibilidad laboral, y los empresarios compitiendo por la mano de obra, ofertando mejores salarios reales y condiciones de trabajo, pero conforme a su productividad y no a las leyes y decretos arbitrarios.

En el orden productivo:
-- La deflación causará una muy saludable y enriquecedora explosión contractual y productiva, aunada a las priatizaciones y desregulaciones. Con capitalización y aumento de bienes y servicios, pero apagada la máquina de imprimir billetes. De esta manera el incremento inmediato en los ingresos reales de las personas, familias y empresas, no es un sueño ni otra utopía. Es potencialmente real, viable y factible. Basta con aplicar todas estas medidas y políticas.


4. CAPITALIZACIÓN POPULAR POR PRIVATIZACIÓN CON ACCIONES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

En el orden del empleo y la creación de riqueza:
-- Privatización de escuelas, hospitales, entes previsionales, y centros culturales, deportivos y recreativos de propiedad estatal, con preferencia de compra a sus maestros y profesores, personal médico y de enfermería, profesionales y técnicos -y administradores, empleados y trabajadores-; y finiquito a toda suerte de deuda pendiente con el personal mencionado.
-- Y el mismo principio se aplicará a todo ente estatal ligado a cualesquiera otras funciones impropias del Estado y sus Gobiernos.


5. EDUCACIÓN, MEDICINA Y PREVISIÓN DE PRIMERA PARA TODOS

En el orden de la Educación, Atención Médica y Previsión:
-- Desregulación de la oferta en educación, medicina y atención previsional, con autonomía plena de los entes y centros prestatarios, sola vía de mejorar su calidad, hoy muy decaída.
-- Financiamiento estatal de la demanda para los más pobres, en las instituciones privadas y privatizadas en pie de igualdad, mediante cupones reembolsables.


6. MÁS EMPLEO PRODUCTIVO, RIQUEZA Y BIENESTAR PARA TODOS

El incremento inmediato en los empleos disponibles, en su productividad, en los ingresos reales devengados y en la prosperidad general, no es promesa vana y demagógica. Es factible, pero es a través de la desregulación: libre mercado y competencia abierta. Se requiere:

En el orden del trabajo y las actividades profesionales, empresariales y económicas:
-- Derogación inmediata de la legislación regulatoria que maniata las libertades laborales, profesionales, empresariales y económicas. Y en general, desregulación de las libertades personales y de las instituciones privadas, descrito de modo más explícito en el punto siguiente.


7. LIBERTADES PERSONALES E INDEPENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS

En el orden de las libertades personales, iniciativa y autonomía de las instituciones privadas:
-- Desregulación generalizada, o derogación inmediata de las leyes malas no incluidas en las categorías anteriores, las que crean todo género de monopolios y oligopolios, atentando así contra las familias, empresas, gremios, medios de comunicación, escuelas, clínicas, entes de previsión, iglesias y otras asociaciones voluntarias, hoy enfeudadas por la dependencia tutelar y dominio de los Gobiernos.

En el orden de los gremios y asociaciones profesionales:
-- Serán reconocidos en sus funciones naturales como centros de capacitación profesional; de intermediación en el mercado laboral (bolsa de trabajo); y agentes de previsión para sus asociados y familiares, pero sin emplear la fuerza o coacción.

En el orden de las libertades de expresión y medios de comunicación radioeléctricos:
-- Eliminación del sistema de licencias y al mismo tiempo de las leyes coactivas y represivas. La abierta e irrestricta competencia traerá la variedad y diversidad que todos esperamos, pudiendo cada quien escoger los contenidos de su preferencia sin intromisión estatal.

En el orden de los partidos y asociaciones políticas:
-- Eliminación de leyes reglamentaristas y plena libertad para su constitución y actividades. En este orden, como en los demás, la política es: independencia, con cese a los subsidios y a los controles.


8. REFORMA JUDICIAL

En el orden de la Administración de Justicia:
-- Reforma judicial para una Justicia idónea e imparcial, pronta, eficiente y accesible. Capaz de aplicar la nueva Constitución, y los nuevos textos legales en consonancia. Y basada en los siguientes principios: restitución o compensación a la víctima y disuación al criminal potencial, cuentan como primeros fines de la Justicia, entre los cuales no se cuenta el castigo del victimario; y el eventual mejoramiento del criminal y su posterior integración a la sociedad, sólo cuentan como fines secundarios.


9. ALTO AL DESBORDE CRIMINAL

En el orden represivo:
-- Soldados y policías deben volver a sus funciones propias: patrullar fronteras y calles, y apresar a los verdaderos criminales. Y Jueces y oficiales judiciales, a las suyas: juzgarlos. Pero ello requiere:
-- Derogación de las leyes antidroga, muy mal concebidas, que sólo agravan el problema, y crean otros como: a) precios inflados artificialmente, que ponen el tráfico de sustancias ilegales en manos criminales con inmensa riqueza, fuerza y poder, asociadas a todo género de violencia subversiva política y común; b) traficantes minoristas que atestan tribunales y cárceles, y les impiden así servir eficazmente en crímenes no relacionados con drogas; c) compra de funcionarios y corrupción expandida.

En el problema de la droga, como en el de la pobreza, la violencia, la ignorancia y tantos otros problemas, tenemos que cambiar los medios que por muchas décadas han probado concluyentemente su ineficacia.

Lo mismo con los problemas crónicos de la provincia venezolana, todos devenidos del estatismo. Para el interior del país, la oferta es la que sigue.


OBJETIVO PARA LAS REGIONES:
VACACION LEGAL PARA LAS LEYES MALAS

“SE ACATA PERO NO SE CUMPLE”:

LA AGENDA LIBERAL PARA LAS REGIONES DE VENEZUELA

La descentralización se ha concebido como el reemplazo del gran estatismo centralizado en la capital, por un conjunto de estatismos regionales paralelos, cada cual con asiento en su localidad. Un neo-feudalismo. No sirve. Y gracias a Dios no se practica, porque quizá el remedio también sea igual o peor que la enfermedad. Privatización y desregulación son mucho mejores.

El viejo “Se acata pero no se cumple” fue la estrategia de supervivencia de la Colonia ante la metrópoli. Hoy es única vía y remedio verdadero para el crecimiento y desarrollo de las regiones de Venezuela. ¿Cómo? Así: cada Estado regional tiene su Asamblea Legislativa, ahora un órgano atrofiado. Pues bien, la gente que en su región quiera que se tome el camino de la libertad y la prosperidad, puede exigir a su Asamblea Legislativa que recupere su facultad legislativa.

-- Y que la A.L. convoque a un referendum consultivo regional con la pregunta: “¿Qué sistema de Gobierno y leyes desea Ud. para nuestra región: capitalismo liberal o estatismo?” Y de resultar preferido el primero,
-- que la A. L. decrete en el ámbito regional la VACACIÓN LEGAL PARA LAS LEYES MALAS, incluidas las prescripciones constitucionales. P. ej. por 5 años renovables. Y de este modo ponerse la región a trabajar, ahorrar, invertir y producir en calidad y abundancia, con apertura a la competencia libre y excelencia.

¿Cómo van a lograrse los fines y objetivos? Removienod los obstáculos que hoy impiden a la sociedad su consecución. Pasemos a la Segunda Parte: enumeración de las leyes malas por categorías o clases, de sus perjudiciales efectos, y de sus damnificados. Con algunas conclusiones sobre cómo podría negociarse su derogación, en la provincia y en todo el país.



SEGUNDA PARTE:
VÍAS Y MEDIOS


La filosofía inspiradora de la desestatización puede resumirse así: aplicarle al Estado tres refranes populares muy conocidos:

1) “Quien mucho abarca poco aprieta”; o sea: concentrarse en poco, evitando la dispersión.
2) “Zapatero a tus zapatos”; o sea: dedicarse a lo que puede hacer mejor y con menos gasto.

Y sobre todo:
3) “Mucho ayuda quien no estorba”; o sea: en todo lo demás, lo mejor que puede hacer es quitarse de en medio. Derogar las leyes malas.


EL PRESIDENTE MANDA E IMPORTA MENOS QUE EL CONGRESO

Sepa Ud. que el Poder Legislativo es más gobernante que el Ejecutivo. Porque gobierna el tejido entero de las relaciones sociales, mediante las leyes que dicta. El Presidente y sus Ministros nombran funcionarios, cobran los sueldos, y muchos hacen negocios turbios; pero ¿quiénes gobiernan las relaciones entre compradores y vendedores? ¿Entre empleados y empleadores? ¿Entre inquilinos y propietarios? ¿Víctimas y delincuentes? ¿Médico y enfermo? ¿Maestro y alumno? ¿Marido y mujer? ¿Padres e hijos? ¿Fisco y contribuyente?

Pues el Congreso, Parlamento o Asamblea Legislativa, o como quieran llamarle los políticos ahora al Poder del Estado encargado de las Leyes.

Por esa razón, para resolver los problemas políticos, sociales y económicos de Venezuela, se requiere que la Asamblea Legislativa derogue al menos una lista de 31 leyes o tipos de leyes regulatorias, muy confiscadoras y destructivas, que son su causa. El estatismo se resume en todas esas leyes malas.

Hay que derogarlas, total o parcialmente, según la causa del daño; pero de inmediato, urgente. Sólo así tendríamos una Venezuela libre. ¿Libre de qué ...? De leyes malas. Esta liberación se justifica plenamente por sus efectos económicos catastróficos. Y porque:
a) los poderes y facultades que las leyes atribuyen a los funcionarios involucrados vulneran derechos naturales e inalienables de los individuos,
b) las autoridades nacionales cometen con ellos abuso de poder,
c) y los redelegan a su vez en autoridades extranjeras, autorizadas para escribir las leyes para los venezolanos. ¡Es un infame golpe a la soberanía!

La lista de leyes malas es larga, por causa de los sucesivos Congresos nacionales venezolanos, los cuales desde hace muchos años sustituyen las leyes buenas por las malas, y las malas por las peores: cada vez más arbitrarias e injustas, monopoliogénicas, intrusivas, entrabantes, costosas, confusas, enredadas y hasta mal escritas. Pero sólo puede derogar una Ley quien tiene competencia para dictarla. No es el Poder Ejecutivo quien ha de devolverle al ciudadano los poderes y facultades confiscadas por sucesivas generaciones de legisladores.

Este es un programa de verdadero liberalismo para Venezuela: derogar las leyes malas en todo el territorio de la República, mientras aún quede algo de la soberanía nacional ...


EL MITO DE LAS LEYES BUENAS

No es fácil explicarlo brevemente, porque se ha hecho el mito de las leyes buenas: toda Ley se presume inocente por el sólo hecho de lograr mayoría congresional e insertarse en el mastodóntico Digesto Legislativo.

Pero hay muchas leyes malas:
a) Algunas son de cumplimiento imposible, y por fortuna terminan en su inaplicación espontánea, gracias a la costumbre forzada por las circunstancias (“desuetudo”, en latín). El contrabando y la economía informal son ejemplos y manifestaciones muy visibles de ello. Pero entonces, el mito atribuye los males del estatismo -desempleo, pobreza, criminalidad- a la falta de enforzamiento coactivo, cuando es gracias a esta carencia que los daños no se extienden y agravan, y serían muchísimo más graves si tales engendros legislativos se cumpliesen.
b) Otras corren con peor suerte, y se aplican, obstaculizando las actividades de la gente;
c) ... o su inaplicación se compra;
d) o quedan pendientes como espada de Damocles, amenazando emplearse como castigo por “mala conducta” política.

Las leyes deben ser juzgadas no por sus fines declarados, sino por sus consecuencias y efectos reales, no siempre muy visibles, aunque en muchos casos catastróficos. Y aunque algunas benefician a ciertos grupos de intereses especiales (no siempre los declarados, ni del modo en que lo declaran), todas perjudican a otras categorías y sectores -a veces los mismos declarados defendidos-, y al público en general.

Por otra parte, las leyes malas tienen mucho que ver con los diagnósticos equivocados. Porque llaman la atención del público sobre puntos secundarios, seudoproblemas, síntomas y falsas curas; y la desvían de los problemas reales, sus causas, y los remedios verdaderos:

-- P. ej. las leyes contra la corrupción nos impiden verla como es: una realidad cuya enorme magnitud va indisolublemente ligada al estatismo, y que sólo la desestatización puede reducir a dimensiones tratables con sus remedios propios, los judiciales.
-- Otro tanto ocurre con el centralismo capitalino en detrimento de la provincia, que es también un hecho inseparablemente ligado al estatismo -y por ello irresoluble bajo el estatismo-, que sólo la desestatización puede remediar.

Y las leyes malas tienen dolientes: los grupos de intereses especiales beneficiados de ellas. Comenzando por el inmenso ejército de funcionarios y empleados públicos, y otras personas que dependen del Estado para su subsistencia. Nos espera un paciente trabajo: mostrarles que hay vida después del estatismo; y que en una sociedad de mercado libre todos tendremos más empresas privadas y más oportunidades de trabajo, y beneficios muchísimo mayores que las pobres migajas y mendrugos que los potentados estatistas nos dejan caer de las mesas de su banquete. Tendremos que dar muchas explicaciones. ¿Cuáles explicaciones? Las que siguen a continuación.


¿CUÁLES SON LAS LEYES MALAS?


Introducción: en el orden internacional:

Lo primero: gran parte de las leyes malas no son de factura nacional. Son meras reproducciones de Tratados, Convenios u otros instrumentos internacionales, decretados por las agencias de la ONU, la OEA, la UE, etc., a las cuales cada Estado nacional está ahora enfeudado.

El FMI y el BM no son las únicas agencias de este proto-SuperGobierno Mundial; hay casi un departamento en cada nivel geográfico del planeta para cada aspecto de la vida humana: agricultura, salud, educación, cultura, ambiente, trabajo, comercio, industria, etc. Y cada cual se parece al Ministerio al que equivale; porque entre todos reproducen a monstruosa escala global el intervencionismo de los Gobiernos nacionales -en forma, método y estilo-, que delegan en ellos buena parte del poder para dictar normas y hacerlas cumplir. El Tribunal Penal Internacional y el Protocolo de Kioto sobre gases industriales son sólo episodios recientes en este desafortunado proceso de globalización de las burocracias de “expertos” y desnacionalización del Estado, al cual los Gobiernos de EEUU no son ajenos, pues su liderazgo disputan con la ONU, pero sin cuestionar su naturaleza misma. Muchos Departamentos y Agencias Federales de Washington se toman como modelos. Por ej. la DEA (drogas), la EPA (ambientalismo), la OSHA (welfarismo).

Sean nacionales o internacionales, las leyes malas son injustas y destructivas, aún aprobadas y ratificadas unánimemente por todos los Congresos del orbe, mundiales y nacionales. Venezuela debe recuperar su soberanía legislativa. Y someter a un cuidadoso proceso de revisión crítica a todos los acuerdos internacionales suscritos, denunciando y dejando total o parcialmente sin efecto aquellos que no se justifican por su inconsistencia con un sistema de Gobierno limitado.


I. Actividades económicas (7)


1. LEYES REGLAMENTARIAS Y REQUISITORIAS DE PERMISOS Y LICENCIAS

Cada ramo productivo tiene la suya, que demanda al empresario potencial infinidad de recaudos antes de obtener la licencia para operar. El permiso se expide por un lapso limitado, y luego otra vez el calvario. Cada Ley reglamentarista establece exigencias, pagos y cauciones, controles, inspecciones y fiscalizaciones, con multas y otras sanciones. Se supone que una Ley de este tipo protege al consumidor o usuario de la egoísta voracidad los comerciantes o empresarios abusivos. Pero sólo beneficia al empresario formal establecido y bien conectado, para el cual establece un cálido nicho oligopólico.

Y perjudica:
-- al emprendedor, que debe pagar los trámites e incurrir en otros costos y perder su tiempo;
-- al trabajador o empleado, que queda sin empleo cuando el emprendedor se desalienta y deserta total o parcialmente de las filas productivas;
-- al consumidor, restringido en sus opciones disponibles a la oferta deficiente y/o insuficiente que las autoridades pemiten dentro del rígido molde reglamentarista. El consumidor o usuario es quien carga -dentro del precio o tarifa- con los costos burocráticos causados a los abastecedores de bienes y servicios por los Gobiernos abusivos ... contra los cuales no hay protección.

En un sistema de libre competencia abierta, leyes de esta clase no son necesarias. ¿No le gusta a Ud. una tienda? Se cambia a la de enfrente. Y si alega que le ha causado perjuicio cierto y comprobable, para eso están los tribunales ordinarios. Que aplican el Derecho ordinario.

La desreglamentación debe aplicarse de urgencia a las estaciones de radio y TV, escuelas, empresas de transporte de pasajeros y carga, de seguros, financieras, bancos y otros institutos que operan bajo el régimen de licencia o concesión, el cual sistema se expande peligrosamente. El giro comercial de las empresas, como el de otro tipo de asociaciones, debe quedar enmarcado en el régimen -más racional, más liberal- de los Códigos de derecho ordinario, como era con anterioridad al dictado de las leyes reglamentaristas.


2. LEYES DE EMPRESAS ESTATALES

Cada empresa estatal tiene la suya. Son empresas ineficientes o poco eficientes. Y por lo general subsidiadas, como todas las no petroleras. ¿A quiénes benefician? A sus empleados, contratistas y subcontratistas, proveedores privilegiados, y clientes preferenciales. Y a las firmas privadas del ramo, que “compiten” ventajosamente con ellas cuando no hay subsidios, y sus altos costos se reflejan en las tarifas. En tal caso vale una analogía: es algo así como corredores mediocres que “compiten” con un paralítico.

Pero las empresas estatales perjudican:
-- a los contribuyentes, pagadores de los subsidios;
-- a todos quienes soportamos sus ineficiencias y/o pérdidas: usuarios o clientes, y relacionados no privilegiados, incluyendo proveedores de insumos, materias primas, etc.;
-- a las empresas del ramo que soportan la competencia desleal, cuando hay subsidios;
-- y a las empresas potenciales impedidas de iniciarse. Esto equivale a bienes y servicios que no se producen, y a empleos que no se crean.

La derogación de estas leyes y consiguiente privatización de las empresas estatales es condición ineludible de la impostergable reducción del gasto “público” (estatal, no siempre en interés público) a niveles racionales, de la impostergable capitalización popular que requiere nuestro país, y de las exigencias de la libertad de competir.


3. LEYES DE CONTROLES DE PRECIOS

Hoy en día casi no hay controles de precios, porque casi todo el mundo sabe que son medidas puramente demagógicas. Que crean escasez y mercados “negros” (libres clandestinos), y por ende carestía, el mismo perjuicio que pretenden evitar. (Este es el paradójico caso de muchas leyes malas.) No obstante, a veces se dictan controles de precios cuando hay emergencias, normalmente desabastecimientos creados por las leyes “proteccionistas” y otras leyes malas.

-- Es obvio que el desabastecimiento perjudica a los clientes que dejan de comprar;
-- y a los empresarios y trabajadores de los establecimientos que dejan de vender.

Por lo general los controles de precios ahora se reemplazan por las Leyes mal llamadas Proconsumidor y Antimonopolio o Procompetencia. Sus efectos son casi los mismos.


4. LEY “PROCONSUMIDOR”

Una versión moderna de las antiguas ordenanzas “contra el agio y la especulación”. Pero aún más dañinas, porque dotan al funcionario con facultades y atribuciones más extensas, y por tanto con mayor poder destructivo. Por ej. la Ley Proconsumidor castiga una amplia gama de conductas discutiblemente inescrupulosas de comerciantes y empresarios.

¿A quiénes perjudica?
-- A empresarios, trabajadores y consumidores. Porque provoca la sustitución de las elecciones de usuarios y consumidores por las del burócrata, que extorsiona a los establecimientos hasta que reducen sus actividades o cierran definitivamente. Con lo cual, los funcionarios dejan a los trabajadores sin trabajo, y a los consumidores con encarecidas y disminuidas alternativas de compra.

En un régimen de libre mercado -incluyendo tribunales y jueces idóneos y accesibles-, esta Ley es innecesaria. Un consumidor alegadamente perjudicado, simplemente acude a los magistrados ordinarios -asistidos por peritos-; como era antes de las leyes intervencionistas. Como otras muchas de su género, la Ley Proconsumidor pretende suplir la falta de una Reforma Judicial. No lo logra.

Este tipo de leyes contribuye a echar sobre los empresarios las culpas de la carestía. La gente dice “aquí no hay inflación sino especulación”, y así se encubre la verdad.


5. LEY ANTIMONOPOLIO O PRO COMPETENCIA

Esta Ley no va contra el verdadero monopolio, que por definición es una ventaja no de mercado, otorgadada a una empresa en exclusiva; y siendo las autoridades las únicas que pueden concederlas, si desean evitarlas, les basta con no conferirlas. Pero la Ley castiga comportamientos que supone de “competencia desleal”; entre ellos, vender con descuentos promocionales ... o sea, ¡vender más barato!

Y penaliza asimismo los acuerdos reales o supuestos en materia de precios, o restrictivos de la producción. Pero de haber estos acuerdos cartelísticos, en mercados libres son rápidamente desafiados por productores más eficientes, deseosos de aprovechar las oportunidades de ganancia.

En el feudalismo de la época de las invasiones -“Edad Oscura”-, se vivía bajo un permanente Estado de sitio en pequeñas aldeas incomunicadas, y no había competencia. Entonces, las normas restrictivas y antiempresariales de las autoridades políticas, militares, eclesiásticas o gremiales -como el “justo precio” forzado, o la condena canónica al interés en los préstamos-, tenían algún sentido. Pero no ahora, la competencia entre firmas actuales y potenciales de todo un país (incluso de distintos países) tiende -cuando se le permite hacerlo- a mantener bajos los precios, buena la calidad y altos los salarios. ¿Qué más se puede pedir ...?

Vea Ud. a quiénes perjudica una Ley de este tipo:
-- Como todas las leyes antiempresa, a todos nosotros los del público, que nos quedamos -como consumidores, proveedores o trabajadores-, con menos oportunidades de escogencia.
-- Pero sobre todo, en el caso específico de esta Ley, a las empresas más eficientes y competitivas -con mejores desempeños y menores costos-, que son siempre las acusadas bajo esta Ley. Las acusadoras en cambio son siempre las otras -las marginales-, muchas de las cuales gozan de verdaderos monopolios conferidos por las autoridades.


6. LEY “ANTIDUMPING”

Se basa en la absurda teoría leninista del “dumping”. La Ley es ridícula, porque imagina que los empresarios, extranjeros o nacionales, quieren vender a pérdida, con el fin de “conquistar” unos mercados cada vez más pobres en poder de compra. Por otra parte, si fuese cierto que ciertas mercancías importadas entran al país a venderse “por debajo del precio”, sería razón de más para comprar esos bienes y servicios, ¡y no para prohibir o castigar su compra! Esta Ley Antidumping -como otras de su género- es consecuencia de la pésima costumbre de imaginar la actividad comercial como una guerra, y a los empresarios como bélicos Generales y comandantes, buscando “estrategias” y “tácticas”. Esta irrealista y estúpida visión militarista es fuente de muchos malentendidos perjudiciales; sin embargo, se debe a ciertos “genios” del mercadeo ...

¿Quiénes son perjudicados?
-- Los usuarios y consumidores. Esta Ley ataja las importaciones con un “proteccionismo” peor que el arancelario: a diferencia del arancel, los derechos antidumping son inciertos, ya que se establecen por la vía de denuncia; pero en cambio pueden ser mucho más elevados, llegando hasta los tres o cuatro dígitos porcentuales, mientras que los aranceles raramente pasan de los dos.

Sin embargo, muchos acuerdos y tratados “de libre comercio” (¿?) los autorizan en lugar de aranceles, que suponen anticuados. Lo que demuestra el carácter no liberalizador de dichos acuerdos. Sus cláusulas restrictivas normalmente forman parte de los Anexos, referidas a productos “sensibles”, medidas retaliatorias y similares. Predomina hoy el comercio entre Gobiernos, y los acuerdos entre Gobiernos para formar “bloques económicos”, los cuales no promueven el libre comercio ni siquiera dentro del grupo; por el contrario, lo obstaculizan con innumerables trabas y restricciones erigidas en defensa de grupos de intereses privilegiados empresariales, gremiales y gubernamentales.

En justicia debe procederse al desmantelamiento unilateral de todos los instrumentos “proteccionistas”, nuevos y viejos. Y Venezuela debe salirse de los bloques de este tipo y proclamar ante el mundo su adhesión al libre comercio verdadero.


7. LEYES SECTORIALES DE PROMOCIÓN

Ofrecen ciertas garantías para determinadas actividades y sectores, selectivamente escogidos; ej. fincas agropecuarias dedicadas a la producción de tal o cual especialidad; o fábricas de tal o cual tipo. O ubicadas en tal o cual región. O empresas de tal o cual especie, como las cooperativas. A las firmas beneficiadas les eximen de obligaciones fiscales o reglamentarias, o les favorecen en el acceso a suministros (por ej. capital) ...

Estas leyes implican estímulos artificiales y transferencias de recursos decretadas a espaldas de los mercados, y en violación del principio de la neutralidad estatal en actividades económicas.

¿A quiénes favorecen? ¿a quiénes perjudican?
-- Favorecen a ciertas actividades, rubros o zonas a expensas de otras, provocando la huida de inversiones y recursos, desde las menos favorecidas por el dedo del funcionario, hacia las más privilegiadas. En detrimento de la eficiencia.
-- Y en perjuicio de todos en general, pero en especial de los más pobres.

Porque todas estas leyes distorsionan la asignación eficiente de recursos a fines productivos. Es decir, su asignación o alocación conforme a criterios no políticos sino racionales y económicos: su disponibilidad o escasez, sus costos relativos, y las preferencias de consumidores, empresarios, y propietarios de factores productivos. En una economía libre, la asigación de factores y recursos es un proceso dinámico y flexible, reflejando los cambios en gustos y prioridades sociales, en suministros y tecnologías a la mano, en costos, precios y eventuales ganancias esperadas, en ofertas y demandas. Y hay riesgos, que los empresarios deben afrontar. Precisamente para respetar estos elementos, los Gobiernos deben ser neutrales, y los negocios regirse por las orientaciones brindadas en los cuadros de ganancias y pérdidas, que reflejan las necesidades y demandas sociales mejor que los digestos legislativos y decretazos.

Estas leyes imponen rigideces, parálisis, distorsiones, ineficiencias y escasez artificiales, no económicas en su naturaleza, causadas nada más por el estatismo. Sus costos son a fin de cuentas muy elevados, y se suman y multiplican, reduciendo los recursos y las capacidades potenciales de todos para crear riqueza y empleo. Y esos costos son arrastrados hacia abajo en la pirámide social, hasta los más débiles e incapaces de trasladarlos, que por ello deben absorberlos. Esta es una de las principales causas de la pobreza: la asignación ineficiente de los recursos económicos.


II. Impuestos (3)


Un Estado enorme se mantiene con impuestos excesivos. En Venezuela los Gobiernos se adueñaron de las empresas petroleras después que se cansaron de expoliarlas con altos impuestos. Pero de todos modos, los impuestos son confiscaciones: exacciones forzosas con destino al Fisco. Por eso la inflación es un impuesto, masivo, aunque no legalizado. Y las estatizaciones son también masivas confiscaciones, de empresas, llamadas “nacionalizaciones” si son extranjeras. Sus ingresos son otros tantos cobros “impuestos” a los ciudadanos, que van a parar todos a las arcas fiscales, en lugar de distribuirse de forma capilar -y de modo mucho más justo y eficiente- por el entero tejido económico de la sociedad, a través de sus mecanismos propios, que son los de mercado.

Las leyes de impuestos también causan pobreza y otros daños severos. Los Gobiernos parten de la premisa que ellos gastarán nuestro dinero mejor que nosotros mismos, porque conocen mejor nuestras “necesidades reales”; pero no es verdad. Cada billete que gastamos en impuestos lo dejamos de gastar en comida, ropa, calzado, matrícula escolar, transportes, medicinas y otros bienes y servicios para nosotros, que dejamos de demandar, y dejan de producirse. Es uno de los factores por los cuales nuestros ingresos menguan, las ventas caen, la economía se contrae, y el empleo decrece. Es una de las causas de la pobreza.


8. IMPUESTOS PUNITIVOS O CONFISCATORIOS

Exageradamente elevados, son decretados para pagar los astronómicos gastos de un Estado comprometido con miles de funciones. Como esa infinitud de impuestos a los ingresos, a las transacciones y actividades, al consumo, a las ventas o al valor agregado, a ciertos productos específicos ...

Su excesivo número y sus elevadas tasas nos dañan:
-- Todo tributo excesivo se traduce en precios más caros; porque todos los impuestos se trasladan, económicamente hacia fuera de la empresa -adelante o atrás, el cliente o el proveedor-, y socialmente hacia debajo de la pirámide o triángulo social ...
-- Y por otra parte los impuestos confiscatorios ¡reducen la recaudación! Porque asfixian las actividades gravadas y las desaparecen. Matan las “gallinas ponedoras”. Esto se llama “efecto Laffer” en honor a Arthur Laffer, el economista que lo enunció.

Caso especial es el impuesto “progresivo” a las ganancias, incluido en los impuestos a los ingresos. Para “pechar a los ricos”, las Leyes de impuestos les imponen sobretasas mayores. Algunos ricos pagan consultores, para hallar formas de evadirlos, cuando las hay. Pero eso no es lo malo; ¡eso es lo bueno! Porque evadiendo impuestos, entonces los ricos pueden invertir ese dinero en crear o ampliar establecimientos agropecuarios, industriales, comerciales, de servicios, etc. Lo malo es cuando NO hay escapatoria y deben pagar. Porque entonces, ¿reducen los ricos su tren de vida y consumo, o su ahorro para el futuro? No. ¿Qué sacrifican los ricos? Sus inversiones: las que multiplicarían la riqueza. Deben esconder la riqueza o levarla a otra parte.

Nos perjudican:
-- Los impuestos progresivos equivalen a empresas que no se inauguran, o que no crecen, o que reducen o cierran sus operaciones. A cesantías y desempleos; y a empleos directos que no se generan, e indirectos que tampoco ven la luz. Son sueldos y salarios que no se ganan; y que por tanto no adquieren bienes y servicios, que tampoco se producen.
-- Y las recaudaciones en estas altas categorías son ínfimas, de modo que hasta el objetivo fiscalista se incumple.

Más que un impuesto, la sobretasa progresiva es un disuasivo a la inversión. Es uno de los tantos métodos anticonceptivos de empresas y empleos, dictado en beneficio de las carreras políticas de los demagogos. E inspirados nada más que en el innoble sentimiento de la envidia.


9. IMPUESTOS DISFRAZADOS, DIFERIDOS Y FRAUDULENTOS

-- La inflación es un impuesto disfrazado,
-- y la deuda estatal, un impuesto diferido para el futuro, si la deuda de ayer se paga con el impuesto de hoy. O ambas cosas, diferido y disfrazado a la vez, si la inflación de hoy está pagando deuda de ayer.

Los impuestos deben ser pocos, claros, uniformes, bajos en su tasa, no encubiertos en su naturaleza, y tener por finalidad únicamente el sostén del gasto genuinamente público.

Las loterías y juegos, cuando son estatales, constituyen un impuesto a la ignorancia de las leyes probabilísticas. En países menos estatistas las empresas de juegos son privadas, y en libre competencia. Así racionalizan sus costos, aumentan la cantidad de premios entregados, e incluso pagan al Fisco impuestos no fraudulentos.

Los Gobiernos estatistas acostumbran a multiplicar también las loterías, juegos, lotos y quinos:
-- Así le sacan dinero a la gente de manera fraudulenta; y a cambio le dan a la vez una falsa esperanza, para que les ayude a sobrellevar su mal pasar, y asunto para fijar su atención y distraerla. Y es mal ejemplo; porque enseña a la gente a esperar su fortuna del azar; y no en cambio del trabajo, el ahorro, y la prudencia de juicio.

Las empresas de juegos deben ser privatizadas.


10. IMPUESTOS DISCRIMINATORIOS

Traen miles de excenciones y descuentos, que “absuelven” a ciertas actividades o categorías, políticamente decretadas como prioritarias. Otras veces se incluyen sobretasas o impuestos especiales para productos o actividades políticamente “incorrectos”: tabacos, bebidas, viajes y otros “lujos”. Para los funcionarios constituyen preciosa fuente de extorsiones.

-- Las excenciones y descuentos son un castigo para otras actividades y sectores, aún de mayor prioridad económico-social, que resultan comparativamente sobretributados sin justificación alguna, y de ellos desertan inversiones y recursos. También equivalen a reducciones en la actividad económica; y a cesantías y desempleos. Estas fugas hacia la incompetencia ocurren también con las reglamentaciones, los subsidios, “protecciones” y otros privilegios.
-- Las sobretasas o impuestos especiales son resultado de arrogarse el funcionario un derecho de elección que es del consumidor.

Se requiere sólo el mínimo de impuestos, indispensable para pagar las tres funciones esenciales del Estado. Impuestos mínimos, planos y neutros; es decir: instrumentos de financiación, no de “redistribución” u otros “fines de política económica”. Y como las leyes, iguales para todos.

Una pregunta que surge ... ¿No tienen acaso ahora los países desarrollados de Europa y EEUU unas leyes similares de impuestos? Respuesta: cierto. Pero tales naciones tuvieron en el pasado 50 o 100 años consecutivos de capitalismo liberal. Han creado riqueza y potencial productivo, que es una especie de plataforma. Han sido productivas mucho tiempo y muchas generaciones atrás -sus padres y abuelos-; y las descendencias presentes viven como de sus rentas. Por eso en esas naciones ricas, se permiten vicios lesivos a su productividad y competitividad, y aún pueden escapar al efecto negativo, al menos por un tiempo. Pero las naciones pobres carecen de plataforma. Y deben salir de la pobreza; y ya. Para ello han de desarrollar su capacidad competitiva, y mantenerla siempre bien afilada, aún cuando en las ricas se cometan desatinos.


III. Discriminaciones y privilegios (3)


11. ARANCELES “PROTECCIONISTAS” A LAS IMPORTACIONES

Los aranceles son un tipo de impuesto: a las importaciones. Se suponía que los “derechos antidumping” sustituirían a los aranceles; pero no ha ocurrido así, y se han superpuesto, siendo los primeros muchos más elevados. Ambos protegen a los productores locales incompetentes contra las importaciones, agropecuarias o industriales ... y a los Gobiernos que cobran el dinero.

Y perjudican:
-- a los consumidores del artículo importado, forzados pagadores de un margen extra o sobreprecio por el mismo -si lo consiguen-; o por el equivalente nacional de menor calidad.
-- a los consumidores del producto nacional del cual el importado es un insumo necesario e irreemplazable. En tal caso, el sobreprecio se traslada a lo largo del correspondiente corredor productivo.
-- a los empresarios y trabajadores de todas aquellas empresas que deben ofertar sus bienes y servicios en mercados cuyo poder de compra se halla cada vez más debilitado y deprimido, por obra y gracia de este tipo de leyes encarecedoras.

Como vimos con el dumping, muchos acuerdos “de libre comercio” (¿?) permiten los aranceles -y cupos a las importaciones y otras restricciones-, a veces por las cláusulas llamadas de salvaguarda, que se suponen de carácter temporal.


12. LEYES DE SUBSIDIOS

Los garantizan a todo grupo de interés especial a favor de tal o cual sector de la actividad económica. Y grupos de intereses especiales considerados “no económicos”, que alegan un supuesto compromiso con la ciencia, cultura, bellas artes, deporte, etc. Supuestamente van a “promover” el sector en cuestión.

Perjudican:
-- Obviamente, a los sectores no favorecidos: empresarios, trabajadores, grupos y personas dedicados a rubros y actividades que soportan la competencia desleal de los subsidiados; y a los consumidores de sus bienes y servicios.
-- A los contribuyentes, que pagan los impuestos. En su mayor parte son estas leyes las responsables del astronómico nivel del gasto “público”, y por tanto de la inflación y el endeudamiento.
-- También originan agrios e interminables conflictos político-gremiales por el reparto de los fondos.
-- Y al igual que los aranceles, sus efectos difusos llegan a incontables potenciales perjudicados. Porque los dineros pagados en impuestos con destino a los subsidios -o en sobreprecios por causa de los aranceles- no se gastan en bienes y servicios a plena y libre elección y satisfacción del público, sino conforme al dictado del funcionario. De otro modo, irían a parar a otro tipo de empresas o servicios, más competitivos, que sin embargo no pueden crearse o desarrollarse, ni producir más riqueza y generar más servicios y empleos. Las leyes de subsidios son causa del permanente estado anémico y recesivo de las actividades productivas -y de la consecuente pobreza-, como todas las anteriores.


13. LEYES DE PROFESIONES Y OFICIOS

Cada ramo profesional o técnico cuenta con la suya. Protegen a los agremiados contra la libre competencia. Son verdaderos monopolios: el carnet gremial sustituye a la capacidad y habilidades de locutores, barberos, mesoneros, periodistas, maestros y profesores, etc.

Perjudican:
-- a los usuarios, que deben soportar los pésimos servicios y desempeños de los carnetizados;
-- y a las empresas e instituciones que se ven obligados a contratarlos;
-- y a los más competentes, pero sin apropiadas conexiones políticas, que no pueden ser empleados.

Podemos apuntar algunas conclusiones:

1. En general, las leyes hasta aquí enumeradas y descritas -y otras que siguen- restringen la competencia en los mercados, y en consecuencia los empobrecen. Y por ende tienen un fuerte efecto depresivo sobre el empleo y los ingresos, al provocar la disminución del número de empresas y consiguientes fuentes de empleo, y al reducir así la demanda de trabajo, y la intensidad de la competencia interempresarial por los recursos humanos en el mercado laboral.

2. De modo que la inaplicación de todas estas leyes anticompetencia tendría un inmediato, generalizado y saludable efecto alcista sobre los niveles promedio de empleo, salarios y remuneraciones laborales.

3. De esta manera se harían absolutamente innecesarias las leyes supuestas a proteger el trabajo, como las tres clases que se enumeran a continuación. Las cuales también tienen fuertes efectos depresivos sobre la demanda de trabajo, al reducir el número de empleos por empresa, y su productividad; por consiguiente empujan también hacia abajo al salario real promedio.

Todas estas leyes deben ser urgentemente desactivadas, si se desea crecimiento económico y prosperidad para todos.


IV. Trabajo y relaciones laborales (3)


14. LEYES SALARIALES, OBRERAS Y SINDICALES

Las leyes sindicales dicen proteger a los trabajadores agremiados y a sus jefes, los caudillos sindicales. Esto último es verdad...
-- a expensas de los empleadores, y de los consumidores que soportan en última instancia los costos, a través de precios encarecidos. Y de los trabajadores competentes, que deben soportar la competencia desleal de los incompetentes agremiados.

Como las leyes de profesiones y oficios, las leyes obreras y salariales dicen proteger las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores y empleados. Y en realidad “benefician” a los trabajadores experimentados, capacitados, productivos y competentes, que además tienen sus empleos fijos en empresas rentables ... O sea, ¡benefician a quienes no las necesitan! Es decir: de todos modos, sin esas leyes -o a pesar de ellas-, se mejoran sus condiciones, y se aumentan sus salarios, porque sus empleadores quieren conservarlos, y pueden hacerlo.

Pero las leyes obreras y salariales perjudican:
-- a los desempleados, sobre todo a los más jóvenes que están ingresando a los mercados laborales, con poca o ninguna capacitación y/o experiencia;
-- a los trabajadores menos productivos, empleados en empresas poco rentables, amenazados de ir a la calle por causa del cierre de la compañía que no puede afrontar los costos laborales;
-- a los de mayor edad, por las obligaciones “de seguridad social”.

Todo lo cual es encubierto por la inflación. Estas leyes y la inflación son anverso y reverso de la misma moneda. Vea Ud.:

a) Las leyes salariales y obreras tienen un potente efecto antiempleo: obstaculizan el inicio de nuevos negocios y el crecimiento de las empresas. Por eso cunde el desempleo; y muy especialmente entre los trabajadores menos calificados, y entre los más jóvenes y los más viejos: estas leyes impiden la creación de empleos con salarios acordes a su menor preparación y/o experiencia y productividad, encareciendo costos, cargas y pasivos laborales.

b) Pero la inflación, aunque provocada por los Gobiernos para aumentar su parte en el ingreso y producto económico nacionales, de hecho permite a los empleadores privados pagar salarios reales inferiores, manteniendo abiertos los establecimientos. De este modo, rebajando los salarios reales -y a veces bastante-, la inflación compensa el efecto antiempleo de las leyes salariales y obreras.

c) Y después viene el aumento salarial compulsivo: el decreto o ley salarial incrementando los salarios nominales en mala moneda, dictado para equilibrar los malos efectos de la inflación, lo cual logran, pero sólo en una pequeña parte, y tarde.


15. LEYES DE CONTRATACIÓN COLECTIVA

Garantizan iguales condiciones de salario, empleo, etc., con independencia de los resultados ... protegiendo a los trabajadores y empleados menos preparados y/o menos cumplidores y diligentes.

-- Perjudican y desestimulan a los más preparados, cumplidores y diligentes.

Conclusión adicional: la inaplicación de esta legislación -y el retorno a la contratación individual- tendría un inmediato efecto positivo en la productividad del trabajo, porque permitiría ajustar las compensaciones a los desempeños, lo que posibilitaría pagar mejores salarios reales y enriquecer las condiciones laborales de los trabajadores productivos y competentes.


16. LEYES “PROTECTORAS” DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Prohiben u obstaculizan la contratación de jóvenes. De esta forma les perjudican:
-- Les impiden ganarse la vida dignamente, ayudar a sus familias pobres, y aprender un oficio;
-- les arrojan así al vicio, al crimen y/o a la mendicidad;
-- y obstaculizan en empresas y familias la realización de tareas sencillas como barrido y limpieza, pequeños mandados y otras similares, para las cuales los menores están perfectamente capacitados.

En general, la desregulación o flexibilización en los mercados laborales es la desaparición de los privilegios monopolísticos a la fuerza de trabajo, y de los obstáculos a la creación y enriquecimiento del empleo.

Otra conclusión muy importante: la desregulación o flexibilización en los mercados laborales podría ser negociada a cambio de igual tratamiento desregulador para los mercados de bienes y servicios, y de capital.

Es decir: desmantelar las “protecciones” o privilegios monopolísticos a empresarios y capitalistas -las cuales también tienen un efecto depresivo sobre empleos y salarios, porque reducen la demanda de trabajo y la competencia interempresarial por la fuerza laboral-, a cambio de desmantelar las “protecciones” y privilegios monopolísticos a sindicatos y trabajadores. ¡Este sí sería un Pacto Social muy saludable! Después de todo, en el pasado, la larga lista de leyes malas se ha venido negociando en esos mismos términos de “pacto social”: privilegios monopolísticos para empresarios y capitalistas a cambio de lo mismo para gremios y trabajadores. La desregulación simultánea en todos los sectores podría materializarse de modo similar, pero en sentido inverso.


V. Moneda, banca y finanzas (5)

Primero algunos principios:

1. La desregulación en lo monetario y financiero debe acompañar a la desregulación en los otros mercados y en lo laboral (mal llamada economía “productiva” o “real”, como si la parte financiera no lo fuese ...); y ambas deben ser simultáneas.

2. Financieras y no financieras, todas las desregulaciones -asociadas a las privatizaciones- configuran el enfoque “micro” económico típico de la Escuela austriana, en oposición al “macro” de inspiración neoclásica. El austriano destaca y promueve las actividades de los empresarios y trabajadores; el “macro”, las acciones y medidas de los funcionarios.

3. El enfoque macro es típico de los Planes de Ajuste y Estabilización “neo” liberales. Supuestamente las autoridades operan sobre “grandes agregados”: cantidades de dinero y divisas, fondos prestables y volúmenes de crédito, capitales y fuerza laboral en su conjunto, producción, exportaciones e importaciones, etc. Y sobre las variables que suponen los expresan o controlan: tasa de inflación, tasa de crecimiento, tipo de cambio, fracción ahorrada del ingreso, intereses, niveles de salario, etc. Se supone que las manipulaciones oficiales con estas cantidades “corrigen” los desequilibrios “macro” (entre estas variables) por decreto.

Pero esto es retórica vacía. ¿Qué hacen en realidad las reformas “macro”? Dos cosas. a) Aumentan los impuestos con el fin de “equilibrar” al Fisco por el lado de los ingresos; b) reemplazan las regulaciones “malas” por las “buenas”, asumiendo que estas últimas no debilitan a los mercados sino que “corrigen sus fallos”. Y sin explicar muy bien cuáles son tales fallos, estos reformistas nos dicen que “lo macro baja a lo micro” (¿?), pero que “debemos esperar un tiempo” (no dicen cuanto ...). Sin embargo no hay un solo ejemplo histórico o presente de que esto haya ocurrido.

¿Por qué? Porque los agregados macro son meras sumas estadísticas, y espúreas las relaciones entre ellas; y porque lo micro no es consecuencia de lo macro como ellos piensan, sino más bien es al revés. Y porque no hay regulaciones buenas. Sin contar otros errores, p. ej. indicadores como el PIB contabilizan como si fuese riqueza los sueldos y prebendas de los burócratas estatales, mas no la economía informal.

4. El enfoque micro es contractualista, porque opera directamente en el tejido económico a nivel molecular: los contratos individuales, liberando su celebración y ajuste. Va directo a lo micro, a las causas. Funciona. Como en los “milagros” de la II Posguerra, o en el sudeste asiático de los ’80. Porque a partir de la redimensión del Estado, las reformas micro corrigen los desequilibrios macro. Pero “corrigen” significa que los ajustan a las realidades de los mercados, no a los deseos de los planificadores.


17. LEY DE CRÉDITO Y ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

Simulan limitar el endeudamiento, pero es mentira. En realidad la Ley permite a los Gobiernos endeudarse casi sin límites, a fin de gastar por adelantado una gran cantidad de recursos en base a los papeles que emiten ...

Así nos perjudican a todos:
-- los recursos se desvían de los mercados al Estado, o a los indicados por el dedo oficial.
-- Y al menos en la parte que decidan repagar, después nos van a quitar esos recursos. ¿Cómo? Con inflación, o impuestos, o combinando ambos.
-- Y además el indiscriminado endeudamiento estatal brinda mal ejemplo. Empresas, familias e individuos -y bancos- se acostumbran a vivir endeudados, plagados de compromisos irrealistas, contraídos fuera del marco de sus posibilidades.

Debe volverse al antiguo criterio del uso limitado del crédito público, para el específico propósito de financiar alguna obra emitiendo bonos, cuya suscripción o no por el público operaba como referendum para la misma.
Y al más general criterio -y también antiguo- de que el crédito es un recurso extraordinario, para situaciones igualmente extraordinarias. No es bueno vivir endeudado; para nadie, y sobre todo para los Gobiernos.


18. LEY DEL BANCO CENTRAL

Es la madre de la inflación crónica. Da a los Gobiernos el monopolio de emitir el dinero legalmente válido. Así los bancos centrales crean billetes de puro papel no redimible, y sin respaldo, por lo general monetizando deuda pública, con el fin de pagar sus gastos con dinero extra. De este modo inflan la cantidad de dinero. Así compran apoyo de quienes aprovechan los nuevos billetes que van al gasto estatal, mal llamado público.

Según Goethe, la inflación es un invento del Diablo. Sin duda nos perjudica mucho a todos:
-- al beneficiar únicamente a ciertos deudores (entre ellos el Estado) ofrece mal ejemplo;
-- funciona como un impuesto a los saldos líquidos;
-- mata el ahorro, lo cual tiene consecuencias desvastadoras para la formación de capital en la economía, y para el cuadro de motivaciones y estímulos de la sociedad;
-- reduce los ingresos reales de trabajadores, empleados y asalariados;
-- presiona las tasas de interés bancario a niveles astronómicos;
-- castiga a los acreedores por haber tenido confianza;
-- perjudica a jubilados, pensionados y sus dependientes (“la viuda y el huérfano” mencionados en la Biblia), los capitalistas pobres -que viven de un capital exiguo e inseguro, permanentemente amenazado, frágil y vulnerable-, y que se cuentan entre los más débiles;
-- y más en general, a los acreedores a otros tipos de ingresos de capital (i.e. tenedores de bonos);
-- provoca masivas transferencias de ingresos y recursos en favor de los sectores ligados al Estado;
-- y al distorsionar todos los precios relativos, imposibilita la coordinación a largo plazo de los esfuerzos y acciones económicas entre los agentes para producir la óptima cesta de bienes y servicios, con la óptima combinación de factores. Ese es un efecto desvastador sobre la producción y la productividad, que se une al efecto corrosivo sobre los salarios para causar tan enorme cantidad de pobreza y miseria como hoy contemplamos.
-- También es fuente de la inestabilidad permanente de la economía: los conocidos ciclos de auge-depresión, causados por los arbitrarios y bruscos encendidos y apagones de la máquina de imprimir billetes. Los ciclos son erróneamente atribuidos al capitalismo “salvaje” por los desinformados, aunque ciertamente se relacionan con súbitos cambios políticos.

La función de emitir dinero no debe ser monopolizada por el Banco Central, que debe reprivatizarse. De inmediato, a los usuarios del dinero debe devolverse la libertad de elegirlo, tanto para sus transacciones como para sus obligaciones y depósitos. Y a los bancos, la libertad de decidir el monto y composición de sus reservas y respaldos.


19. LEY DE CURSO LEGAL

El valor en bienes y servicios de una moneda puramente fiduciaria decrece. Por eso no sirve como refugio de valor para el futuro; tampoco como medio de cambio; y ya ni siquiera como instrumento de medida.

-- El uso forzoso es propio de todo producto de mala calidad, y perjudica al usuario. Lo mismo pasa con el dinero. Por eso se decreta obligatorio el uso de esta moneda, para cortar toda posibilidad de escape a otra de mejor calidad o poder de compra.

La Ley de curso obligatorio es complemento natural de la anterior Ley de Banco Central; entre ambas causan la inflación del dinero, y deben desactivarse a fin de permitir a personas y empresas escoger las monedas para sus transacciones y depósitos: el curso libre, consagrado por los antiguos Códigos de derecho civil y mercantil.


20. LEY DE ENCAJE LEGAL

Encaje es la fracción de los depósitos que los bancos mantienen como reservas disponibles ante eventuales retiros.

Antiguamente el encaje era libre: cada casa bancaria decidía libremente sobre sus reservas, en montos y composición, y estaba obligada a actualizar y publicar periódicamente esa información. Así de esta manera el depositante podía elegir distintos niveles de seguridad y riesgo, reflejados en las primas y tasas de interés. Las antiguas reservas metálicas no siempre cubrían el 100 % de los depósitos, pero cada banco estaba interesado en cubrir una fracción lo más elevada posible.

Sin embargo, desde que se acostumbra a decretar legalmente un encaje uniforme, tiende este a ser muy delgado, porque así como el Gobierno infla el dinero, los bancos inflan los medios de pago y el crédito. Por eso hay que volver al encaje libre, pudiendo llegarse por esta vía hasta un sistema de 100 % de reservas, al menos para los Bancos de Depósito que deseen adoptar este sistema.

El encaje legal nos perjudica ...
-- el mínimo legal es eso: un standard mínimo, y a veces muy mínimo;
-- permite a los bancos la inflación de los medios de pago, cuyos efectos nocivos se suman a la inflación de billetes que hacen los Gobiernos y sus bancos centrales;
-- restringe la competencia entre los bancos;
-- minimiza y degrada su esencial función intermediadora entre depósitos y créditos;
-- permite a los Gobiernos manipular el sistema financiero con dudosos papeles “encajados” a la fuerza, y con decretazos de sube y baja de los encajes mínimos, (otras veces de las propias tasas de interés);
-- y no se dan con ello mayores garantías para depósitos y colocaciones.


21. LEY DE BANCOS

Como toda Ley Especial, regula las actividades en el sector, que supuestamente supervisa y controla ...

Nos perjudica a todos porque:
-- sirve en la práctica como filtro oligopolista, a favor de todas aquellas instituciones con suficientes conexiones políticas y disposición a hacer “buena letra” con los Gobiernos; y contra todas las demás.
-- Esta Ley, y las financieras en general, son responsables de la transformación de los bancos en socios de los Gobiernos en el criminal negocio de la inflación, expandiendo por su parte los medios de pago y el crédito.
-- Además, la Ley de Bancos se liga al seguro de depósitos oficial y obligatorio, a veces regido por otra Ley particular. Según este injusto sistema, los mejores bancos -más competentes, previsores y responsables-, son obligados a aportar dinero a un Fondo de Garantía de Depósitos, del cual los peores bancos -menos competentes y responsables- hacen sustanciales retiros a cuenta, a título de auxilios y adelantos.

Una vez inaplicada esta Ley, los depósitos serían asegurados privadamente por los bancos. Y no se dejaría inermes a los depositantes. ¡Todo lo contrario! Porque en una economía de mercado libre la reputación comercial es un activo, y las agencias calificadoras privadas ya desde ahora desempeñan muchas funciones hoy atribuidas a oficinas gubernamentales ... e incumplidas.


VI. Bolsa, cambios, seguros (3)

Comparando las leyes malas en la economía no financiera con las correspondientes a la parte monetaria, bancaria y financiera, los perjuicios de estas son menos específicos; mas no por ello menos nocivos: se difunden ampliamente por todo el tejido social, causando daños masivos y generalizados.

Pero el enfoque micro es siempre el mismo y consistente: en todos los sectores, quitar privilegios monopolísticos y otros abusos, al par que reducir el gasto del Estado, permitiendo así que el tejido contractual de la sociedad recupere su vigor, y los recursos económicos sean asignados conforme a preferencias y decisiones expresadas en los mercados libres. Se libera de este modo a la oferta de bienes y servicios, incrementando su producción en volumen y calidad; por eso el enfoque también se llama “de la oferta” (supply-side economics).

De igual manera en los mercados bursátiles, cambiarios y de seguros.


22. LEY BURSÁTIL O DE MERCADO DE CAPITALES

Como toda Ley Especial, supuestamente protege al consumidor, el accionista y titular de papeles ...

Pero nos perjudica porque:
-- de hecho restringe la competencia en los mercados de capital, en favor de unas pocas, bien conectadas y privilegiadas casas de Bolsa;
-- dañando así a las otras, actuales o potenciales;
-- y a las empresas emisoras, y a los tenedores de acciones y bonos, impedidos todos de disfrutar de los beneficios de la libre concurrencia. Las Leyes bursátiles son co-responsables del subdesarrollo de los mercados de capitales, conjuntamente con la falta de seguros sociales privados y de mercado libre.


23. LEYES CAMBIARIAS

Como siempre, las buenas intenciones disfrazan los catastróficos efectos perjudiciales:

-- encarecimiento artificial en las divisas, y en las importaciones que de ellas dependen;
-- excepto si los Gobiernos pretenden “estabilizar” el precio de la moneda extranjera, con lo cual conceden un injusto premio a todo importador, castigando indebidamente al empresario nacional.


24. LEY DE SEGUROS

Como toda Ley Especial, también se supone que protege al adquirente de pólizas ...

Pero nos perjudica porque:
-- restringe la competencia en el mercado de seguros, en favor de unas pocas compañías;
-- y daña así a las otras, actuales o potenciales;
-- y a los usuarios, impedidos de disfrutar de los beneficios de la libre concurrencia. Las leyes de seguros son responsables por buena parte de los productos caros, obsoletos e inseguros que inundan este mercado. Y por el encarecimiento general de bienes y servicios pobremente asegurados.

Más conclusiones:

1. Todo el enfoque micro se basa en contratos celebrados entre propietarios. Entre individuos libres, sus posiciones y derechos se establecen voluntariamente, conforme al contrato concertado entre las partes, y no al status determinado por la ley. Es una sociedad contractual: los individuos no son iguales, pero son tratados como iguales por la Ley, una Ley ordinaria o común para todos.

2. En una sociedad estatutaria en cambio ocurre lo opuesto. Los individuos son tratados desigualmente, incluidos en categorías especiales por Leyes especiales. Entonces, ¿qué pretenden? Igualarnos a todos, mediante la concesión de privilegios -subsidios, protecciones arancelarias, gremiales, etc.-, que supuestamente compensan alegadas debilidades, reales o supuestas. Pero, ¿qué logran? Igualarnos, sí, pero por el mínimo “standard”, por abajo: por el rasero de la miseria.

Nos dicen que eso es pluralismo y democracia, pero en realidad es estatismo concertado: convocan a cada interés especial a “participar” y “acordar” su intervención gubernamental favorita. Y dictan una Ley especial, a la que retocan cada tanto, para complacer al sector en cuestión, o a otro sector afectado en esas interminables querellas (y pasajeros armisticios) de privilegios o de status, propias de la “democracia corporativa”. Nos dicen que tales Leyes son buenas. Pero si lo son, ¿por qué las reforman, modifican y cambian con tanta frecuencia? ¿O acaso las leyes se gastan, como los zapatos?

3. En lo principal, la ciencia y arte del buen Gobierno consiste en identificar las leyes malas, derogarlas, y evitar su reedición; eso es todo.


VII. Actividades “sociales” (4)


25. SISTEMAS ESTATALES DE SEGURIDAD SOCIAL

El sistema que aplican es el del fondo colectivo o solidario (pote común), muy dañoso:

-- los pocos y magros beneficios que pagan son costeados de modo indiscriminado con los aportes de los cotizantes activos (“you pay as you go”) que nunca alcanzan a los fines previstos. Equivalen a la estafa conocida como “bicicleta financiera”: los pagos de los egresados salen de las cotizaciones de los ingresantes. (Técnicamente se denomina “esquema Ponzi”.) Por eso quiebran, en todo el mundo.

Deben sustituirse con empresas privadas en libre competencia, y cuentas de capitalización individual para cada cotizante. De este modo pueden relacionarse los beneficios cobrados con los aportes efectuados en el pasado por todos y cada uno de los afiliados; y posibilitarse los planes individuales, ajustados a distintas circunstancias y preferencias de las personas. La desregulación también abre paso a una verdadera competencia entre las firmas Administradoras de Fondos de Pensión, en sustitución del actual régimen uniformista.


26. LEYES DE “EDUCACIÓN” Y “SALUD”

Declaran la educación obligatoria y la salud “derecho del pueblo”, a más de organizar los Ministerios encargados de los respectivos servicios. Con ello atribuyen al Estado funciones impropias. Sirven para ...

-- Brindar servicios de mala calidad e insuficientes a quienes por ser pobres no pueden pagar otros mejores.
-- Adoctrinar a niños y jóvenes en los dogmas del Estado multipropósito, del Gobierno ilimitado y demás credos de la “política correcta”. Este es el fin principal de las leyes de escolaridad obligatoria y pagada con impuestos en escuelas estatales. Estas escuelas se suponen ser ideológicamente neutrales, pero no lo son; y por cierto, como centros de adoctrinamiento forzoso tienen éxito.
-- Como agentes educativos sus resultados son pobrísimos, a juzgar por el muy bajo nivel de conocimientos y habilidades de los titulados, desde materias muy básicas de la enseñanza elemental y media.
-- Confundir educación con titulación. Hoy ya nadie busca educarse sino titularse, creyendo que así va a ganar más. Pero el bienestar material, sea personal o nacional, no es hijo de la educación -como afirma el mito-, sino del trabajo y la libertad. En las naciones libres de antaño, como EEUU a fines del s. XIX y comienzos del XX, los creadores de las grandes fortunas fueron casi analfabetos o con muy poca educación formal.
-- En el caso de la Medicina, el objetivo es tomar control sobre la población en general y los médicos en particular, con el pretexto de la salud y la prevención.

Estas leyes también sirven para ...
-- Asfixiar a la actividad privada educativa y médica con restricciones e imposiciones arbitrarias de carácter uniformizador, asesinas de toda iniciativa y creatividad en la enseñanza y el arte de curar. En el caso de la educación no ha sido la masificación sino el uniformismo el causante de la pésima calidad.
-- Comprar a gremios docentes y médicos, con ventajas inicuas, y promesas que sólo pueden cumplirse a costa de contribuyentes explotados y consumidores mal atendidos. O que son incumplibles, y en tal caso ...
-- se transforman en fuente de agrios e interminables conflictos salariales y gremiales.

Para ayudar de verdad a los pobres con sus costos educativos, médicos y previsionales, han de distribuirse cupones (“vouchers”) específicos para esos tres servicios. Sólo para estudiantes pobres; enfermos y discapacitados pobres; y cotizantes pobres. De modo selectivo y eficiente. Un Ministerio de Bienestar Social puede ocuparse de las tres series de cupones reembolsables, reemplazando a los actuales Ministerios de Seguridad o Asistencia Social, Salud, y Educación, Ciencia, Cultura y Deportes, etc. Cuando los centros docentes sean privados, y libres, cada quien podrá escoger entre una diversidad muy amplia de ofertas, conforme sus creencias, gustos, planes, conveniencias y necesidades. Y lo mismo en materia de práctica médica y asistencia previsional.


27. LEYES DE ARRENDAMIENTO

Protegen a una pequeña colección de inquilinos aprovechados e intermediarios.

Y perjudican ...
-- a los propietarios de viviendas alquiladas;
-- reducen la oferta de unidades para dar en arrendamiento -y a la industria de la construcción de viviendas para arrendar-, y así también dañan a los demandantes, por ej. parejas jóvenes que no consiguen alquilar.

Entonces general la “fiebre de la vivienda propia ya”. En este como en otros casos, con sus leyes malas los Gobiernos siempre crean problemas, que después pretenden “resolver” por vías distintas a la remoción de sus causas. Por lo general, con leyes peores.


28. LEYES DE CRÉDITO

Así por ej. la “solución” a la “problemática” de la vivienda es: ¡el crédito a la vivienda propia! Rebajan o congelan los intereses de los deudores hipotecarios, con lo cual perjudican ...
-- a los otros usuarios de créditos, porque los bancos cobran tasas mayores para compensar pérdidas.

Análogamente ocurre con las leyes que imponen una fracción obligada de la cartera para crédito agropecuario, industrial, etc. Obligan a los bancos a prestar a agricultores o industriales (reales o supuestos). Así ...
-- nos dañan a los otros, sobre todo a los nuevos solicitantes de créditos, al reducir la oferta de fondos prestables en disposición.
-- Y si subsidian a los bancos, nos perjudican a todos los contribuyentes.
-- Y si obligan a los bancos más eficientes a cotizar a un fondo asegurador oficial del que salen créditos y auxilios financieros para los menos eficientes como ya se vió, permanecen éstos abiertos cuando no deberían, brindando pésimos y costosos servicios.


VIII. Criminalidad y justicia (3)


29. LEY ANTIDROGA

Decreta la prohibición, con lo cual las sustancias se encarecen artificialmente. Nace un tremendo estímulo que atrae a los bandidos al negocio, los cuales ejercen una altísima presión al consumo. De este modo,

-- millares de consumidores pobres se hacen revendedores minoristas sólo para pagarse el vicio. Así ...
-- las estaciones de policía, tribunales y cárceles se atestan de ellos, impidiendo que los verdaderos crímenes sean perseguidos, juzgados y condenados apropiadamente;
-- aumentan delitos relacionados con la prohibición, como robos y guerras entre pandillas;
-- se gastan inútilmente millones de dineros de impuestos, que podrían quedar en manos privadas, para ser destinados a la cura y rehabilitación, tareas que con la prohibición se dificultan enormemente.
-- Pero se aprovecha toda oportunidad de controlar actividades bancarias, financieras, económicas y políticas privadas, so pretexto de “investigar el origen de los fondos”.

La Antidroga es una de las más torpes y detestables leyes dirigistas. Cada año, ¿cuántas cosechas o químicos queman, cargamentos decomisan, y traficantes matan o apresan ...? Y a pesar de ello aumentan las siembras, la producción y el mercadeo de sustancias. No ocurriría si las drogas regresaran a las farmacias y droguerías legales, como antes de que los Gobiernos de EEUU impusieran al resto del mundo esta irracional política.

¿Por qué no dejar ese problema como los de alcohol y tabaco? ¿O hay que esperar acaso a que el Gobierno de EEUU rectifique? Eso ocurrió con las bebidas alcohólicas cuando en ese país se derogó la “Ley Seca” de 1920 (Enmienda 18), abolida recién en 1933, después de una década de inusual gangsterismo, violencia, crimen y corrupción. ¿Y si el Gobierno de EEUU esta vez no rectifica ...?


30. LEYES AMBIENTALISTAS

Como las leyes de Salud, estas proceden de una indebida y abusiva extensión del concepto de Salubridad, función legítimamente incluida en el concepto de Obras Públicas, pero no más allá de sus límites propios. Salubridad atañe a focos epidémicos: alude a ciertas tareas estatales que a nuestros “gobernantes” no les gusta cumplir, como la recolección de residuos, tal vez por considerarla indigna de sus “elevadas misiones” (¿?) Prefieren “regir los destinos de la nación” (los nuestros) antes que recoger la basura.

Las Leyes Ambientalistas son un evidente testimonio del fracaso del estatismo y su afán colectivista. Recurren al fraude científico para prohibir o limitar el uso privado de recursos que sin mayor investigación suponen agotables, riesgosos o pervertibles. Mientras la publicidad capitalista invita a consumir y usar más de sus productos privados, los gritos de batalla de estas Leyes son “No use” o “Use menos”, tipificado el consumo hasta como un delito. ¿Por qué la diferencia? Porque se trata de bienes comunes, o cuyo control se pretende comunizar. Sin embargo, y pese a todas estas leyes ambientalistas, los recursos naturales más contaminados del mundo son los bienes comunes de los países ex comunistas.

Los dueños de bienes privados en cambio, bajo un régimen capitalista, no permiten su contaminación; al contrario, se cuidan muy bien de desarrollarlos, y al máximo de su potencial, impidiendo toda circunstancia que les haga perder valor.

Las leyes ambientalistas tienen el efecto contrario: impiden el desarrollo económico y la prosperidad. Y son demasiadas. ¿Por qué proliferan? Porque los seudoecologistas incrementan los catalogados por ellos como “problemas ambientales”, los cuales son de dos tipos:
a) Inventados o forjados con fines propagandísticos, como pretexto para coartar los derechos individuales y ampliar los gubernamentales;
b) Reales. Estos se distinguen de los primeros en dos rasgos:
-- No son cósmicos, sino tangibles y verificables, y circunscritos a áreas más o menos limitadas.
-- Son causados por deficiencias en la especificación de los derechos de propiedad privada y/o en limitaciones a los arreglos de mercado posibles entre propietarios, en base a precios. Por lo tanto, tienen remedio, muy simple: especificarse esos derechos, y remover esas limitaciones. Esos arreglos de mercado entre propietarios se materializan en acuerdos de intercambio, que cuando se formalizan, son contratos.

Mediante negociaciones, contratos, y en dado caso arreglos o sentencias judiciales, los propietarios privados pueden dar a los problemas reales del ambiente -no hablamos de los inventados- soluciones mucho mejores que los Gobiernos y sus leyes restrictivas antinegocios y antidesarrollo.


31. JURISDICCIONES ESPECIALES

Cada Ley especial consagra una jurisdicción o fuero separado, privilegio muy cercano al “juicio de los pares” del primitivo Derecho feudal (con todos sus defectos mas ninguna de sus virtudes).

En flagrante violación al principio de independencia de los jueces -incluido en el concepto de separación de poderes-, la jurisdicción especial suele estar a cargo de una Agencia dependiente del poder Ejecutivo, dotada de competencias para imponer multas, inhabilitaciones y otras penas. Son las Agencias Supervisorias de los Bancos, Casas de Bolsa, Compañias de Seguros, Transportes, etc. Uno de los peores efectos de las leyes reglamentaristas especiales es que han limitado el espacio de vigencia normativa para los antiguos Códigos ordinarios -consagratorios de los únicos verdaderos derechos humanos individuales naturales-, y la competencia de sus tribunales propios. Esos Códigos ya casi no tienen poder normativo para encuadrar relaciones sociales como las de mercado; y los tribunales comunes han perdido competencia para juzgarlas.

Los antiguos Códigos Civil y Comercial describían una gama de arreglos contractuales, entre las cuales los agentes económicos podían escoger libremente; y dirimir los conflictos ante los magistrados comunes. Hoy todo eso les está vedado, bajo el imperio de Leyes especiales, todas supuestamente “de orden público”, carácter “orgánico” (¿?) y jerarquía superior. Cada persona natural o jurídica, cae ahora bajo la norma de una o más de ellas, según su condición; y una vez encasillada, su “status” es detalladamente definido, y pormenorizadas sus obligaciones y derechos, sin que pueda siquiera chistar ... ¡mucho menos contratar! Tampoco se puede recurrir a los Tribunales ordinarios -los jueces naturales-, sino a las Agencias dependientes del Ejecutivo, las cuales ofrecen a los litigantes una muy triste y patética imitación del debido proceso, pero sin las garantías suficientes.

El enfoque microeconómico implica la recuperación del derecho a contratar bajo el imperio de las leyes ordinarias, y la competencia del fuero judicial ordinario. En una sociedad contractual, las leyes son generales y sin discriminaciones. Y primordialmente negativas: sólo para prohibir agresiones, robos y estafas. Y aplicadas por jueces obligadas a respetar y a hacer respetar la Ley ordinaria; y antes que ella, los contratos y voluntad de las partes, salvo disposiciones legales de real y verdadero “orden público”, de carácter excepcional.

Ahora, y ya pare terminar, más conclusiones sobre esto. En respuestas a ciertas preguntas típicas que surgen:

1. ¿Hay leyes buenas?
Respuesta: los viejos Códigos: Civil, Comercial, Penal ...

2. ¿Qué pasará después de derogar o inaplicar las leyes malas?
Respuesta: recuperán su plena vigencia los viejos Códigos ... y su competencia los Tribunales ordinarios encargados de aplicarlos. Y lo más importante: habrá más libertad de contratación y de asociación -y más riqueza- a disposición de los particulares. Y en consecuencia surgirán en los mercados miles de empresas nuevas, y crecerán las existentes, mejorando su calidad por virtud de la competencia abierta. Se crearán infinidad de nuevos productos y nuevos servicios, para nuevos clientes y usuarios, y nuevos empleos.

¿Cuáles productos? ¿cuántas empresas? ¿En cuáles sectores? Nadie puede decirlo, pues los empresarios actuales y potenciales tomarán sus decisiones, y nadie puede anticiparlas para el conjunto de la Economía, ni siquiera de un sector. Una de las mentiras mayores de los estatistas es su autosuficiente y arrogantes afirmación de que ellos sí pueden hacer planificación estadística de la Economía, e incluso por sectores. No es verdad. No pueden. La realidad siempre desmiente sus cifras.

3. ¿Los jueces ordinarios son suficientes para juzgar aspectos técnicos?
Los Códigos de procedimiento prevén la contratación de expertos peritos a tales efectos.

4. ¿Bastaría entonces con el retorno a los Códigos?
Sí. Excepto en los casos en que los Códigos han sufrido reformas inicuas, que también habría que derogar o decretar inaplicables.


RESUMIENDO PARA CONCLUIR

Mucha gente tiene miedo a ciertas palabras: privatización, mercado libre, capitalismo, liberalismo, apertura, flexibilización económica. Ni qué decir desestatizaicón, desregulación, o deflación, vocablos estos que algunos no han escuchado siquiera en su vida.

Pero, ¿por qué el miedo a las palabras? ¿Por qué se desconoce su significado? Claro que se desconoce, pero es que los políticos estatistas le han metido a la gente el miedo bien adentro. En consecuencia, las personas tendremos que dedicar algún tiempo a investigar y documentarse sobre estos temas; al menos las más interesadas y activas. Porque la salida a los problemas de Venezuela pasa necesariamente por superar la pereza intelectual, y cierta medida de trabajo conceptual y esfuerzo mental.

En Universidades y centros de enseñanza, las posiciones genuinamente liberales y antiestatistas han sido y son de plano suprimidas, como en los medios de prensa, desde largo tiempo atrás. Por eso el público se acostumbró al estatismo. No conoce otra cosa, otra forma de pensar distinta a la convencional y habitual, acostumbrada y repetida. Ignora que hay otros medios de resolver los problemas; y de cierto efectivos. Desconoce las opciones y las opiniones liberales, y no es fácil que comience a familiarizarse con ellas.

Pero pueden resumirse los postulados o principios liberales en unos pocos enunciados, p. ej. como estos, los cuales -entre otros- deberán establecerse y enunciarse en la nueva Constitución para la VI República de Venezuela:

1. Las leyes verdaderas son normas generales para proteger los únicos derechos humanos individuales naturales: a la vida, libertad y propiedad. Se protegen de la violencia y el fraude, que constituyen los verdaderos crímenes.

2. El Estado es sólo para proteger esos derechos. Sus funciones propias naturales -acordes con su naturaleza-, son tres:
a) represivas del verdadero crimen y de los ataques o amenazas externas;
b) judiciales, para ayudar a las personas a resolver pacíficamente sus conflictos, cuando no pueden hacerlo por sus propios medios;
c) de obras públicas, referidas al empleo pacífico de vías y comunicaciones de uso común.
Toda extralimitación constituye abuso de poder, y una violación de los derechos naturales individuales de las personas.

3. Los impuestos deben ser exclusivamente para financiar los servicios estrictamente públicos. Por eso han de ser pocos, planos (uniformes), bajos y neutrales. Y como las leyes, iguales para todos.

Principios como estos tres no son difíciles de entender. Tampoco los beneficios de su aplicación. Lo que cuesta entender es la intrincada maraña de causas y efectos cruzados entre los daños y perjuicios causados por el estatismo en todas sus manifestaciones -como las Leyes malas-, porque ellas siempre ofrecen un beneficio general ilusorio y engañoso, y otro beneficio particular y concreto que se mantiene oculto a la vista.


BREVE APÉNDICE SOBRE EL PARTIDO

-- Un partido político identificado con estos principios, doctrina y programa será quien en cada región de Venezuela promueva, impulse y oriente el proceso de cambio, asumiendo su defensa y conservación una vez adoptado.

-- Puede surgir como una Asociación. P. ej. ADALEMA: Asociación de Damnificados por las Leyes Malas. Toda persona es elegible, al ser perjudicada por al menos una de las leyes malas.

-- Y el partido se organiza en base a cinco principios muy importantes:

1. El partido es una herramienta para la educación política de Venezuela; siendo la transformación del país una simple consecuencia del éxito en esa función.
2. El partido ha de recurrir siempre a la persuasión y nunca a la violencia; siendo la violencia el recurso propio de quien ha fracasado en la tarea de persuasión.
3. En consecuencia, el más importante órgano del partido es su Escuela de Formación, que debe estar abierta a cualquier ciudadano y no solamente a los miembros del partido.
4. El partido está abierto a alianzas políticas con otras agrupaciones, pero siempre sobre la base de la aceptación de las políticas y medidas incluidas en su programa; caso contrario las alianzas carecerían de sentido, al perder de vista su misión propia.
5. El postular para cargos de dirección partidista y públicos es un derecho de los miembros del partido, pero sujeto a la condición de ser egresado de los Cursos de la Escuela de Formación.


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